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Política

Rafael Muente denunció que su suspensión como presidente de Osiptel por parte de Gustavo Adrianzén se debió a una “clara animadversión”

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Despotricó en contra del premier. El presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente Schwarz, cuestionó la suspensión en su contra y acusó al primer ministro Gustavo Adrianzén de haber tomado la decisión basada en una animadversión hacia él que data del 2005.

A través de un pronunciamiento, mencionó que el procedimiento administrativo iniciado en su contra, el cual “excedió todos los plazos legales y quebró todas las reglas del debido proceso”, fue resuelto por el jefe del gabinete ministerial, “quien está incurso en la causal de abstención por su carencia de imparcialidad”.

De acuerdo al documento, la enemistad por parte del premier deviene de una relación profesional accidentada que data de hace casi 10 años. “En mis 40 años de vida profesional en el sector público y privado he actuado siempre con los más altos estándares y con absoluta ética profesional, honestidad y total rechazo por cualquier acto de corrupción”, destacó y adelantó que recurrirá “a todas las instancias legales a fin de salvaguardar su honor, dignidad y derecho a laborar”.
Pronunciamiento del presidente ejecutivo de OSIPTELPronunciamiento del presidente ejecutivo de OSIPTEL

Anteriormente, Muente ya había acusado al premier de tener algo en su contra. Incluso, mencionó que, pese de solicitar reuniones con él para explicarle el caso por el que se inició un proceso en su contra, no ha sido recibido.

¿Por qué caso fue suspendido?

El procedimiento que culminó con una suspensión de 365 días sin goce de haber, se originó a partir de la emisión de un reportaje en el que se reveló que pagó con dinero público un curso de posgrado en España. El monto que se desembolsó para dicha capacitación fue de 57,250 soles.

“Los funcionarios públicos tenemos derecho a ser capacitados y eso no incluye ninguna excepción […] este es un procedimiento que está en curso y no es información pública, en verdad lo que está en el expediente es algo que no debería ser todavía de acceso público”, dijo entonces Muente.

El documento eje de la imputación es la “Contratación directa 002-2022/OSIPTEL”, la cual en realidad era la aceptación de un Programa de Alta Dirección (PAD) organizado por la Universidad de Piura, el cual fue autorizado en solo 14 días laborables.

¿Qué dijo la Contraloría sobre Rafael Muente?

En su momento, Contraloría comunicó a Servir que no hubo ningún tipo de irregularidad en la solicitud para el postgrado del presidente ejecutivo de Osiptel. Incluso, otras entidades se pronunciaron en la misma dirección. No obstante, igual se optó por sancionarlo.

Dicho dato fue repudiado por el suspendido jefe de Osiptel. “La contratación de una capacitación, que es motivo del proceso iniciado, cumplió con todos los procedimientos de ley”, aseguró en el comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Recordó que no solo el Órgano de Control Institucional (OCI) concluyó que “no existen elementos de juicio que denoten la transgresión de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado”, sino que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) precisó que los funcionarios están habilitados para recibir capacitaciones de tipo formación laboral y que la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario dispuso el archivamiento de la acción de control disciplinario.

Política

Hay corrupción en la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú

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General PNP (r), Darío Hurtado Cárdenas, demandó que el juez del 16 Juzgado Civil nombre a un nuevo curador para que convoque a elecciones y la entidad retorne a la normalidad.

Todo está mal en la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. No solo hay malos manejos, lo que hay es corrupción. Así lo afirmó el general PNP (r), Darío Hurtado Cárdenas.

En una entrevista concedida a Altavoz en Vital FM y transmitido en simultáneo en Tribu TV, Hurtado indicó que, en esta entidad, debido a una mala y corrupta gestión, hay lavado de dinero, apropiación ilícita y fraude en la administración de persona jurídica.

Puedes ver: Mira la entrevista al general PNP (r), Darío Hurtado Cárdenas en Altavoz en Vital FM.

Recordó que la Asociación fue creada en 1992, con la finalidad de que los oficiales se apoyen entre ellos y apoyen a sus familias. Sin embargo, en el 2003, asumió por elección el entonces coronel PNP (r) Adolfo Mattos. “Desde esa fecha es el dueño total de esa asociación. Fue sentenciado por corrupción junto con la jueza Olga Palacios Tejada, que fue quien le dio la curatela”, dijo el oficial entrevistado.

Anotó que a la citada jueza, la Junta Nacional de Justicia la acaba de destituir en base a la sentencia que recibió por corrupción. Sin embargo, dijo que Mattos se dio a la fuga, está con orden de captura nacional e internacional, pero que, desde la clandestinidad sigue manipulando para seguir administrando a través de un tercero la asociación.

