Poder Judicial revocó apercibimiento en contra de Susana Villarán por avanzada edad

La Tercera Sala Penal de Apelaciones revocó la decisión de primera instancia que había declarado fundado el apercibimiento contra Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, por un supuesto incumplimiento de las normas de conducta vinculadas al control biométrico. Con esta resolución, la Corte Superior anuló el fallo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, argumentando que vulneraba los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.

El tribunal determinó que el Séptimo Juzgado no evaluó correctamente las circunstancias relacionadas con el incumplimiento del control biométrico por parte de Villarán, tanto antes como después del incidente. Además, se destacó que el “peligro procesal” no se vio afectado por la conducta de Villarán, quien había cumplido con el control biométrico en todas las ocasiones, excepto en una, debido a una cita médica debidamente justificada.

La defensa de Villarán presentó una constancia médica fechada el 16 de noviembre de 2023, alegando que la inasistencia al control biométrico se debió a razones de salud y que su comportamiento procesal siempre había sido adecuado.

El tribunal consideró relevante la edad de la procesada, 75 años, y su historial de buen comportamiento procesal. Además, recordó que ya se había concedido una prórroga para que el control biométrico se realizara de manera virtual debido a su condición de adulta mayor y su estado de salud.

Por lo tanto, el tribunal concluyó que no había suficiente fundamento para el apercibimiento judicial, ya que el peligro procesal estaba neutralizado por el comportamiento de Villarán, quien informó que no pudo cumplir con el control biométrico en noviembre por motivos de salud. También subrayó que la constancia médica presentada era suficiente para justificar la inasistencia.

Finalmente, la Corte criticó al Séptimo Juzgado por no haber considerado antecedentes similares, lo que afectaba la seguridad jurídica. Este aspecto, mencionado durante la apelación, pone en evidencia la falta de coherencia en la acción judicial inicial en el marco del proceso penal por presunto lavado de activos durante la gestión de Villarán como alcaldesa de Lima.