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Fiscal antilavado recomienda presentar denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Waldemar Cerrón

Por supuestamente ser parte del “brazo legal” de una supuesta organización criminal que opera en Perú Libre.

El fiscal de lavado de activos Ángel Astocondor Villalobos ha recomendado en un informe denunciar constitucionalmente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, por supuestamente ser parte del “brazo legal” de una supuesta organización criminal que opera en Perú Libre, reveló el dominical ‘Cuarto Poder’.

El documento se encuentra en manos del fiscal de la Nación interno, Juan Carlos Villena, desde hace tres semanas e indica que la presunta organización criminal habría ejercido influencia en el Congreso y el Ejecutivo para la promulgación de leyes a su favor.

Se trata de normas que “perjudicarían o impedirían el correcto desarrollo de la investigación seguida contra la organización criminal Perú Libre y sus miembros”, advierte el informe.

El documento, de 200 páginas, menciona, por ejemplo, un proyecto de ley que presentó Cerrón en octubre último para que los partidos políticos no puedan ser investigados como organizaciones criminales. Dicho proyecto fue aprobado por el Pleno del Parlamento en mayo pasado y un mes después fue promulgado por la presidenta Boluarte.

Otro proyecto de ley de Waldemar Cerrón que apunta la Fiscalía es el que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.

Esta iniciativa fue aprobada por la Comisión Permanente del Parlamento, el jueves pasado, en segunda y definitiva votación, y está pendiente de ser promulgada u observada por el Ejecutivo.

De acuerdo al fiscal Astocondor, la presunta organización criminal “habría aprovechado que el investigado Waldemar Cerrón Rojas ostenta el cargo de congresista de la República, perteneciente al grupo parlamentario Perú Libre, para que se presente proyectos de ley que busquen modificar la normativa penal, procesal constitucional (…) a favor de sus miembros”.

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