Uri Landman

Uno de los gánster más famosos de todos los tiempos, fue sin duda, Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone.  Nacido en el barrio de Brooklyn en 1899, en el seno de una familia italiana, Capone se mudó a Chicago en donde se convertiría para finales de los años 20, en la figura del crimen organizado más importante de esa ciudad.

A pesar de estar involucrado en una larga lista de delitos como extorsiones, prostitución y asesinatos, el gobierno norteamericano no pudo probarle ninguno de ellos.

Pero el largo brazo de la justicia llegaría a Al Capone a través de la estrategia elaborada por la fiscal general adjunta Mabel Walker Willenbrandt. Ella elaboró la táctica de acusar a figuras criminales de evasión de impuestos federales, sobre la base de sus lujosos estilos de vida. En 1930, el hermano de Capone, Ralph, fue condenado a 18 meses de prisión por evasión de impuestos.

Para evitar correr la misma suerte, Capone a través de su abogado,  ofreció regularizar el pago de sus impuestos correspondiente a sus ingresos de los años 1928 y 1929, admitiendo ingresos de $ 100,000. El 13 de marzo de 1931, Capone fue acusado de evasión de impuestos del año 1924. Pocos meses después, la acusación se extendió a los años 1925 hasta 1929. Luego de varias idas y venidas en el juicio, finalmente Capone fue sentenciado a 11 años de prisión por evasión de $ 215,000 en impuestos sobre ingresos de un millón de dólares.

En 1939, Capone fue liberado de la cárcel por motivos de salud y se mudó a Miami Beach, donde se recluyó en su mansión de Palm Island. El 21 de enero de 1947, sufrió un derrame cerebral y murió cuatro días después.

Al Capone no ha sido el único que no ha podido justificar sus ingresos. La semana pasada nos enteramos a través de algunos medios de comunicación, que el fiscal José Domingo Pérez, famoso por su persecución a políticos y por su ineptitud en presentar acusaciones sólidas, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público.

La investigación preliminar llevada por el fiscal superior Reggis Chávez, reveló que Pérez tendría un desbalance patrimonial de más de 130,000 soles correspondiente a los años 2018 al 2023. Esta conclusión sería solamente la punta del iceberg. El peritaje contable revela hechos “particulares”. Por ejemplo, Pérez no consigna gastos regulares de la vida cotidiana de toda persona, como gasolina para su vehículo, una lujosa camioneta Volvo valorizada en más de setenta mil dólares. Tampoco consigna gastos de mercado, alimentación diaria, etc.

Una vez conocida la noticia, los caviares organizaron una férrea defensa a favor del fiscal. Empezaron por cuestionar al medio de comunicación y al conductor que dio a conocer la noticia. Luego la estrategia se dirigió a minimizar la investigación por enriquecimiento ilícito en vista que, según ellos, el monto de 130,000 soles era “casi nada para tanta bomba”. Por último, salió el mismo Pérez tratando de justificar su presunto desbalance patrimonial argumentando que una parte sustancial de sus ingresos son los viáticos que recibe de parte del Ministerio Público y con esos “ingresos” el desbalance desaparece.

Los que hemos recibido viáticos por viajes de representación, sabemos perfectamente que estos cubren solamente los gastos incurridos en dichos viajes y que los saldos, si los hubiere, se tienen que devolver junto con el reporte de gastos. Dicho de otro modo, los viáticos no son ingresos, solamente son reembolsos por gastos hechos a nombre de la empresa.

Ante tamaño escándalo en el que se ve involucrado el fiscal Pérez, cabe preguntarse ¿qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia, que fue tan severa con la ex-fiscal  de la nación Patricia Benavides? A Benavides la suspendieron luego de un proceso de seis días, utilizando copias fotostáticas de supuestos pantallazos de WhatsApp. Al fiscal Pérez, quien está investigado preliminarmente por enriquecimiento ilícito, la JNJ ni siquiera le abre una investigación de oficio.

El fiscal Pérez es muy importante para los intereses caviares en el Ministerio Público y hay que defenderlo y protegerlo a toda costa. Hace unas semanas se supo que este fiscal fue separado del caso en contra de Keiko Fujimori en la investigación por el presunto delito de lavado de activos por los aportes de campaña del 2021. La excusa que se dio fue una presunta vulneración del debido proceso tal y como lo señaló el Tribunal Constitucional. Sin embargo más parece que sacaron a Pérez de dicho caso, antes que el proceso se caiga y que termine haciendo el ridículo una vez más.

