Uri Landman

Esta semana se cumple un año del sanguinario y cobarde ataque del grupo terrorista Hamás en contra de civiles en Israel. Como ya sabemos, el 7 de octubre del 2023, comandos terroristas de Hamás se infiltraron en territorio israelí, sembrando la muerte y destrucción a su paso. El saldo de este ataque terrorista fue 1200 personas asesinadas, la mayoría de ellos jóvenes que asistían a un concierto de música electrónica; además de 200 rehenes incluyendo niños y ancianos.

En respuesta a este ataque en contra de sus ciudadanos indefensos, el gobierno israelí emprendió una campaña para acabar con los terroristas de Hamás. Dicha organización, controla Gaza desde el año 2006 cuando ganaron las elecciones parlamentarias. Al año siguiente, arrebataron el control total del territorio a la Autoridad Nacional Palestina y hasta la fecha, tienen como rehenes a los 2 millones de habitantes de Gaza.

La guerra de Israel contra Hamás, ha logrado debilitar la fuerza de ataque de este grupo. Sin embargo, los que más se han visto afectados, son los civiles palestinos que viven en Gaza y que son utilizados como escudos humanos por los terroristas. Hemos visto a través de los medios, la manera como Hamás construye sus depósitos de armas y municiones en los sótanos de hospitales y escuelas. Por lo que ataques de Israel en contra de objetivos militares de Hamás, causa de manera no intencionada víctimas civiles palestinas.

En medio de esta guerra entre Hamás e Israel, el otro gran grupo terrorista de la región, Hezbollah, aprovechó la oportunidad para atacar la frontera norte de Israel. El grupo terrorista Hezbollah, es el brazo armado de Irán en el Líbano. Según sus propios líderes, esta organización cuenta con más de 100,000 milicianos armados y entrenados, listos para atacar Israel. Líbano con un ejército regular de 70,000 soldados, es prisionero de las políticas violentas que impone Irán y que son implementadas por Hezbollah. 

Ante la escalada de ataques de Hezbollah en el norte de Israel, el gobierno israelí  planificó una operación dirigida a acabar con los líderes terroristas, minimizando el número de bajas civiles. Parte de esta operación consistió en interceptar y sabotear un lote de “beepers” que Hezbollah compró a través de una empresa Húngara. Cuando los beepers estuvieron en manos de los militantes de Hezbollah, una señal de radio los hizo explotar matando a 20 de sus miembros e hiriendo a unos 4000 más.

La imposibilidad de utilizar sus beepers y demás equipos de comunicación, obligó a la cúpula de Hezbollah a mantener reuniones personales en las últimas semanas para organizar los ataques a Israel. Este hecho fue aprovechado por los servicios de inteligencia israelíes para ubicar los bunker donde se escondían los terroristas y acabar con ellos. Su líder y organizador de los ataques a Israel, Hasán Nasralá, fue ubicado y neutralizado por las Fuerzas de Defensa de Israel en un ataque a su bunker en Beirut el 27 de septiembre.

Como represalia a este hecho, Irán lanzó doscientos misiles a Israel, en el segundo ataque de este tipo en lo que va del año. La mayoría de misiles fueron interceptados por la “Cúpula de Hierro”, sistema de defensa desarrollado por los estadounidenses y perfeccionado por los israelíes. La efectividad de la “Cúpula de Hierro” es del 95% por lo que algunos misiles cayeron en medio de las ciudades israelíes causando heridos y cuantioso daños materiales.

Los medios de comunicación enemigos de Israel, presentan este conflicto con la figura de Israel contra los países árabes. Nada más lejano de la realidad. En el primer ataque de misiles de Irán contra Israel en abril, donde Irán lanzó más de 110 misiles y drones, Jordania utilizó su fuerza aérea para interceptar el ataque contra Israel.

¿Saben ustedes cuántos misiles se lanzaron contra Israel desde Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Baréin o Marruecos? La respuesta es ninguno. Todos estos países árabes tienen relaciones diplomáticas amigables con Israel. 

Es muy fácil criticar a Israel cuando éste se defiende de sus enemigos y bombardea posiciones terroristas en Gaza, Líbano o Irán donde trágicamente mueren civiles. Por eso, quiero pedirles que como peruanos nos pongamos en sus zapatos con este hipotético escenario:

Estamos en Cusco, celebrando el Inti Raymi, cuando un grupo armado de Sendero Luminoso ingresa desde Bolivia a través de la frontera y ataca el festival donde nos encontramos. Los terroristas asesinan a cientos de hombres, mujeres y niños antes que las FF.AA. puedan reaccionar. En su retirada toman 200 rehenes y se los llevan a Bolivia. En los meses siguientes, estos grupos insurgentes, apoyados por el gobierno comunista de Cuba, lanzan misiles a todo el sur del Perú. Cuando nuestras FF.AA., localizan al líder de Sendero Luminoso en Bolivia, Abimael Guzmán Jr. y lo neutralizan, en represalia, el gobierno revolucionario de Cuba nos lanza 200 misiles hipersónicos dirigidos a Lima causando destrucción y muerte.

