Llegaba el 2018 y el equipo especial de la fiscalía, a cargo de Rafael Vela e integrado por el fiscal José Peréz, no encontraba evidencia ni indício alguno de los supuestos actos de corrupción de Alan García en el caso Lava Jato. Si bien es cierto desplegaron grandes campañas televisivas, radiales y escritas, sabían que estas devenían en inconsistentes y que servían sólo para crear titulares y para agitar las pasiones de las galerías: Las fotografías, en actos públicos, de García con Jorge Barata o Marcelo Odebrecht no demostraban ilicitud alguna. La leyenda de los “AG” que aparecían en la Palm de Odebrecht resultaron nada más que eso: leyenda: Las iniciales aparecían 30 veces y en solo una, UNA, Marcelo Odebrecht reconoció que se trataba del exPdte y que las demás referían a Andrade Gutiérrez, su cercana competencia en el rubro de la construcción. Además en la que sí refería a García, para pena de los fiscales, no contenía ninguna ilicitud: “Anunciar kuntur ahora es bueno para Perú/AG”.
Es más, Marcelo Odebrecth, ya había declarado en Brasil y ante los fiscales Vela y Pérez:
“(…) nunca traté de propinas ni nada ilícito con Alan García” (10 noviembre 2017).
Crearon otra expectativa mediática: Anunciaron que pronto –gracias al acuerdo de colaboración eficaz que hasta el día de hoy desconocen los peruanos- vendrían las declaraciones de los funcionarios de Odebretch que comprometerían, esta vez sí, a Alan García. Fue así que desfilaron, antes los fiscales peruanos, todos los funcionarios brasileños. Ninguno refirió pagos, depósitos ni cuentas a nombre de Alan Garcia. Tampoco, los muy publicitados sistemas “Drousys” y “My web day”, contenían referencias sobre García. No existía cuenta ni en Andorra ni en ninguna parte del mundo a nombre del dos veces Presidente.
Casos opuestos fueron los de: Alejandro Toledo (USD 35 millones), los esposos Humalas (USD 3 millones), Susana Villaran (USD 8millones). Casos, todos ellos, donde a los brasileños solos les faltó señalar los números de los billetes con los que compraron a los aludidos. Pero esos procesos se encajonaron y postergaron. El objetivo era Alan Garcia y había que apurar y forzar alguna “evidencia”.
Entonces empezó a circular la siguiente tesis: Garcia cometió delito pues como presidente el 2009 “promulgó normas e imprimió velocidad para que la obra -el metro de Lima- se concrete”. Pero acaso ¿no es así que se gobierna? Más aún cuando dicha obra -que hoy beneficia a millones de peruanos- e iniciada en su primer gobierno fue paralizada por orden de Montesinos y continuó paralizada salvajemente todo el gobierno de Toledo pues sabían, en sus almas diminutas y mezquinas, que esa obra llevaba, como lo lleva hoy, el sello de García.
Una autoridad no puede ser acusada por ejercer funciones que la constitución le faculta. La peregrina tesis concluía que las normas emitidas habían facilitado, tiempo después, el pago de coimas. Como prueba de esta tesis, usaron al ex-vice-ministro Jorge Cuba, a quien los brasileños demostraron -con pelos y señales- le habían depositado en una cuenta en Andorra USD 8 millones de dólares, segun los brasileños, para que este ejerza influencia y direccione al comité de licitación del metro de Lima. Los beneficiarios eran: Su pareja sentimental, su sobrino y dos funcionarios que laboran con él. Consolidados todos esos abonos sumaban los USD 8 millones manifestados por Odebrecht. Entonces llegó el irresistible señuelo: acógete a la colaboración eficaz, enfoca bien tu ventilador y declara algo contra García. El premio era salvar la carcel y recuperar así su libertad. Cuba empezó a declarar que él fue “víctima” de un andamiaje legal dirigido por Garcia desde el ejecutivo y que eso lo llevó -pobre de él- a pecar.
Fueron tres los intentos de convertir a Jorge Cuba en “colaborador eficaz”. Y a pesar -otra vez- del despliegue mediático en medios: “Ya vienen las confesiones de Cuba que complicarían, por fin, a Alan Garcia” los tres intentos de convertirlo en colaborador fracasaron pues el argumento del “andamiaje legal” no resultaba convincente. Se presionó -recuerdo- a un subordinado de Cuba, de apellido Navarro, para hacerle una propuesta que no podía rechazar: “declara contra Alan Garcia a cambio de beneficios por tu colaboración”. El propió Navarro expresó -desde el penal y a través de una carta firmada por él- su rechazo y protesta por la presión de la que estaba siendo objeto, por parte de la fiscalia, con la intención de “hacerme declarar contra una persona a la cual no conosco ni he visto jamás en mi vida” refiriéndose a Alan Garcia.
Finalmente, a Cuba tampoco le sirvió -tras un gran esfuerzo memorístico- señalar que en 1990 (28 años atrás) había escrito un artículo para una revista que publicaba el “Instituto de la deuda” dirigido -en esos años- por Garcia, tratando de probar con ello “su cercanía” al Presidente Aprista. Finalmente por presentar información abierta, pública e insignificante y por querer ser colaborador eficaz sin reconocer el delito en el cual estaba inmerso, los tres intentos por convertir en colaborador eficaz a Jorge Cuba fracasaron.
Petardeaba también la afanosa intención de criminalizar al ex Pdte García por parte de la fiscalía, la decisión del pleno del congreso (noviembre 2018) de excluir a Garcia Pérez del Informe Lava Jato. Todo ello a pesar que una minoría de parlamentarios pretendía encontrar responsabilidades por las normas aprobadas por el ejecutivo.
