Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, ha mantenido una estrecha relación con Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, uno de los narcotraficantes más notorios de Perú en la década de 1990. Detrás de la imagen de lujo y glamour que Hurtado ha proyectado durante años, se oculta un vínculo con uno de los capos más buscados en la historia del narcotráfico peruano.

Desde junio de 2019, según reveló el programa Cuarto Poder, Hurtado asumió un rol crucial como representante legal de ‘Vaticano’, quien fue liberado en 2016 tras cumplir una condena de 22 años. Durante este tiempo, Hurtado ha manejado en secreto los asuntos legales y personales del famoso narcotraficante. ‘Vaticano’ es un nombre que despierta temor en Perú, comparable con figuras como Pablo Escobar, debido a su vasta red de tráfico de drogas.

Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera amasó una fortuna ilícita que atrajo la atención de políticos, empresarios y figuras del espectáculo, incluido el padre de Josetty y Gennesis. A lo largo de los años, la relación entre Hurtado y ‘Vaticano’ se ha fortalecido, con el presentador tomando un papel principal en la gestión legal del exnarcotraficante.

El vínculo entre Hurtado y ‘Vaticano’ no solo fue personal, sino también formalizado en junio de 2019, cuando el exhumorista asumió la representación legal del narcotraficante. Este pacto legal, hasta ahora desconocido para el público, consolidó a Hurtado como el apoderado oficial de uno de los capos más temidos del país.

Desde entonces, Hurtado tejió una red de influencias que involucraba a políticos, empresarios y funcionarios públicos. Su programa en Panamericana Televisión se convirtió en un espacio de encuentro para personajes del poder, sin que estos supieran que detrás del presentador se encontraba el representante legal de un narcotraficante.

Uno de los aspectos más reveladores de la investigación es la conexión de Hurtado con contratos estatales que favorecieron a sus socios más cercanos, incluido un contrato con la Superintendencia Nacional de Migraciones. Las investigaciones sugieren que desde 2019, Hurtado estuvo involucrado en tráfico de influencias en el ámbito judicial, con la fiscal Elizabeth Peralta vinculada en un escándalo relacionado con un cargamento de oro y una suma millonaria de dólares.

Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, fue liberado en enero de 2016 después de cumplir más de dos décadas de condena por tráfico de drogas. Aunque dejó atrás su vida de crimen activo, siguió gestionando su fortuna a través de su representante legal, Andrés Hurtado, quien ha sido su aliado en temas legales y en la administración de su patrimonio. Este vínculo, establecido formalmente desde 2019, ha permanecido oculto hasta ahora.

El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó aumentar a medio millón de soles el monto de la recompensa ofrecida a quienes brinden información que facilite la ubicación o captura de Vladimir Cerrón, y de otros cuatro prófugos de la justicia.

Presentan proyecto de ley

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República plantea que los expresidentes condenados por la comisión de delitos no reciban honores de Estado póstumos.

La iniciativa legislativa de autoría del parlamentario Alfredo Pariona (Bancada Socialista) tiene por objeto prohibir al Estado otorgar dichas honras fúnebres a los exmandatarios que hayan tenido condena judicial.

En uno de sus artículos se señala que la finalidad de esta prohibición es “resguardar los intereses y la dignidad de la nación peruana, prohibiendo que un exmandatario de la República que haya defraudado la confianza popular y la legalidad reciba, a su fallecimiento, reconocimientos y honores por parte del Estado”.

Modificación de ceremonial del Estado

En ese sentido, plantea incorporar el artículo 63-A al decreto supremo 096-2005-RE, que aprueba las normas del Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional.

“Si a su fallecimiento el expresidente de la República cuenta con una sentencia judicial en su contra por la comisión de algún delito o delitos, el Estado peruano no otorga las honras fúnebres ni realiza homenaje alguno”, se indica en el texto propuesto.

Se agrega que, en este supuesto, el expresidente de la República no recibe ningún reconocimiento, honores o trato especial que prevé la presente norma, bajo responsabilidad, quedando prohibida también “la declaración de duelo nacional y sus efectos”.

En la exposición de motivos, además de mencionar el caso de Alberto Fujimori y la condena de 25 años que se le impuso por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, se señala que actualmente hay otros expresidentes que enfrentan procesos judiciales por delitos graves como corrupción, lavado de activos y violaciones a los derechos humanos.

“Por ello, el presente proyecto de ley busca modificar dicho decreto (decreto supremo 096-2005-RE) para establecer restricciones razonables para el otorgamiento de los honores a expresidentes condenados por delitos graves, como violaciones de derechos humanos, corrupción y crímenes de lesa humanidad”, se lee en esta parte del proyecto de ley presentado por Pariona.

Con ello se busca “garantizar que el reconocimiento y los honores a los expresidentes se otorguen solo a aquellos que hayan ejercido sus cargos con integridad y respeto por el Estado de derecho”, agrega dicho texto.