Raúl González Lastarria

Con el fallecimiento de Alberto Fujimori, el Perú se despide de una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de su historia reciente; nos deja un legado de transformaciones profundas, logros importantes y también polémicas que seguirán siendo objeto de reflexión y debate.

Fujimori asumió el poder en un contexto de caos e incertidumbre, en 1990 el Perú estaba sumido en una crisis económica sin precedentes con hiperinflación, pobreza extrema y un Estado debilitado por la violencia terrorista de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, en ese escenario Fujimori se presentó como una alternativa a la clase política tradicional, prometiendo orden y estabilidad.

Uno de los logros más destacados de su gobierno fue la derrota del terrorismo. Bajo su liderazgo, se implementaron estrategias efectivas para desarticular a Sendero Luminoso, incluida la captura de su líder, Abimael Guzmán, en 1992.

Este hecho cambió el rumbo de la historia del país y devolvió la tranquilidad a millones de peruanos que vivían atemorizados, aunque los métodos utilizados fueron controvertidos y algunos cuestionaron su respeto por los derechos humanos, no se puede negar que el Perú experimentó una transformación significativa en términos de seguridad y paz interna.

En el plano económico el gobierno de Fujimori también marcó un punto de inflexión; ante una inflación descontrolada y una economía en ruinas, su administración aplicó reformas radicales que estabilizaron la economía.

Las medidas incluyeron la liberalización del mercado, la privatización de empresas estatales y la atracción de inversión extranjera; estas políticas, aunque dolorosas en el corto plazo sentaron las bases para el crecimiento económico sostenido que el Perú experimentó en las décadas siguientes; el gobierno de Fujimori creó las condiciones necesarias para el desarrollo y modernización que vivió el país.

Fujimori también impulsó proyectos de infraestructura significativos como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas, así como la electrificación de zonas rurales, estas iniciativas mejoraron la calidad de vida de millones de peruanos, especialmente en las áreas más alejadas y desatendidas. En ese sentido, su gobierno dejó un impacto tangible en el desarrollo social y económico del país.

Sin embargo, su legado no es simple de definir, su mandato también estuvo marcado por serias denuncias de corrupción, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos; Alberto Fujimori fue condenado de manera controverida a 25 años de prisión por violacion de los derechos humanos, la forma en que se le imputó como “autor mediato” es un aspecto importante en la discusión de su legado, lo que generó una división profunda en nuestra sociedad.

Al despedirnos de Alberto Fujimori, reconocemos tanto sus aportes como sus errores. Fue un líder que con mano firme condujo al Perú a través de una de sus etapas más turbulentas, logrando victorias cruciales que cambiaron el rumbo de la nación; sin embargo, también es importante recordar los límites del poder y la necesidad de un gobierno justo y democrático.

Hoy, el Perú se encuentra en un punto en el que puede mirar atrás y aprender de su historia, apreciando los avances logrados, pero también reflexionando sobre los desafíos que aún persisten.

El legado de Fujimori estará siempre presente en esa narrativa: un recordatorio de lo que puede lograrse en tiempos de crisis, pero también de las consecuencias de decisiones difíciles y, a veces, controvertidas.

Descanse en paz, Alberto Fujimori.

Uri Landman

La leyenda de El Dorado, una ciudad con inmensas riquezas de oro, surgió con la llegada de los conquistadores españoles a Sudamérica. Existieron muchas versiones de esta leyenda, sin embargo para la mayoría de historiadores, estuvo basada en la ceremonia del indio dorado de la laguna de Guatavita, en el Virreinato de Nueva Granada, actual Colombia.

Parecería que otra versión de “El Dorado”, estuvo ubicada en la región de Madre de Dios en nuestro país, por la gran cantidad de oro que se encuentra allí.

Lamentablemente la extracción de oro en Madre de Dios es ilegal y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Según estudios del Proyecto Prevenir de USAID, existen alrededor de 50,000 mineros ilegales en esta región de nuestra selva. En el periodo del 2001 al 2022, se han destruido 301,775 hectáreas de bosques amazónicos, un área superior a toda la ciudad de Lima. La deforestación en esta zona es tan grave y extendida, que se puede ver desde el espacio.

