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La OCDE advierte a Perú sobre las consecuencias de aprobar la ley que debilita la colaboración eficaz: Adhesión podría suspenderse

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) exigió al Estado peruano evitar la promulgación de la ley que debilita la colaboración eficaz, aprobada por insistencia en el Congreso en marzo de este año.

En una carta de octubre de 2023 dirigida al expremier Alberto Otárola, Daniëlle Goudriaan, presidenta del Grupo de trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, comunicó una serie de “cuestiones” prioritarias que Perú debía abordar. Entre estas, se incluía la demanda de que el proyecto de ley que modifica el proceso especial de colaboración eficaz “no entre en vigor”.

“Perú tendría que abordar estas cuestiones antes de que el Grupo de Trabajo pueda emitir una opinión favorable sobre la voluntad y la capacidad del país para aplicar los instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE que son competencia del Grupo de Trabajo”, se lee en la carta a la que accedió La Contra. La misiva indicaba que una vez que Perú responda “satisfactoriamente los temas planteados,” el Grupo de Trabajo evaluaría si el país está dispuesto y es capaz de implementar los instrumentos legales anticorrupción de la OCDE.

Para cuando se recibió la carta de la OCDE, el Gobierno de Dina Boluarte ya había observado la autógrafa de la norma, cuestionando solo el plazo para la celebración del acuerdo de colaboración eficaz, establecido en 8 meses, ampliable hasta 16 en casos de organizaciones criminales.

Pese a las advertencias, el Pleno del Congreso aprobó la norma por insistencia y esta fue publicada en el diario oficial El Peruano como la Ley 31990. Esto, a pesar de que la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos advirtieron que los cambios al proceso de colaboración eficaz afectarían la lucha contra la corrupción.

Silencio de PCM

El periodista Paolo Benza informó que la entonces secretaria de Integridad Pública de la PCM, Sara Farfán Cuba, pidió al expremier Alberto Otárola hacer pública la carta para frenar el avance del proyecto de ley que debilitaba la colaboración eficaz. Sin embargo, según Benza, “no era de interés de Otárola que esa carta se haga pública. De hecho, se guardó bajo siete llaves hasta hoy”.

El periodista también señaló que el Grupo de trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales suspendió el proceso de adhesión de Perú y enviaría una comisión de alto nivel al país.

En la edición de Normas Legales de El Peruano del martes 18 de junio se publicó la resolución ministerial que acepta la renuncia de Sara Farfán Cuba a la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. El documento lleva la firma del premier Gustavo Adrianzén.

Más pedidos de la OCDE

Según la carta difundida por La Contra, la OCDE también solicitó a Alberto Otárola que se garantice una Junta Nacional de Justicia (JNJ) “eficaz y operativa”. Pese a esto, los esfuerzos del Gobierno para defender la institucionalidad de la JNJ ante las arremetidas del Congreso fueron mínimos. El Parlamento logró inhabilitar a los consejeros Aldo Vásquez e Inés Tello.

Además, la OCDE solicitó el “registro de condenas en casos complejos de soborno corporativo, en particular los casos llevados a cabo por el Equipo Especial Lava Jato”.