Dina Boluarte aborda la situación en Venezuela ante el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro

En el marco del 203º aniversario de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre la crisis que enfrentan miles de venezolanos a raíz del fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro. Boluarte destacó que la política exterior de su gobierno está enfocada en promover la democracia y proteger los derechos humanos.

Boluarte subrayó que un claro ejemplo del compromiso de su administración con estos valores es su firme postura contra el fraude electoral en Venezuela. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú ha condenado enérgicamente el proceso electoral venezolano, destacando la falta de transparencia y la manipulación de resultados.

La presidenta también mencionó la participación del canciller en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), coincidiendo en la necesidad de respetar el derecho de los ciudadanos a votar libremente, exigiendo transparencia y legitimidad. “El respeto a la voluntad de cada ciudadano venezolano, expresado en la elección del 28 de julio, es lo que demandamos de Venezuela”, afirmó Boluarte.

La postura de Boluarte sobre el respeto a la voluntad popular y los derechos humanos se da en el contexto de la denuncia constitucional presentada en su contra por las muertes de 44 peruanos durante las protestas al inicio de su gobierno, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

En un comunicado en su cuenta oficial de X, el Ministerio Público informó que la denuncia también incluye a exministros de su gobierno: Pedro Angulo Aranda, Alberto Otárola, Jorge Luis Chávez, César Cervántes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero. La Fiscalía los acusa de ser “presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado”. Además, hay 303 carpetas fiscales relacionadas con presuntos delitos como entorpecimiento de servicios públicos, atentados contra medios de transporte, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidios y lesiones.

En Perú, González-Olaechea defendió las acciones del gobierno de Boluarte, a pesar de las más de 40 muertes durante las protestas contra su administración. El canciller revisó el informe de la CIDH y lo criticó por omitir detalles importantes, describiéndolo como un informe de “medias verdades”. Este informe concluyó que algunas muertes en Puno y Ayacucho podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales debido a enfrentamientos violentos entre civiles y personal de seguridad del Estado.

La reacción del canciller ha generado controversia por la aparente dualidad en su postura sobre derechos humanos y las protestas tanto en Venezuela como en su propio país.