Lo más grave de todo, es que esta masacre ecológica no es nueva y ocurre a vista y paciencia de las autoridades. El boom de la minería ilegal en Madre de Dios, se dio en los años 2007-2008 durante el gobierno de García y se acentuó en el gobierno de Humala. Con el transcurrir de los años, el gobierno ha dado una serie de leyes que han dado un velo de legalidad a la minería informal e ilegal en esta zona.

La minería ilegal ha crecido a tal nivel en nuestro país, que hoy en día representa la primera economía ilegal, encima del tráfico ilícito de drogas. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el año 2023, se exportaron 77 toneladas de oro ilegal, lo que representa cerca de 4,800 millones de dólares. En Sudamérica, el Perú ocupa el primer lugar, exportando el 44% del oro ilegal del continente. Según algunos estimados la minería ilegal representa el 50% de toda la minería de oro en nuestro país. Los tentáculos de la minería ilegal están metidos en todos los niveles de la política y la justicia.

La semana pasada se conoció la noticia que el tristemente célebre presentador de televisión, Andrés Hurtado, estaría involucrado en una trama de tráfico de influencias y corrupción. Según declaraciones de Ana Siucho, Hurtado habría cobrado la suma de un millón de dólares a cambio de gestionar con la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta, la devolución de 200 kilos de oro que habían sido incautados por el Ministerio Público.

Según este testimonio, el señor Javier Miu Lei, primo de la primera, les solicitó a sus hermanos el contacto con el presentador Hurtado, en vista que este se jactaba de sus influencias con jueces y fiscales.  Según Ana Siucho, el cargamento de oro incautado, finalmente fue devuelto a su primo en el año 2022.

Este es solamente el último escándalo, de una larga lista de oro ilegal, que se conoce en nuestro país. Hace unas semanas se conoció el caso de los mineros ilegales de Pataz, que llevan una vida de lujos, que difícilmente se puede explicar con las actividades declaradas. La policía detuvo a Gregorio Palermo, el cabecilla de una organización criminal dedicada a la minería ilegal, que desde el 2020 al 2024 amasó una fortuna de 500 millones de soles por dicha actividad criminal.

Una de las mayores trabas a la lucha contra la minería ilegal es el REINFO, Registro Integral de Formalización Minera, creado en el año 2016 durante el gobierno de Humala. Supuestamente el REINFO era un proceso para la formalización de miles de mineros artesanales pero que en la realidad ha servido para que cientos de miles de mineros ilegales operen bajo la fachada que supuestamente están en proceso de formalización.

Se necesita cambiar radicalmente la legislación para la extracción, comercialización y exportación de oro, si queremos acabar con las mafias, pero sobre todo con la minería ilegal que está destruyendo nuestra riqueza natural y biodiversidad.

Al igual que se hace en otros países, el Banco Central de Reserva, debería ser el único autorizado para comprar y exportar oro en el país. Esta medida atacaría el problema en todos sus niveles. Las empresas grandes y legalmente constituidas, no tendrían mayores inconvenientes en vender su oro al BCR, el cual pagaría el precio internacional del mismo. Los mineros artesanales que verdaderamente están en proceso de formalización, tampoco tendrían mayores trabas para vender su oro, con la ventaja que de esta manera obtendrían un precio mucho mejor al que obtienen actualmente, ya que tienen que venderlo a intermediarios que cobran comisiones altísimas.

Los mineros ilegales, no podrían vender ni exportar su oro, por lo que se verían obligados a entrar, esta vez de verdad, en un proceso de formalización, con el cual se podría controlar los verdaderos orígenes del oro (ríos de la Amazonía) y las fuentes de financiación. Se acabarían la mayoría de las mafias que actualmente controlan los miles de millones de dólares del negocio del oro ilegal.

Nuestra riqueza natural debe ser protegida por todos nosotros y no podemos aceptar que sea destruida de manera impune, ya sea por mineros ilegales o por la complicidad de nuestras autoridades.

No todo lo que brilla es oro.

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Raúl González Lastarria

La minería ilegal en el Perú no es solo un problema de deforestación, contaminación, y explotación humana; también es un fenómeno que ha logrado infiltrarse en las más altas esferas del poder político.

En los últimos años, se ha señalado la posible vinculación de algunos congresistas y funcionarios públicos con redes de minería ilegal, lo que evidencia cómo esta actividad ilícita ha logrado penetrar los diversos poderes del Estado; esta situación no solo obstaculiza los esfuerzos por combatir la minería ilegal, sino que también pone en riesgo la institucionalidad y la democracia en el país.

El Congreso de la República, como máximo órgano legislativo, no ha estado exento de señalamientos en relación con la minería ilegal, varios medios de comunicación han revelado la existencia de presuntos nexos entre algunos congresistas y actores vinculados a la minería ilegal.

Desde el congreso se han promovido leyes que favorecen a los mineros ilegales, disfrazando estas iniciativas bajo el manto de “formalización” o “apoyo al pequeño minero”, sin embargo, detrás de estas propuestas, muchas veces se esconden intereses particulares y beneficios directos para quienes operan al margen de la ley.

La minería ilegal ha logrado infiltrarse no solo en el Poder Legislativo, sino también en otros poderes del Estado y en diversas instituciones públicas:

1. Poder Ejecutivo: A nivel regional y local, muchos gobiernos han sido señalados por su connivencia con la minería ilegal, gobernadores, alcaldes, y funcionarios han sido acusados de otorgar permisos y concesiones irregulares, facilitando la operación de mineros ilegales a cambio de sobornos o beneficios personales.
2. En algunos casos, se ha denunciado la existencia de redes de corrupción que protegen estas actividades ilegales a través de instituciones clave como la policía y la fiscalía.
3. Poder Judicial: El sistema judicial también ha sido cuestionado por su rol en la lucha contra la minería ilegal; en algunos casos, fiscales y jueces han sido acusados de ser cómplices de mafias mineras, ya sea demorando procesos, desestimando casos, o dejando en libertad a individuos implicados en delitos graves.
4. Esta impunidad alimenta la sensación de que la minería ilegal no solo es tolerada, sino, en muchos casos, protegida por el mismo sistema de justicia que debería combatirla.
5. Fuerzas del Orden y Organismos Reguladores: La corrupción también se ha infiltrado en organismos reguladores como el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como en las fuerzas del orden encargadas de ejecutar operativos contra la minería ilegal.
6. La ineficacia y, en algunos casos, la complicidad de estas entidades han permitido que la minería ilegal siga operando sin mayores consecuencias.

La corrupción vinculada a la minería ilegal tiene un precio altísimo para nuestro paìs, no solo se pierden millones de soles en impuestos que podrían financiar servicios públicos esenciales, sino que también se debilitan los esfuerzos por proteger el medio ambiente y los derechos humanos.

La percepción de que las autoridades están implicadas o que “miran a otro lado” crea un ambiente de desconfianza y desencanto entre la ciudadanía, debilitando la democracia y el estado de derecho.

Para combatir la infiltración de la minería ilegal en los poderes del Estado se requiere de acciones firmes y decisivas:

• Transparencia y Rendición de Cuentas: Es necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno; la creación de mecanismos independientes que fiscalicen y supervisen la actuación de los congresistas, jueces, fiscales, y otros funcionarios es clave para evitar conflictos de interés y la corrupción.
• Reforma Institucional: Es necesario llevar a cabo una profunda reforma institucional que garantice la independencia del Poder Judicial y fortalezca los organismos reguladores.
• Estas reformas deben ser acompañadas de políticas de protección para aquellos que denuncian corrupción y actividades ilegales.
• Participación Ciudadana y Vigilancia: La sociedad civil tiene un rol fundamental en la lucha contra la minería ilegal y la corrupción. A través de la vigilancia ciudadana, el periodismo de investigación y las organizaciones de base, se puede presionar a las autoridades para que actúen con mayor responsabilidad y transparencia.

La infiltración de la minería ilegal en los poderes del Estado no es solo una cuestión de corrupción; es un desafío a la soberanía y al futuro del Perú.

Si no actuamos con firmeza, corremos el riesgo de que nuestro país continúe siendo secuestrado por intereses ilegales que destruyen nuestro patrimonio natural, social y democrático. Es hora de exigir un compromiso real y acciones concretas a este gobierno para erradicar la minería ilegal y proteger los intereses de todos los peruanos.