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Política

Congreso: las claves del reglamento de elección de magistrados del TC

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El pleno del Congreso aprobó anoche el reglamento para la selección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pese al pedido para ampliar el debate planteado por bancadas como el Partido Morado y organizaciones de la sociedad civil. Estos son los puntos más saltantes del documento.

Principios y objetivos

Según el reglamento, el procedimiento se desarrollará bajo principios de igualdad, de no discriminación, publicidad, transparencia, imparcialidad y meritocracia.

El objetivo es regular los procedimientos para la selección de los candidatos aptos, a fin de que el Congreso de la República proceda a elegir a los magistrados.

Fases

La primera fase comprende la selección de candidatos a cargo de la comisión especial del Congreso formada para ese fin; la segunda implica la elección, entre dichos candidatos, por parte del pleno del Parlamento.

En la primera fase habrá una etapa de inscripción y declaración de postulantes aptos.
Además, se publicará en el Diario Oficial El Peruano, la página web del Congreso y un diario de circulación nacional el cronograma y los requisitos formales exigidos a los postulantes 
Además, se publicará la lista de los aspirantes que han cumplido los requisitos junto con sus respectivas hojas de vida, lo que dará lugar a la presentación de eventuales tachas.

Papel de la Contraloría

Para la etapa de inscripción y declaración de postulantes aptos se comunicará a la Contraloría el listado de postulantes que deben presentar la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y la declaración jurada para la gestión de conflicto de intereses.

La Contraloría tendrá un plazo de 15 días para examinar dichos documentos y remitir a la comisión especial los informes respectivos.

En la segunda etapa de evaluación de las competencias de las candidatos aptos se hará una evaluación curricular contando con los informes de Contraloría. Luego de ello tendrá lugar la entrevista personal.

Requisitos para postular

Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, mayor de 45 años, haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Republica o fiscal supremo, magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años.

De igual forma, no ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso, poseer reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional.

Puntuación

En la evaluación, el puntaje máximo de los candidatos será de 100 puntos. A la evaluación curricular se darán 75 de calificación como máximo y como mínimo de 50 puntos para pasar a la siguiente etapa.

En la entrevista personal se podrá alcanzar una puntuación de 25 de calificación y 15 como mínimo para pasar a la siguiente etapa, refiere el reglamento.

El puntaje final mínimo para ser incluido en la lista de candidatos aptos que se presentan ante el pleno del Congreso será igual o mayor a 65.

Elección

La comisión especial elaborará la lista y la presentará al presidente del Congreso, a fin de que convoque a una sesión plenaria en un plazo no menor de cinco días hábiles y se proceda a la elección.

Si en dicho pleno no se logran cubrir las plazas vacantes, la comisión especial tendrá hasta cinco días hábiles para formular sucesivas propuestas a base del cuadro de méritos.

Cuestionamientos

En un comunicado, la asociación civil Transparencia señaló que si bien el texto recoge algunas sugerencias ciudadanas, mantiene errores que deslegitimarían el proceso como la posibilidad de que un postulante pueda ser elegido obteniendo apenas dos de 12 puntos posibles en la categoría “solvencia e idoneidad moral” durante la entrevista.

De igual forma, cuestionó que la presentación de tachas se limite al periodo previo a la evaluación curricular.

Defensa

El presidente de la comisión especial, Rolando Ruiz Pinedo, argumentó que las decisiones de este grupo de trabajo, en la fase de selección, se darán bajo criterios objetivos, sin influencia alguna ni prejuicios ni simpatías o antipatías.

La evaluación para la selección, adujo, se dará tomando como base las aptitudes y habilidades personales; así como en mérito a los estudios, experiencia y capacitación, logros obtenidos en el desempeño de la profesión y en la solvencia e idoneidad moral.

Política

Hay corrupción en la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú

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General PNP (r), Darío Hurtado Cárdenas, demandó que el juez del 16 Juzgado Civil nombre a un nuevo curador para que convoque a elecciones y la entidad retorne a la normalidad.

Todo está mal en la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. No solo hay malos manejos, lo que hay es corrupción. Así lo afirmó el general PNP (r), Darío Hurtado Cárdenas.

En una entrevista concedida a Altavoz en Vital FM y transmitido en simultáneo en Tribu TV, Hurtado indicó que, en esta entidad, debido a una mala y corrupta gestión, hay lavado de dinero, apropiación ilícita y fraude en la administración de persona jurídica.

Puedes ver: Mira la entrevista al general PNP (r), Darío Hurtado Cárdenas en Altavoz en Vital FM.

Recordó que la Asociación fue creada en 1992, con la finalidad de que los oficiales se apoyen entre ellos y apoyen a sus familias. Sin embargo, en el 2003, asumió por elección el entonces coronel PNP (r) Adolfo Mattos. “Desde esa fecha es el dueño total de esa asociación. Fue sentenciado por corrupción junto con la jueza Olga Palacios Tejada, que fue quien le dio la curatela”, dijo el oficial entrevistado.