Les pregunto: ¿El Perú no tendría el derecho y el deber de responder con todo su poderío militar en contra de los terroristas de Sendero Luminoso en Bolivia y contra el gobierno comunista de Cuba?

Afortunadamente para nosotros, este es un escenario hipotético que nunca se va a materializar, pero para Israel es una realidad que se vive día a día.

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Luis Guillermo Echeverry Vélez

El mundo se debate entre dos bandos irreconciliables: aquellos que trabajan y le cumplen a la sociedad al buscar el desarrollo colectivo, y quienes con su obrar irresponsable e ilegal engañan los pueblos y hacen el mal a los demás.

Justo cuando el ser humano tiene acceso universal a los beneficios de la era del conocimiento y la convergencia digital; la autenticidad, veracidad y seriedad con que se manejen la información y las comunicaciones, son la única garantía de que las naciones en lugar de autodestruirse construyan y avancen sobre principios fundacionales que las conduzcan a un desarrollo cultural y socioeconómico efectivo, justo, equilibrado y sostenible de toda nuestra civilización.

La aplicación del cepo y la mordaza a la libertad de expresión es tan perjudicial para la estabilidad de una sociedad democrática, como consentir el libertinaje, la anarquía y la imposición ideológica o monetarista de la violencia, que multiplica los actos de quienes como forma de vida eligen hacer el mal consintiendo el engaño, la injuria y la calumnia y el ejercicio del terrorismo en todas sus manifestaciones posibles.

Entendamos que la principal infamia que permite la degeneración sistemática de la conducta de los líderes políticos que tienen la responsabilidad de conducir una nación, es la utilización de la justicia con fines ideológicos para controlar el poder estatal supuestamente en beneficio del pueblo al que engañan sistemáticamente por medio de la desinformación y la aplicación del cepo y la mordaza a libertad de expresión.

La verdad es el único estandarte del que dispone la justicia, para sopesar la balanza que determina su existencia en función de la inexorable diferencia entre todas las actuaciones humanas, que en su esencia solo parten de la distinción objetiva entre el bien y el mal.

La verdad debe ser el objetivo de la comunicación cuando esta se realiza de forma ética, con sentido social, y se respeta la libertad de expresión dentro de la sensatez y la racionalidad que demanda el ejercicio democrático cuando este no traspasa al campo del libertinaje, soportando los abusos propios de la anarquía o de la autocracia, pues ambas conducen siempre al establecimiento de gobiernos totalitarios.

Hoy el engañosamente llamado progresismo, con su discurso populista y demagógico propio de la falsedad dialéctica propagandística del socialismo del siglo XXI, al igual que el fundamentalismo extremo por mandato divino, se nutren del narcotráfico y otras fuentes ilegales para financiar la violencia y se valen del terrorismo físico o verbal para contrarrestar las fuerzas económicas y los valores cívicos, sin los cuales la política se reduce a la administración del empobrecimiento, la miseria y la desgracia colectiva.

En un mundo repleto de líderes liliputienses con egos de Gulliver, el peligro más grande de nuestra civilización occidental al entrar en este nuevo milenio es el narcoterrorismo disfrazado de democracia, destruyendo los límites de las libertades democráticas.
El progresismo promueve la impunidad para lucrarse de la ilegalidad y poder imponer agendas ideológicas minoritarias a las mayorías, a cuenta de una sociedad cobarde y constreñida por guardar las apariencias de lo políticamente correcto.

Es así como se fomenta la utilización de drogas, descartando las adicciones como efectos endémicos en salud de la población y la seguridad ciudadana, para justificar el libre desarrollo de la personalidad.

Es así como en contra de la propia naturaleza humana las agendas de género ignoran la problemática de la desnutrición infantil, llegando al tenebroso absurdo de permitir que se haga cambio de sexo durante la niñez y la adolescencia.

Es así como las mascotas son convertidas en sujetos de derecho, pero nadie explica cómo puede un juez hacerlas cumplir las obligaciones que preceden su ejercicio.

El funcionamiento del mundo entero está amenazado por el narcoterrorismo al comando del poder político. Se trata de la peor plaga social con que se quiere liderar el planeta, representa el poder del mal con el que se desnaturaliza, se suplanta y se deja indefensas todo tipo de sanas creencias religiosas fundamentadas en la caracterización del bien de las personas y de las naciones, sean ellas cristianas, judías, musulmanas o budistas.

