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¡¡ESCÁNDALO!!: Graciela Villasís y su polémica relación con fiscales. ¿Sesgo en la información desde El Comercio?

Esta semana Altavoz tuvo acceso a las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, según Villanueva, la periodista Graciela Villasís, actual jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, habría negociado el apoyo del periódico a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato a cambio de obtener información reservada.

Estas revelaciones han destapado una problemática ética en la relación entre los medios de comunicación y el sistema judicial, subrayando la importancia de salvaguardar la integridad y la independencia en toda interacción entre ambas esferas; en el centro de la controversia se encuentra el presunto intercambio de apoyo por parte El Comercio, donde trabaja Villasís a cambio de información privilegiada; estas acusaciones plantean serias interrogantes sobre los desafíos éticos que surgen cuando los medios de comunicación se involucran en asuntos judiciales. Las declaraciones de Villanueva sugieren que la búsqueda de información privilegiada puede verse influenciada por la promesa de apoyo mediático, lo que plantea cuestiones fundamentales sobre la independencia y objetividad del periodismo. ¿Hasta qué punto pueden los medios de comunicación comprometer su integridad ética en aras de obtener primicias exclusivas?

En una declaración ante el Ministerio Público, Villanueva detalló que la relación entre él y Villasís se consolidó durante las investigaciones del caso Lava Jato, con la periodista siendo considerada la “preferida” de los fiscales Rafael Vela Barba y Domingo Pérez; declaró además que Villasís recibía información privilegiada sobre las declaraciones de los colaboradores en Brasil, filtradas por los fiscales mencionados, y que esta información era utilizada para la divulgación de noticias relacionadas con el caso.

Uno de los aspectos más preocupantes de estas acusaciones es la presunta relación de Graciela Villasís con el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a quien ella misma habría mencionado como un aliado; Villanueva aseguró que la periodista se reunía con Sánchez con regularidad durante el apogeo de las investigaciones de Lava Jato, insinuando una conexión entre el acceso privilegiado a la información y el respaldo editorial del diario El Comercio a los fiscales Vela, Pérez y Sánchez.

Villanueva detalló también cómo Rafael Vela enviaba a Villasís, en tiempo real a través de WhatsApp, la información que los colaboradores de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS iban declarando, este intercambio de información estaría –según Villanueva- vinculado a un acuerdo tácito: información de primera mano a cambio del apoyo del diario El Comercio al trabajo del Equipo Lava Jato. Villanueva también mencionó que Vela se habría reunido con varios directores del periódico, reuniones facilitadas por Villasís, con el objetivo de garantizar este respaldo.

Es fundamental destacar que estas acusaciones surgen en un momento donde el periodismo de investigación se encuentra bajo un escrutinio cada vez mayor en nuestro país; la transparencia y la imparcialidad son pilares fundamentales del periodismo, y cualquier indicio de negociación de información a cambio de favores editoriales pone en peligro la integridad de la profesión y la confianza del público en los medios de comunicación.

Por otro lado, es importante contextualizar estas acusaciones con declaraciones previas realizadas por Carlos Butrón Dos Santos, también conocido como “Brasil”, en el año 2015. Dos Santos afirmó en ese momento que la periodista Villasís le había pagado por una entrevista exclusiva transmitida en Cuarto Poder, lo que sugiere un patrón de comportamiento cuestionable por parte de la periodista.

Estas acusaciones plantean serias preocupaciones sobre la independencia y la objetividad del periodismo practicado por Villasís y el diario El Comercio; es fundamental que se realice una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer la veracidad de estas acusaciones y determinar si se han infringido los principios éticos del periodismo. La integridad de la profesión periodística y la confianza del público están en juego.