Anotó que a la citada jueza, la Junta Nacional de Justicia la acaba de destituir en base a la sentencia que recibió por corrupción. Sin embargo, dijo que Mattos se dio a la fuga, está con orden de captura nacional e internacional, pero que, desde la clandestinidad sigue manipulando para seguir administrando a través de un tercero la asociación.

Cuestionó que hasta la fecha no se le devuelva el dinero de sus aportes a más de 8.000 oficiales que pasaron al retiro desde el año 2013. Anotó que cada oficial aportaba mensualmente un promedio de S/ 70.

“Ese dinero nos deben devolver cuando pasamos al retiro, pero Mattos lo usó para construir un edificio que está sobrevalorado y por el que endeudó a la entidad a través de Scotiabank. Ha comprometido ese dinero que era intangible, los ha utilizado para el pago al banco y no alcanza el dinero para que nos devuelvan”, dijo.

Además, alertó que están a punto de perder el único bien que tienen el centro empresarial en Miraflores. “Este señor ha destruido la Asociación y se quedó 21 años. Está sentenciado, la jueza fue destituída, el abogado cómplice de ellos sigue caminando libremente”, afirmó.

Consideró que la salida a esta situación está en que el juez del 16 Juzgado Civil de Lima, nombre a un nuevo curador para que convoque a elecciones para que un consejo directivo administre de acuerdo al estatuto y la entidad retorne a la normalidad.

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Política

Congreso exhorta al Ejecutivo a presentar propuesta de reforma del sistema de justicia

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El Pleno del Congreso aprobó exhortar al Poder Ejecutivo a coordinar con la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que, en conjunto, en un plazo no mayor de 20 días, desarrollen y presenten un proyecto de ley integral de reforma del sistema de justicia y penitenciaría.

Fueron 69 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones, con las que se aprobó la Moción N.° 13696 suscrita por parlamentarios de diferentes bancadas, entre ellos, sus voceros Alejandro Muñante Barrios (RP), Jorge Montoya Manrique (HyD), Arturo Alegría García (FP), José Jerí Oré (SP), Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), Alejandro Cavero Alva (Avanza País), y otros.

De acuerdo con el documento, el referido proyecto debe contemplar el fortalecimiento del sistema judicial que permita una justicia más eficiente, ágil transparente y accesible para la población.

Asimismo, reformas en el sistema penitenciario que aborden el hacinamiento, las condiciones de reclusión y los programas de reintegración y rehabilitación de los internos, garantizando el respeto a los derechos humanos.

También la mejora de la coordinación interinstitucional para una accionar más eficaz en contra del crimen organizado y la delincuencia común.

Durante el debate, Alegría García dijo que el sistema judicial se encuentra colapsado y que el Poder Ejecutivo no ha podido presentar en 14 sesiones alguna propuesta de una reforma integral.

El portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya Manrique, instó al Poder Legislativo a cumplir con su rol de trabajar en la aprobación de leyes, antes de pedir el Ejecutivo a hacer lo suyo.

El vocero de Podemos Perú, José Luna Gálvez, sostuvo que la labor de la seguridad ciudadana le corresponde al Poder Ejecutivo; y que si no lo hace en 10 o 20 días y no son responsables frente a lo que sucede en el Perú, que sea el Parlamento el que se encargue de normar sobre el problema que afecta al país.

La legisladora Martha Moyano Delgado (FP) sostuvo que el sistema ha colapsado y que al Ejecutivo le corresponde liderar esta lucha, pero que si no puede hacerlo que sea el Congreso el que lo haga porque se trata de aplicar una política integral. “Todos tenemos que ponernos de pie para resolver el problema”, expresó.

La congresista Susel Paredes Piqué (BDP) expresó sus dudas de que el Poder Ejecutivo pueda cumplir con lo que le Congreso le está pidiendo; y recomendó una reflexión más amplia y mayor cantidad de actores y de organizaciones.

El congresista José María Balcázar Zelada (PL) consideró que será una mejor oportunidad cuando se inicie el proceso de reforma del Código Penal y Procesal Penal.

Antes, con 70 votos a favor, 27 en contra y cuatro abstenciones, la moción fue admitida a debate.

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Política

Congreso aprobó, en segunda votación, la creación del Colegio de Politólogos

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Tendrá entre sus funciones representar y supervisar la labor de los profesionales de las ciencias políticas en el país.

El Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación y con 75 votos a favor, la creación de un Colegio de Politólogos, que tendrá entre sus funciones representar y supervisar la labor de los profesionales de las ciencias políticas en el país.

Dicha iniciativa contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Honor y Democracia, Acción Popular, Bloque Magisterial.

El texto plantea crear el Colegio de Politólogos como “institución autónoma de derecho público interno representativo de los profesionales de la ciencia política del país”.

Este nuevo colegio se encargaría de certificar las competencias profesionales de sus integrantes y vigilar su desempeño profesional para un “ejercicio eficiente” del oficio.

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