Tenemos anarquías y autocracias por excesos y enfermedades desatendidas en las democracias, relacionadas con la complacencia con la ilegalidad.

Está el ejercicio del poder en manos de quienes, siendo una clase politiquera y embaucadora, de manera fraudulenta presumen de representar al pueblo, pero se relacionan y negocian con la ilegalidad bajo la excusa del apaciguamiento, para inmovilizar y silenciar el sentir de las mayorías indefensas.

Nada violento ni inhumano debería ocurrir en las naciones en manos de líderes buenos capaces de diferenciar entre la legalidad y la impunidad y donde no se produce y trafica droga abiertamente y hay controles sobre el lavado de activos y el contrabando.

Toda la civilización occidental está bajo el ataque violento de organizaciones criminales insurgentes que ejercen el terrorismo contra la población, contra el Estado y sus fuerzas armadas constitucionales, pero nuestros líderes políticos, económicos, gremiales e institucionales, no comprenden que los niveles desbordados de violencia son propios de las sociedades donde el Estado es débil o promiscuo con los criminales y con todas las manifestaciones de la ilegalidad.

Raúl González Lastarria

La noticia sobre las negociaciones para la adquisición de 12 aviones Rafale por parte de Perú ha generado un debate que enfrenta dos posturas claras: ¿Es realmente necesario que el país invierta en modernizar su armamento o esos recursos deberían destinarse a otras necesidades más urgentes?

Por un lado, están quienes critican la posible compra, argumentando que el país atraviesa por importantes retos sociales y económicos que requieren atención prioritaria, sin embargo, esta perspectiva, aunque válida, ignora un aspecto clave: la importancia de que un país esté preparado y cuente con una defensa moderna y bien equipada.

La seguridad de un país no es un tema que pueda dejarse de lado, y la modernización de su fuerza armada es importante para garantizar su soberanía. En el caso de Perú, que comparte fronteras con naciones con las que ha tenido conflictos históricos, como Ecuador y Chile, contar con un armamento anticuado podría representar una desventaja estratégica. Aunque las relaciones con estos vecinos son pacíficas en la actualidad, la historia demuestra que los equilibrios geopolíticos pueden cambiar de manera impredecible.

La adquisición de aviones Rafale, reconocidos por su tecnología avanzada, no solo permitiría a Perú defender mejor su territorio en caso de una amenaza, sino que también reforzaría su capacidad de disuasión.

La defensa moderna actúa como una herramienta clave para prevenir conflictos; cuando un país tiene una fuerza militar fuerte y equipada, es menos probable que enfrente agresiones externas, ya que cualquier potencial agresor lo pensará dos veces antes de atacar.

Quienes están en contra de la compra de estos aviones sostienen que hay otras prioridades más urgentes para el país, no obstante, descuidar la defensa nacional puede ser igual de peligroso. Un país vulnerable en materia de seguridad puede enfrentar consecuencias catastróficas en el largo plazo.

América Latina, aunque estable en gran parte, no está exenta de tensiones geopolíticas y amenazas emergentes, como el narcotráfico, el terrorismo y la ciberseguridad, estos desafíos requieren una fuerza militar con capacidad de respuesta rápida y efectiva; modernizar el armamento no se trata solo de prepararse para una guerra, sino de poder enfrentar las amenazas contemporáneas con los recursos adecuados.

Es imposible hablar de la seguridad de Perú sin mencionar su historia de tensiones fronterizas con sus vecinos; las disputas territoriales con Ecuador y Chile, aunque ya resueltas en su mayoría, siguen siendo una referencia importante en la política de defensa del país.

La estabilidad regional es frágil, y contar con una fuerza militar moderna es prioritario para mantener el equilibrio de poder en la región.

Algunos de los países vecinos han avanzado en la modernización de sus propias fuerzas armadas, y si Perú no sigue ese mismo camino, podría quedar rezagado en términos de capacidad defensiva.

La compra de los aviones Rafale no es solo una cuestión de prestigio militar, sino una inversión estratégica que permitiría mantener un balance regional y garantizar que el país esté preparado para cualquier eventualidad.

El debate sobre la compra de los aviones Rafale refleja una tensión constante entre las necesidades inmediatas de la sociedad y las exigencias a largo plazo de la seguridad nacional.

Ambos aspectos son importantes, pero descuidar la defensa del país en tiempos de paz podría tener consecuencias graves en el futuro, modernizar el armamento es una inversión estratégica que no debe ser ignorada.

Un país bien preparado y con una defensa moderna no solo está en mejores condiciones para protegerse, sino que también proyecta estabilidad y seguridad a sus ciudadanos y a la comunidad internacional.

Perú tiene el reto de encontrar el equilibrio adecuado entre fortalecer su infraestructura social y mantener su capacidad defensiva al día con las exigencias de un mundo cada vez más complejo.