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¡INTERFERENCIA! Embajadas de 16 países cuestionan ley para que las ONG transparenten los fondos que reciben del exterior

  • Iniciativa que fortalece la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fue aprobada, hace unos días, en la Comisión de Relación de Exteriores del Congreso.

Por intermedio de un comunicado, 16 embajadas de diversos países en el Perú expresaron su preocupación sobre la modificación a la Ley 27692, Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que permitirá que las ONG transparenten los fondos que reciben del exterior.

Esta iniciativa fue aprobada, hace unos días, en la Comisión de Relación de Exteriores del Congreso, que es presidida por el parlamentario Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular).

El comunicado que rechaza la propuesta fue compartido y respaldado por las embajadas de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.

“Como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables, y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”, se lee en el documento.

Recordemos que la Comisión de Relaciones Exteriores señaló que la cooperación internacional es valiosa para el Perú, especialmente, la humanitaria y de promoción del desarrollo sostenible; sin embargo, alertó que existen vacíos legales en la Ley 27692, Ley de creación de la APCI, que no ayudan a la supervisión de las organizaciones beneficiarias como las ONG.

“Lo único que persigue esta ley es transparencia y darle la garantía a la APCI que sus recursos son bien utilizados”, detalló Aguinaga.

Además, introduce la figura de organizaciones o entidades que realicen activismo político, con lo que se busca que las entidades competentes fiscalicen a las organizaciones con financiamiento extranjero que podrían estar teniendo influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional.

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