El doble rasero que aplican algunos sectores es vergonzoso. El equipo especial Lava Jato ha sido implacable persiguiendo a algunos personajes políticos que no son afines a su ideología, pero se han hecho de la vista gorda con aquellos otros, que siendo culpables disfrutan hoy en día en sus casas de playa.

De la misma manera que se necesitó un equipo comandado por Eliot Ness, conocido como “Los Intocables” y que fue el responsable de acabar con Al Capone, en Perú necesitamos un grupo de patriotas que esté dispuesto a acabar con la corrupción venga de donde venga. 

Parafraseando a Eliot Ness, tu como ciudadano ”¿qué estás dispuesto a hacer?”

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Luis Guillermo Echeverry

Con respeto por la calidad humana y profesional de los trabajadores y directivos de Ecopetrol S.A., que pude conocer a través de sus logros, y vergüenza ajena con los accionistas minoritarios, escribo esta nota para explicar la razón de la desvalorización, bajo desempeño y desplome del valor bursátil de la compañía. En términos numéricos, el 5 junio de 2022, el valor aproximado de la compañía era de US$30 billones o $130 billones de pesos; hoy vale US$18 billones o $75 billones, lo que significa una reducción de 40%.

La pregunta es: ¿Y ahora quién responde?

Para ponérsela fácil al lector, empezaré diciendo que, esta es la manifestación más clara de que en 2022 Colombia botó la confianza en el país a la caneca de la basura. Y es que la formación y generación de credibilidad y confianza, es la única fuerza que mueve cualquier economía, desde la de una tienda de barrio hasta la de la Iguana que ha representado el principal grupo productivo y generador de riqueza del país. Por tanto, cuando se genera desconfianza, de inmediato se arruina cualquier economía, sus negocios y todo el desarrollo de una nación.

La Nación es dueña de Ecopetrol S.A., ante todo para garantizar la seguridad energética del país, y los inversionistas y las personas compran acciones confiando en que se valorizaran y dieran réditos. Considero que es mi responsabilidad como presidente que fui de la junta directiva de Ecopetrol S.A. (2019-2022), enumerar los hechos que, a partir de la segunda vuelta electoral de 2022, generaron la desconfianza que como relación causa-efecto, produjeron el desplome del valor de la acción y por tanto de la valoración del grupo empresarial que simboliza la Iguana.

Ecopetrol dejó de ser una agencia estatal administradora de contratos de explotación, se fortaleció, se democratizó, se tecnificó e integró verticalmente desde el principio del siglo. Logró gozar de un manejo y gobierno corporativo profesional e independiente de la política, acumuló talento y conocimiento y se convirtió en una empresa de petróleo y gas que se ganó la confianza de la industria y los mercados internacionales.

Antes del debate electoral de 2022 la compañía fue una de las únicas dos compañías de hidrocarburos en el mundo que pasó la pandemia sin pérdidas y le garantizó una movilidad asequible a los colombianos, que estimuló la recuperación económica contribuyendo al crecimiento del PIB en todas las regiones, generó valor y utilidades para la empresa que se repartieron de forma generosa a todos sus accionistas, y se proyectó a futuro de tal forma que su acción se cotizó marcando un pico histórico.

A partir de la compra de la mayoría accionaria de ISA S.A., la empresa se consolidó como un grupo empresarial hemisférico de 100 compañías con presencia importante en nueve países, acompañando las tendencias globales de electrificación y descarbonización, e invirtió en una crucial transformación tecnológica y administrativa interna que, solidificó su principal negocio en petróleo y gas, aumentó la sísmica, la exploración y los recobros adicionando reservas en petróleo y triplicándolas en gas con los descubrimientos del Litoral Caribe, mejorando su impacto y mitigación ambiental incorporando economías circulares a sus operaciones; aumentó su inversión social en un país donde el grupo representa al menos el 80% de las regalías y la mayor fuente de redistribución regional de riqueza a través de desarrollo energético y socioeconómico sostenible, seguro y soberano.

