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PJ formaliza investigación contra congresista suspendida a María Cordero Jon Tay

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra la suspendida congresista María Cordero Jon Tay, quien es investigada por el delito de concusión.

La decisión del magistrado Juan Carlos Checkley tuvo en consideración el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso aprobado por el pleno en marzo del presente año que resolvió “haber lugar a la formación de causa penal“.
Como se recuerda, Cordero Jon Tay es acusada de haber abusado del cargo de presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes al haber solicitado el 50 % del sueldo de su asesor, Rafael Cabrejos.
El abuso del cargo por parte de la investigada Cordero Jon Tay se habría materializado cuando en el ámbito de su competencia [congresista de la República] habría conminado [obligado] a Cabrejos Vela, para que le entregara hasta el 75 % de su remuneración mensual, logrando que este se comprometiera a entregar el 50 % de sus haberes mensuales a favor de la aludida investigada, lo que se habría realizado por intermedio de Braden Alexander Paredes Calla [técnico que laboraría en el área de archivo del Congreso de la República], durante los primeros seis meses de sus labores [marzo-agosto de 2022]“, indica la resolución.
Asimismo, hace mención de los audios divulgados por programas periodísticos en donde la referida parlamentaria coacciona a Cabrejos para hacer la entrega del dinero luego de que este se haya negado.
El citado extrabajador le habría indicado que tenía obligaciones que pagar, la investigada Cordero Jon Tay, de forma prepotente, le habría manifestado no saber de sus pagos y que esa plata era intocable“, continúa el documento.
Así, el juez Checkley decidió aprobar la formalización de la investigación contra Cordero Jon Tay, en su calidad de congresista de la República, como presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión.