El Congreso de la República aprobó en primera votación, y con mayoría de votos, la inclusión del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal, sustituyendo el término de «terrorismo urbano». En un plazo de siete días, el Parlamento deberá someter la propuesta a una segunda votación para ratificarla.
El objetivo de esta nueva normativa es endurecer las sanciones contra aquellos delincuentes que recurren a explosivos, como granadas, para extorsionar, imponiendo la pena de cadena perpetua a quienes cometan estos actos. Según el texto aprobado, cualquier persona que, mediante el uso de municiones, armas de fuego o explosivos, cometa delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, generando miedo o terror en la población, será condenada a cadena perpetua.
«El que, mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similares características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua», se lee en el texto.
Esta decisión del Congreso deja de lado la propuesta anterior que buscaba incrementar las penas para el delito de secuestro, donde también se incluía el bloqueo de vías como agravante. Cabe recordar que los gremios de transportistas habían solicitado que se desestimara el proyecto de ley sobre terrorismo urbano, argumentando que podía usarse como herramienta para reprimir protestas.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Parlamento, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido los 7 días calendarios.
El debate sobre la normativa ha generado posiciones encontradas. Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, criticó duramente el proyecto, señalando que no está claro el bien jurídico que se pretende proteger y que la redacción es ambigua: «Es increíble que, con asesores, presenten un texto tan mal formulado», afirmó.
Por otro lado, Arturo Alegría, de Fuerza Popular, admitió que su bancada no considera que la medida sea suficiente para combatir la criminalidad, pero que votaron a favor para no «dar ventaja a quienes buscan desestabilizar a la institución».
En una postura similar, José Jerí, de Somos Perú, señaló que, aunque la propuesta no representa una solución completa, recoge varios puntos importantes y es un paso necesario para frenar el caos en el país.
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