Por todo lo anterior a mediados de 2022 el grupo estaba en capacidad de multiplicar su tamaño varias veces en el mediano plazo e igualmente su impacto en el crecimiento de Colombia y de otros países del hemisferio. Se distinguió como empresa de economía mixta con alta capacidad y probabilidad de ser un grupo líder mundial en transición energética con una proyección estratégica diseñada para los próximos cuarenta o cincuenta años.

Considerando sus características y tamaño, Ecopetrol en el período 2016 a 2022 marcó mucho mejor que el resto de las empresas de la industria en todos los indicadores básicos, y la empresa consiguió presentar los mejores indicadores de eficiencias, gestión, retorno en la inversión, utilidades, y repartición de dividendos en toda su historia.

La sumatoria de ISA y Cenit convertía la Iguana en la segunda compañía en transporte energético del planeta, ampliando su capacidad de ser el principal actor en la cobertura del déficit de electrificación de la región y abriendo las puertas a la generación en otros países. A la vez la Iguana era la empresa latinoamericana de gran envergadura con más posibilidades de crecimiento en la renovación de infraestructura eléctrica en todo Norteamérica, y sumó a su haber, conocimientos en la producción de petróleo y gas mediante yacimientos no convencionales, y claramente se preparaba para generar todo tipo de energías limpias y renovables a nivel regional.

Pero si todo iba tan bien y la empresa estaba lista para cambiar su junta directiva por una planta que tuviese mayor calibre internacional que la que logró llevarla a esa importante posición, ¿qué ocurrió? Si la Iguana estaba fuerte y saludable, ¿cómo se derrumbó su valor?

La explicación es simple, el manejo de la economía de un país e igual de una empresa grande o pequeña, es tan delicado que, una sola demostración de ignorancia e incapacidad mediante un solo anunció ideologizado contra el corazón lucrativo del negocio, desencadenó una secuencia de acciones que destruyeron la confianza que los mercados y la industria energética internacional depositaron en la Iguana, dejándola herida de muerte.

Todo empezó cuando Gustavo Petro durante campaña y luego al llegar a la Presidencia, le dijo al mundo y a los mercados que no haría más exploración ni más explotación de combustibles fósiles, y él y su Ministro de Hacienda anunciaron que no se haría fracking en Colombia, mandaron a cerrar las exploraciones que triplicaban las reservas de gas del país y dijo que en lo sucesivo el gas vendría de Venezuela, lo cual se suma al sartal de mentiras con que ha engañado el país en los dos años que lleva en la Presidencia, cuando el sector minero energético ha sido la locomotora del PIB nacional por tres cuartos de siglo.

Luego, su Ministra de Minas y Energías reiteró la posición del gobierno y además les anunció a los mercados que ahora el país se acogería a la teoría del decrecimiento como contribución del sector que lideraba al modelo de desarrollo del Presidente.

Todo esto prendió las alarmas en los mercados presagiando una baja en la calificación del riesgo de la empresa, del riesgo país, y una pérdida del valor de los bonos emitidos y con ello un incremento en el costo del resto de la deuda de la empresa y del país.

Luego, el gobierno hace uso de su poder accionario para, por medio de varias asambleas extraordinarias y ordinarias, debilitar el gobierno corporativo fracturando los principios de independencia y sucesión de la Junta Directiva, el Presidente y el equipo ejecutivo, lo cual confirmó, reemplazando un presidente que venía de la industria y toda una planta de vicepresidentes y de personal profesional y técnico con una vasta experiencia a nivel global, por un plantel carente de idoneidad, seleccionados por ideología, clientelismo y conveniencia política, y en algunos casos cuestionados por su desempeño y la legalidad de sus actos en posiciones anteriores.

Y como resultado de estas decisiones del gobierno, de la nueva administración y junta directiva que rompieron los preceptos de su mandato fiduciario, la empresa canceló algunas actividades de producción eliminando taladros, anunció que seguiría las directrices presidenciales y no las que le obliga su condición de empresa registrada en las bolsas de valores, suspendió operaciones de recobro, canceló inversiones programadas y el desarrollo de los nuevos recursos de gas, y por veto presidencial renunció al fracking en Colombia y al aumento de actividades en su sociedad con Occidental Petroleum Co., en Texas, con lo cual después de haber anunciado a los mercados que llegaría con un millón de barriles, incumplió los acuerdos comerciales y renunció a un incremento de más de 200.000 barriles diarios de producción en los Estados Unidos.

