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Acelerando el acceso al agua potable y al saneamiento en países en desarrollo como el Perú: Una propuesta

Uno de los grandes flagelos del mundo en desarrollo son las limitaciones de acceso al agua potable y al saneamiento. No es desconocido que la gente no puede vivir sin agua, por lo que cuando no puedan acceder a ella harán todo lo posible por obtenerla y la tomarán de la mejor manera que puedan, y si no pueden tomarla de manera limpia y segura, entonces la tomarán como la encuentren porque sin agua no podrán vivir. Esta propuesta busca que los actores decisorios ligados al agua, y sobre todo los actores locales puedan reforzar su rol en la generación de bienestar para contribuir con el logro de los Objetivo de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 6. Esta es una propuesta que sintoniza además con el deseo del Estado de mejorar, con eficiencia y eficacia, la calidad de vida de sus habitantes. Es una propuesta en la que todos ganan, especialmente aquellos que menos tienen.

Los beneficios

Proveer de agua a la gente no es una cuestión de caridad. El acceso al agua potable y saneamiento tiene un fuerte impacto en la generación de ingresos. Por ejemplo, si analizamos la relación entre el ingreso per cápita PPP y el acceso al agua potable y al saneamiento encontraremos que el coeficiente de relación es de 0,3 con respecto al agua potable y de 0,35 con relación al saneamiento. En otras palabras, tener agua segura con saneamiento hace que las familias vulnerables tengan mayor riqueza, tal y como se puede ver en la imagen siguiente.

Imagen: Relaciones entre el PBI Per Cápita PPP y el acceso al agua potable y saneamiento 2018

El acceso al agua potable y al saneamiento genera que la gente tenga mas horas productivas, que gana al no tener que buscar agua y al no enfermarse. Pero tener agua, les permite también tener cultivos y construir con cemento, lo cual incrementa igualmente su productividad. Esta no es la única buena noticia del agua y el saneamiento. Estos servicios impactan también de manera positiva en la reducción de la violencia, especialmente en las mujeres. De esta manera, si analizamos la relación entre la violencia contra la mujer y el acceso a servicios de agua potable y al saneamiento gestionados de manera segura, observamos que el coeficiente de correlación es de 0,36 con respecto al agua potable y de 0,2 con respecto al saneamiento. En otras palabras, un mejor acceso al agua potable y al saneamiento tendrá un impacto positivo en la integridad de las mujeres debido a que reducirá la violencia dirigida hacia ellas, tal y como se puede observar en el grafico siguiente.

Imagen: Relaciones entre la violencia contra la mujer y el acceso al agua potable y saneamiento 2018

Este análisis es inclusive un argumento de fuerza para que los organismos de defensa de la mujer se unan a la causa del agua y el saneamiento, de la cual son ausentes, dado que un mayor acceso a estos servicios tiene un mayor impacto en reducir su vulnerabilidad.

El escenario subyacente

Pero si el acceso al agua potable y al saneamiento son tan buenos en la vida de los más vulnerables y del país mismo y además podrían evitarles no solamente pobreza, si no también violencia ¿por qué los pobres no tienen acceso a estos servicios? Dos de los argumentos más utilizados para justificar las limitaciones de acceso al agua potable y saneamiento son que no hay dinero y que no existe la tecnología adecuada para solucionar este flagelo de manera sustancial. Ninguno de estos dos argumentos constituyen son totalmente ciertos.

Si analizamos los programas de inversión de los organismos multilaterales de financiamiento observaremos que hay mucho dinero dando vueltas en el mundo y que incluso los organismos de financiamiento ya no saben que hacer para prestar dinero. Por ejemplo, en el 2019, solo el Banco Europeo de Inversiones anunció 3 mil millones de euros de inversión para 22 países africanos (EIB, 2020). Por otro lado, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, informó en 2019 que sus activos principalmente para América Latina, ascendían a mas de 40 mil millones de USD (CAF, 2019) en liquidez, préstamos y otros. Igualmente, a nivel global, el Banco Mundial llegó a alrededor de 60 mil millones de inversión (World Bank, 2019) durante el año fiscal 2019 en varios sectores y países para numerosos proyectos. De hecho, la lista podría continuar con los miles de organismos de financiamiento que existen en el mundo, pero es innecesario. Lo que estos datos demuestran es que hay financiamiento y bastante.

