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Abogado de Rutas de Lima critica al Tribunal Constitucional por excederse en sus atribuciones respecto al peaje en Puente Piedra

Ives Becerra, el gerente legal de Rutas de Lima, dio el primer paso hacia un posible acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima para abordar el tema del peaje en Puente Piedra. En un intento por resolver la controversia, Becerra respaldó uno de los planes de rutas alternas propuestos por el alcalde Rafael López Aliaga. Sin embargo, también cuestionó la competencia del Tribunal Constitucional (TC) en el proceso de amparo que enfrenta la empresa, argumentando que el TC “se extralimita” al intervenir en el caso.

En una entrevista con RPP, el representante de Rutas de Lima afirmó que, a diferencia de las declaraciones del alcalde actual, sí existe una ruta alternativa propuesta por la municipalidad. Además, expresó su preocupación de que una decisión del TC a favor de López Aliaga establecería un precedente negativo no solo para Rutas de Lima, sino también para el sector de inversiones en el país, abriendo la puerta a la modificación de contratos de concesión a través de sentencias del TC.

Becerra argumentó que permitir que el TC decida sobre un contrato entre la Municipalidad y la empresa sentaría un precedente peligroso, ya que podría alterar la dinámica de acuerdos entre partes, transformándolos en decisiones judiciales. Criticó los dos procesos en curso, el de habeas corpus y el de amparo, argumentando que carecen de una etapa probatoria que permita un debate técnico sobre la legalidad del contrato en cuestión.

Cuando se le preguntó sobre sus críticas al TC, Becerra señaló que estos procesos no son adecuados para discutir cuestiones contractuales y sugirió que la jurisdicción arbitral sería la vía apropiada. Además, hizo hincapié en que la medida cautelar que ordena la suspensión del cobro del peaje se basa en un proceso que busca la nulidad del contrato de concesión, el cual, según él, ya ha sido desestimado en dos arbitrajes internacionales.

En cuanto a la posibilidad de una compensación por la suspensión de los cobros, Becerra evitó confirmar o negar la situación, enfocándose en impugnar la medida cautelar y defendiendo la validez del contrato de concesión de Rutas de Lima.