Había que cercar a Alan Garcia, a la mala.
El exPdte vino mas de 40 veces, desde Madrid, para acudir a las audiencias fiscales donde era convocado. La cita del 15 de Noviembre del 2018, era una más de esas audiencias.
A la par que García aterrizaba en el Jorge Chávez una persona, que labora/laboraba en la fiscalía, informó a la defensa del Pdte Garcia que la audiencia programada para las 10am se iba a cancelar. Informé al exPdte la versión anónima recibida. Quedamos en encontrarnos en la fiscalía a las 9:30 am. A las 9:55 am llegó el Fiscal José Peréz e invitó a pasar a García a su despacho. Tres minutos después Alan Garcia dejaba el despacho fiscal y me comentó: “El fiscal há suspendido la cita porque dice se publicará una noticia relacionada y que por ello posterga la audiencia. Verifique Ud.” En ese preciso momento IDL subía a tuitter el post dando cuenta de la única conferencia pagada que dimos en Brasil, específicamente en la sede de la Federacion de las Industrias del Estado de São Paulo, a pedido de Odebrecht -representada por Jorge Barata- y que en ese momento ejercía la vicepresidencia de la FIESP.
Sonreí ante “el destape” pues esa conferencia, como las otras 30 y en diversos países del mundo, fueron coordinadas íntegramente por mí y tenía clarísimo que nada ilícito habíamos cometido. Esta conferencia será tema de otro artículo pero si puedo adelantar que nuestra responsabilidad no era la de averiguar o investigar el origen de los fondos con los que los clientes nos cancelaban los honorarios pactados.
Camino al Instituto de Gobienro la defensa de Alan Garcia vuelve a comunicarnos que la persona de la fiscalía contactó nuevamente y alertaba que se solicitaría impedimento de salida del país para Garcia. El ex Pdte sonrío y me comentó “vamos a ver qué pasa”. Nos despedimos. Hora y media después, aproximadamente, IDL, nuevamente IDL, anunciaba en primicia vía Twitter que la fiscalía había solicitado ante el juez Juan Carlos Sanches Balbuena, el impedimento de salida del país.
Todos los demás medios, incluida la agencia oficial del estado como Andina citaba como fuente a IDL. Es sabido que todo el que ejerce la labor de prensa busca fuentes y estar detrás de la primicia. Pero en este caso era una ONG que siempre, siempre, obtenía “las exclusivas” de investigaciones reservadas y de carpetas confidenciales. Y lo que es peor y que debería investigarse prontamente, es lo sostenido en los últimos días por Jaime Villanueva: Gorriti habría diseñado las acciones a seguir por las fiscalías, coordinaba con los medios ventiladores ya sea para levantar, camuflar y ocultar las noticias dependiendo de quién se tratáse. La última palabra la tenía esta coalición fiscal y mediática que se había propuesto, a como dé lugar, de forzar y crear ilícitos para involucrar a Garcia com el escándalo de sobornos. El líder del Apra se defendió de toda esta coalición con su #OtrosSeVendieronYoNo.
El Juez Juan Carlos Sánchez Balbuena citó para el sábado 17 noviembre 201, en horas de la mañana a la audicencia de impedimento de salida del país. El fiscal Pérez – en dicha sesión- se refería a la conferencia como “la supuesta conferencia” a pesar de que existían comunicaciones emails, fotos, filmaciones y testigos del evento organizado y desarrollado en la sede principal de la FIESP. También aseguraba que el evento era fruto de “los actos colusorios” entre Garcia y Barata por haber obtenido la buena pro en la licitación de la línea del metro. ¿a Jorge Cuba, viceministro, usd8 millones y a García, Pdte de la República USD100 mil dólares?. Más aún, el fiscal José Peréz afirmaba, irresponsablemente, que Alan García sí conocía el origen ilícito del pago de sus honorarios. Cosa que jamás fundamentó. Ninguna declaración de los funcionarios brasileños no sólo no compartieron la tesis fiscal, por el contrario, sostuvieron -expresamente- que no conocían ni habían tenido comunicación con Alan García ni com nadie de su oficina.
El fiscal José Peréz afirmaba, a pesar que como abogado sabía que lo sostenido no tenía fundamento posible, que el contrato fue simulado para “ocultar la operación del pago” y que por eso se habría firmado el contrato posterior al servicio pero colocando fecha anterior. Sabiendo el fiscal que un contrato se puede firmar o no hacerlo, que se puede suscribir antes, durante o a la conclusión del servicio, solo bastando la voluntad expresada de las partes. ¿Intención de “ocultar” el pago brindando la cuenta bancaria de García en el BBVA y pagando lo impuestos respectivos?
Además, Alan García, el 2012 ya no era Presidente.
Terminada la audiencia, nuevamente la persona de la fiscalía se comunica con la defensa para advertir: se está redactando el pedido de detención para Alan Garcia. Esa tarde la dirigencia del Partido autorizó y ordenó que García solicite asilo en alguna embajada.
En este caso, lo dicho por Jaime Villanueva, respecto a que el fiscal Rafael Vela le comentó: “He hablado con Gustavo (Gorriti) y le he cobrado lo de Alan Garcia porque yo a él (Gorriti) le di toda la información para cercar a (Alan) Garcia”, se sustentan con lo hechos en los cuales he participado y que bajo juramento afirmó que son verdad.
El cerco les había funcionado.
