Este 30 de octubre, los siete nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) juramentaron en medio de críticas por la falta de transparencia en su selección; la ceremonia contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, quien respaldó el nombramiento, pese a los cuestionamientos y preocupaciones sobre la opacidad del proceso.
Designaciones polémicas en medio de cuestionamientos
Los nuevos miembros designados —Gino Tomás, Francisco Távara, Jaime De La Puente, María Teresa Cabrera, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y Rafael Ruíz Hidalgo— asumirán la responsabilidad de nombrar y sancionar jueces y fiscales, además de autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público. Sin embargo, observadores internacionales han advertido que el proceso estuvo marcado por deficiencias en la normativa y la falta de transparencia.
La Misión Internacional de Observación alerta deficiencias
La Misión Internacional de Observación sobre la JNJ (MIO-Perú) solicitó que las entrevistas y tachas de los candidatos fueran públicas, a fin de que la ciudadanía pudiera supervisar el proceso.
Pese a la importancia de esta recomendación, la Comisión Especial encargada del proceso no acató la solicitud, limitándose a publicar solo algunas resoluciones sin los descargos completos de los candidatos.
Además, la MIO-Perú insistió en que la evaluación de las denuncias contra los candidatos es crucial para legitimar el proceso, destacando que la opacidad podría comprometer la confianza pública en la nueva JNJ; esta falta de transparencia, según el organismo, podría generar dudas sobre la idoneidad de los nuevos integrantes de la entidad encargada de vigilar el sistema de justicia.
Un proceso con antecedentes cuestionables
El Congreso de la República recientemente intentó sin éxito inhabilitar a dos miembros salientes de la JNJ, planteando dudas sobre la independencia de esta institución. Además, las demandas competenciales interpuestas por el parlamento ante el Tribunal Constitucional fueron desestimadas, incrementando la percepción de que las decisiones en torno a la JNJ han sido impulsadas por intereses políticos.
El país observa con escepticismo el inicio de las labores de estos nuevos integrantes, en quienes recae ahora la responsabilidad de velar por la justicia, en medio de una desconfianza pública que solo se agudiza.