Los cambios en la dirección de la empresa sin duda causaron un aumento sustantivo en los costos de levantamiento, en la rentabilidad y las utilidades, una disminución en todos los indicadores de eficiencia, y de ñapa un análisis de una firma independiente conceptuó que la empresa se vería afectada por la continuidad en la conducción de su presidente al conocerse evidencias que lo podrían acusar de delitos contra las normas electorales por haber sido el gerente de la campaña del Presidente.

Toda esta cadena de eventos sucesivos mató la confianza de los mercados y de la industria minero-energética internacional en Ecopetrol S.A., empresa que representa la mayor fuente de ingresos de muchas regiones aisladas del país y los mayores ingresos no impositivos y también impositivos de la nación. Concluya entonces el lector: ¿quién le pegó la puñalada en el corazón a la iguana de todos los Colombianos?

* Publicado originalemente La República de Colombia

Raúl González Lastarria

En los últimos meses nuestro país ha visto un preocupante incremento en los casos de extorsión, violencia y asesinatos, especialmente en áreas urbanas, estos actos no solo están dirigidos contra comerciantes, sino que también afectan al sector del transporte público, donde trabajadores y empresarios son blanco de bandas criminales; es así que, el terrorismo urbano ha tomado una nueva forma: el crimen organizado utiliza tácticas de intimidación y violencia para controlar sectores económicos y exigir el pago de “cupos” o extorsiones.

Tradicionalmente, el terrorismo urbano ha sido definido como el uso de la violencia o el miedo en zonas metropolitanas para lograr objetivos políticos o sociales, sin embargo, en Perú, este concepto ha evolucionado debido a la creciente actividad de organizaciones criminales que actúan dentro de las ciudades con bandas delincuenciales que se enfocan en generar terror y someter a sus víctimas, quienes se ven obligadas a pagar extorsiones bajo amenaza de muerte o destrucción de sus negocios.

El sector del transporte público ha sido uno de los más afectados; conductores y empresarios son obligados a pagar grandes sumas de dinero a cambio de “protección”, y aquellos que se niegan a hacerlo enfrentan terribles consecuencias. Ya es común leer en los titulares sobre ataques a buses o asesinatos de conductores que no cumplieron con las exigencias de los extorsionadores.

Además de los transportistas, los pequeños comerciantes también están bajo constante amenaza; los mercados, las tiendas y otros establecimientos han sido blanco de ataques violentos, con criminales imponiendo su ley mediante el miedo afectando no solo la economía local, sino que, también generando una atmósfera de inseguridad generalizada, paralizando el desarrollo de comunidades enteras.

Aunque la motivación de estos grupos es política, las tácticas que utilizan para infundir miedo y controlar a la población urbana cumplen con muchos de los criterios del terrorismo urbano.

Se busca, principalmente, someter a través del terror, utilizando la violencia para garantizar el cumplimiento de sus demandas económicas; esta violencia sistemática no solo afecta a individuos, sino que desestabiliza sectores completos de la sociedad, un objetivo compartido con el terrorismo tradicional.

En respuesta a esta creciente amenaza, las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos para desarticular a las bandas criminales, pero la magnitud del problema ha demostrado que las soluciones no pueden ser únicamente policiales; es necesario un enfoque integral que incluya políticas de desarrollo económico y una mayor inversión en la seguridad de los ciudadanos.

El terrorismo urbano en nuestro país ha adoptado una nueva y peligrosa cara con el auge del crimen organizado en áreas urbanas. La violencia y las extorsiones que sufren comerciantes y transportistas son una amenaza para el bienestar social y económico del país y es necesario que tanto las autoridades como la sociedad civil trabajen juntos para combatir este fenómeno y exista seguridad a las calles peruanas.

Este tipo de violencia no puede ser tolerada y debe ser enfrentada con firmeza, mano dura y de manera estratégica.

Combatir el terrorismo urbano es hoy más que nunca una prioridad para asegurar la paz y el desarrollo del Perú.