Cuestionó que hasta la fecha no se le devuelva el dinero de sus aportes a más de 8.000 oficiales que pasaron al retiro desde el año 2013. Anotó que cada oficial aportaba mensualmente un promedio de S/ 70.

“Ese dinero nos deben devolver cuando pasamos al retiro, pero Mattos lo usó para construir un edificio que está sobrevalorado y por el que endeudó a la entidad a través de Scotiabank. Ha comprometido ese dinero que era intangible, los ha utilizado para el pago al banco y no alcanza el dinero para que nos devuelvan”, dijo.

Además, alertó que están a punto de perder el único bien que tienen el centro empresarial en Miraflores. “Este señor ha destruido la Asociación y se quedó 21 años. Está sentenciado, la jueza fue destituída, el abogado cómplice de ellos sigue caminando libremente”, afirmó.

Consideró que la salida a esta situación está en que el juez del 16 Juzgado Civil de Lima, nombre a un nuevo curador para que convoque a elecciones para que un consejo directivo administre de acuerdo al estatuto y la entidad retorne a la normalidad.

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Política

Congreso exhorta al Ejecutivo a presentar propuesta de reforma del sistema de justicia

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El Pleno del Congreso aprobó exhortar al Poder Ejecutivo a coordinar con la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que, en conjunto, en un plazo no mayor de 20 días, desarrollen y presenten un proyecto de ley integral de reforma del sistema de justicia y penitenciaría.

Fueron 69 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones, con las que se aprobó la Moción N.° 13696 suscrita por parlamentarios de diferentes bancadas, entre ellos, sus voceros Alejandro Muñante Barrios (RP), Jorge Montoya Manrique (HyD), Arturo Alegría García (FP), José Jerí Oré (SP), Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), Alejandro Cavero Alva (Avanza País), y otros.

De acuerdo con el documento, el referido proyecto debe contemplar el fortalecimiento del sistema judicial que permita una justicia más eficiente, ágil transparente y accesible para la población.

Asimismo, reformas en el sistema penitenciario que aborden el hacinamiento, las condiciones de reclusión y los programas de reintegración y rehabilitación de los internos, garantizando el respeto a los derechos humanos.

También la mejora de la coordinación interinstitucional para una accionar más eficaz en contra del crimen organizado y la delincuencia común.

Durante el debate, Alegría García dijo que el sistema judicial se encuentra colapsado y que el Poder Ejecutivo no ha podido presentar en 14 sesiones alguna propuesta de una reforma integral.

El portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya Manrique, instó al Poder Legislativo a cumplir con su rol de trabajar en la aprobación de leyes, antes de pedir el Ejecutivo a hacer lo suyo.

El vocero de Podemos Perú, José Luna Gálvez, sostuvo que la labor de la seguridad ciudadana le corresponde al Poder Ejecutivo; y que si no lo hace en 10 o 20 días y no son responsables frente a lo que sucede en el Perú, que sea el Parlamento el que se encargue de normar sobre el problema que afecta al país.

La legisladora Martha Moyano Delgado (FP) sostuvo que el sistema ha colapsado y que al Ejecutivo le corresponde liderar esta lucha, pero que si no puede hacerlo que sea el Congreso el que lo haga porque se trata de aplicar una política integral. “Todos tenemos que ponernos de pie para resolver el problema”, expresó.

La congresista Susel Paredes Piqué (BDP) expresó sus dudas de que el Poder Ejecutivo pueda cumplir con lo que le Congreso le está pidiendo; y recomendó una reflexión más amplia y mayor cantidad de actores y de organizaciones.

El congresista José María Balcázar Zelada (PL) consideró que será una mejor oportunidad cuando se inicie el proceso de reforma del Código Penal y Procesal Penal.

Antes, con 70 votos a favor, 27 en contra y cuatro abstenciones, la moción fue admitida a debate.

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Política

Congreso aprobó, en segunda votación, la creación del Colegio de Politólogos

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Tendrá entre sus funciones representar y supervisar la labor de los profesionales de las ciencias políticas en el país.

El Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación y con 75 votos a favor, la creación de un Colegio de Politólogos, que tendrá entre sus funciones representar y supervisar la labor de los profesionales de las ciencias políticas en el país.

Dicha iniciativa contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Honor y Democracia, Acción Popular, Bloque Magisterial.

El texto plantea crear el Colegio de Politólogos como “institución autónoma de derecho público interno representativo de los profesionales de la ciencia política del país”.

Este nuevo colegio se encargaría de certificar las competencias profesionales de sus integrantes y vigilar su desempeño profesional para un “ejercicio eficiente” del oficio.

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