El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, estaría ejerciendo un control mayor al admitido públicamente sobre las decisiones en la Policía Nacional del Perú (PNP). Chats entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, conocido como ‘Culerba’, revelarían que el ministro influenció procesos de traslado y retiro de efectivos considerados incómodos para la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
En uno de los mensajes, Santiváñez habría dado instrucciones directas al comandante general de la PNP, general Víctor Zanabria Angulo, para realizar cambios en las altas esferas policiales, una atribución que corresponde exclusivamente al comandante general. Por ejemplo, en un chat fechado el 4 de junio de 2024, el ministro ordenó el traslado de un general de Lima a Iquitos y viceversa, una acción que días después se formalizó mediante una resolución suprema, contradiciendo sus declaraciones públicas donde asegura no tener autoridad directa sobre la institución.
Denuncias legales y “poder en la sombra”
Según el abogado de Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, los mensajes sugieren que Santiváñez podría haber incurrido en delitos como usurpación de funciones y abuso de poder. Además, estos indicarían la existencia de un «poder fáctico» dentro de la PNP, cuestionando la legalidad de las decisiones tomadas por el titular del Mininter.
Desde el inicio de su gestión, Santiváñez expresó su intención de retirar a generales que no se alinearan con su política de seguridad ciudadana. Sin embargo, los recientes acontecimientos parecen indicar que su objetivo principal podría ser salvaguardar los intereses de la presidenta Boluarte y su entorno, frente a investigaciones abiertas en el Ministerio Público.
Lista negra y presión a la PNP
Los chats también apuntarían a la existencia de una supuesta “lista negra” de oficiales incómodos al gobierno. Entre los nombres mencionados estarían efectivos de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), como el coronel Harvey Colchado, conocido por liderar investigaciones sensibles, incluyendo el allanamiento a la casa de Dina Boluarte por el caso «Rolex».
Otros nombres destacados incluyen al coronel Franco Moreno Panta, quien habría sido señalado por no proporcionar información clave sobre el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y al coronel Walter Lozano, acusado de rechazar presuntas ofertas de ascenso a cambio de favores judiciales.
Cambios legales controvertidos
El Ejecutivo también ha promovido modificaciones al Decreto Supremo 006-2024, facilitando el retiro de policías considerados “no idóneos”. Estas reformas incluyen la creación de un comité especial, conformado por figuras cercanas al gobierno, y la introducción de nuevos requisitos que permitirían justificar la salida de oficiales con sanciones menores.
En paralelo, congresistas de Acción Popular han impulsado proyectos de ley que agravan las sanciones disciplinarias, estableciendo estas como causal de retiro automático. Aunque sus defensores niegan motivaciones políticas, las propuestas han sido vinculadas a intereses del Ejecutivo para consolidar su control sobre la PNP.
Mientras las acusaciones crecen, el futuro de Santiváñez en el Ministerio del Interior y la estabilidad de la PNP permanecen en el centro del debate público.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, estaría ejerciendo un control mayor al admitido públicamente sobre las decisiones en la Policía Nacional del Perú (PNP). Chats entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, conocido como ‘Culerba’, revelarían que el ministro influenció procesos de traslado y retiro de efectivos considerados incómodos para la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
En uno de los mensajes, Santiváñez habría dado instrucciones directas al comandante general de la PNP, general Víctor Zanabria Angulo, para realizar cambios en las altas esferas policiales, una atribución que corresponde exclusivamente al comandante general. Por ejemplo, en un chat fechado el 4 de junio de 2024, el ministro ordenó el traslado de un general de Lima a Iquitos y viceversa, una acción que días después se formalizó mediante una resolución suprema, contradiciendo sus declaraciones públicas donde asegura no tener autoridad directa sobre la institución.
Denuncias legales y “poder en la sombra”
Según el abogado de Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, los mensajes sugieren que Santiváñez podría haber incurrido en delitos como usurpación de funciones y abuso de poder. Además, estos indicarían la existencia de un «poder fáctico» dentro de la PNP, cuestionando la legalidad de las decisiones tomadas por el titular del Mininter.
Desde el inicio de su gestión, Santiváñez expresó su intención de retirar a generales que no se alinearan con su política de seguridad ciudadana. Sin embargo, los recientes acontecimientos parecen indicar que su objetivo principal podría ser salvaguardar los intereses de la presidenta Boluarte y su entorno, frente a investigaciones abiertas en el Ministerio Público.
Lista negra y presión a la PNP
Los chats también apuntarían a la existencia de una supuesta “lista negra” de oficiales incómodos al gobierno. Entre los nombres mencionados estarían efectivos de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), como el coronel Harvey Colchado, conocido por liderar investigaciones sensibles, incluyendo el allanamiento a la casa de Dina Boluarte por el caso «Rolex».
Otros nombres destacados incluyen al coronel Franco Moreno Panta, quien habría sido señalado por no proporcionar información clave sobre el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y al coronel Walter Lozano, acusado de rechazar presuntas ofertas de ascenso a cambio de favores judiciales.
Cambios legales controvertidos
El Ejecutivo también ha promovido modificaciones al Decreto Supremo 006-2024, facilitando el retiro de policías considerados “no idóneos”. Estas reformas incluyen la creación de un comité especial, conformado por figuras cercanas al gobierno, y la introducción de nuevos requisitos que permitirían justificar la salida de oficiales con sanciones menores.
En paralelo, congresistas de Acción Popular han impulsado proyectos de ley que agravan las sanciones disciplinarias, estableciendo estas como causal de retiro automático. Aunque sus defensores niegan motivaciones políticas, las propuestas han sido vinculadas a intereses del Ejecutivo para consolidar su control sobre la PNP.
Mientras las acusaciones crecen, el futuro de Santiváñez en el Ministerio del Interior y la estabilidad de la PNP permanecen en el centro del debate público.
