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Política

Sada Goray sale en libertad luego de fallo judicial de la Corte Suprema

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La empresaria Sada Goray dejó este sábado el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocara la prisión preventiva de 30 meses que se le había impuesto. Goray salió del recinto carcelario alrededor de las 9 de la mañana, tras concluir los trámites administrativos el viernes anterior, según informó RPP Noticias.

El 30 de julio, la Corte Suprema accedió al recurso de casación presentado por la defensa de Goray, revocando así la decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. Esta sala había confirmado la prisión preventiva de 30 meses dictada por el juez Raúl Justiniano el 2 de agosto de 2023, en el contexto del caso Fondo Mi Vivienda durante la presidencia de Pedro Castillo.

La defensa de Goray argumentó su recurso en base a la inobservancia de preceptos constitucionales y procesales, así como la vulneración de la garantía de motivación. El tribunal, presidido por el juez César San Martín, consideró que Goray tiene un domicilio fijo en Perú y que había regresado al país para continuar residiendo.

Aunque Goray se había sometido inicialmente al procedimiento de colaboración eficaz y se había trasladado a Estados Unidos, no se desarraigó de Perú. Durante la investigación, cumplió con todas las solicitudes de la Fiscalía, incluyendo declaraciones y presentaciones en fechas específicas.

En consecuencia, la Sala Penal Permanente determinó que Goray enfrentará la investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones, que incluye reglas estrictas de conducta y un impedimento de salida del país por 36 meses.

El proceso judicial contra Goray se relaciona con el caso Fondo Mi Vivienda, que involucra sospechas de malversación y otros delitos económicos vinculados a la gestión de fondos para programas de vivienda social durante el mandato de Pedro Castillo. La Fiscalía ha revelado que Goray habría transferido más de S/ 5′400,000 a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete del Ministerio de Vivienda, a través del periodista Mauricio Fernandini y al exministro Geiner Alvarado. Estos pagos presuntamente tenían el propósito de influir en el nombramiento de personas en puestos clave para beneficiar ilícitamente a su empresa, Marka Group.

La Fiscalía sostiene que los nombramientos estratégicos en el Fondo Mi Vivienda y otras entidades relacionadas estaban orientados a facilitar beneficios ilegales para Marka Group. Testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces confirman que Goray organizó reuniones para decidir el destino de los cargos, con el objetivo de asegurar beneficios para su empresa. Los pagos realizados por Goray son vistos como parte de una serie de operaciones que incluyeron sobornos y negociaciones clandestinas.