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Opinión

Se necesita gobernabilidad

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Se necesita replantear la perspectiva del futuro inmediato, pero fijando metas en el largo plazo.

Los políticos tienen la palabra, revisando sus idearios y programas, antes de participar en las próximas elecciones según las circunstancias, es urgente que reconozcan la necesidad de incluir en el ordenamiento legal una severa sanción a quienes cometan delitos sociales.

Los jurisprudentes y expertos del derecho tienen que dedicarse a incluir un capítulo pertinente en el código penal, que garantice la honestidad en el desempeño de la función pública.

Los acontecimientos que preceden a este momento caótico, por el que atraviesa Perú, gracias a la impunidad que encuentran los delincuentes buscando la protección en el cargo público, nos debe mover a un razonamiento detenido y el inicio de un debate público.

El Estado tiene que cumplir su objeto, y razón de ser, que es el de proveer a la población, de los bienes públicos universales, entendiéndose como tales a todos aquellos bienes y servicios que son requeridos para vivir en concordancia con la paz y el desarrollo.
Lograr que el Estado cumpla con esta función es el propósito que debe emprender el partido político, a la hora de postularse en las elecciones generales.

A manera de ejemplo:

I) La oferta del partido triunfador, fue la de bajar el analfabetismo a cero, y la deserción en las escuelas a un 0.5 %, pero al finalizar su período, las cifras muestran que, contrariamente, estas han crecido como un indicador de deterioro social…
La ley, entonces, preverá que este partido político no pueda intervenir nuevamente, por un determinado tiempo en otras lecciones.

II) Una ley no podrá ser promulgada para beneficiar directa o indirectamente al legislador que la sustenta…
En este caso el legislador que hubiera sido beneficiado, será condenado de por vida a no ocupar nunca más ningún cargo público, independientemente, a que la dicha ley, sea ratificada o derogada.

III) El concesionario del peaje, no ofrece la vía alterna que la ley le obliga para cobrar peaje, en el tramo vial concesionado. Ocasionando grave perjuicio económico a un sector de la población que domicilia o trabaja en las inmediaciones de la vía concesionada.

La ley, deberá ordenar que, en este caso, el funcionario que concesionó y el concesionario son solidariamente responsables de indemnizar a la población afectada, independientemente de reparar el daño construyendo la vía alterna, con su propio peculio.

Creo que la imaginación del lector, podrá encontrar otros ejemplos, sobre casos de diferente índole, como la seguridad ciudadana, la salud, la seguridad financiera, la energía, la conectividad por internet, etc. etc.

Es tiempo de entrar seriamente en política…