La tecnología esta también bastante desarrollada. El sector agua y saneamiento, tal y como hoy lo conocemos, tiene un uso extensivo de tecnología de tratamiento, captación, aducción y distribución de varios centenares de años, lo cual lo hace una tecnología muy difundida. Incluso, el caso de tecnologías denominadas complejas como la desalinización ha crecido en uso desde los 90’s en aproximadamente mil por ciento, con mas de 20 mil plantas desalinizadoras en el mundo, y con la caída de su precio de producción de USD 10/m3 en 1960 a menos de USD 1/m3 en 2010 (Cosin, 2019).

Si el financiamiento no es el problema y la tecnología tampoco, entonces ¿Cuál es el problema? El problema, aunque puede sonar contradictorio, es el Estado. Al decir el Estado no hago referencia a los miles de trabajadores públicos que hacen un gran esfuerzo para brindar un mejor acceso a miles de personas y que lo único que hacen es seguir las normas. A lo que me refiero es al mecanismo por el cual el financiamiento y la tecnología deben pasar, en el aparato del Estado, para convertirse concretamente en agua potable segura saliendo del caño de un poblador pobre las 24 horas del día, y a servicios de saneamiento dignos que no contaminen el ambiente.

Si revisamos el ciclo de proyecto de agua potable y saneamiento rural en un país en desarrollo, como el Perú, los plazos que se cumplen en cada proyecto son muy similares, con diferencia de pocas semanas menos o más. Así, desde la elaboración del perfil del proyecto y considerando una serie de eventos positivos (principalmente políticos) a lo largo del proceso de elaboración y ejecución del proyecto, hasta la finalización de las obras, podrían pasar casi dos años, en donde alrededor de un tercio del tiempo se usa en elaborar los documentos técnicos de proyecto y otro tercio se pasa en facilitar los recursos financieros.

Imagen: Duración típica de un proyecto de agua y saneamiento rural público

Adicionalmente, normalmente no se presupuestan todos los proyectos aprobados y disponibles en cartera, sino que solo se asignan recursos a algunos proyectos, y en estos casos varios son de las comunidades o autoridades que mejor colaboran con el régimen. En otras palabras, el “favoritismo político” es también un criterio de selección de proyectos para su financiamiento. Sin embargo, allí no acaba la historia. Es muy conocido que algunas autoridades “ayudan” a ciertas empresas a ganar en las licitaciones o concursos de proyectos a cambio de un porcentaje del monto de la obra, porcentaje que fluctúa entre el 10% al 15%. Son precisamente los vacíos y debilidades en el complejo sistema administrativo del Estado lo que permite numerosos escenarios de corrupción que al final impactan negativamente en la vulnerabilidad incremental del país. Pero no todo es corrupción, también se dan casos, especialmente cuando se transfieren recursos financieros a municipalidades pequeñas, en los que las autoridades no saben que hacer con los recursos o desconocen los procedimientos administrativos para asignarlos y utilizarlos, por lo que tienen temor de cometer algún acto irregular en el manejo del dinero que los podría enviar a prisión o que los podría inhabilitar en el ejercicio de puestos públicos.

La propuesta

Si existe el financiamiento y existe la tecnología, entonces lo que está fallando es el mecanismo. Ha habido esfuerzos en algunos países en los cuales se han “saltado” la aprobación de los estudios de factibilidad o en los que el gobierno central ha renunciado a la ejecución de proyectos y ha transferido los recursos a autoridades subnacionales y municipales. Esto ha generado un ahorro de tiempo, pero no ha sido suficiente para constituir una solución estructural a la ausencia de agua potable y saneamiento.

La propuesta que aquí se expresa y que constituye la “Confianza Descentralizada” por el Agua y Saneamiento, busca cambiar el paradigma de que tiene que ser el Estado el que elabore, seleccione, contrate y pague directamente a los ejecutores de las obras de este tipo de infraestructura, para que sean las propias comunidades que necesitan de estos servicios los que elijan directamente a quienes elaborarán los expedientes técnicos y realizarán la ejecución de las obras de infraestructura, quienes luego serian pagados por Instituciones Financieras Locales (IFL’s) a nombre de la comunidad y del Estado. En el caso del Perú estas IFL podrían ser Edpymes, Cajas Municipales, Bancos Locales u otros organismos de microcrédito, quienes a su vez tendrían recursos para financiar estos proyectos provenientes de un Pool Funding del Estado, o a través de un endeudamiento del Estado a favor de estas IFL’s, lo cual podría ser mas rápido si es que la creación del pool funding demora mucho. Inclusive, se propone que estos procesos no pasen por las Municipalidades para igualmente evitar alargar innecesariamente el proceso de elaboración y ejecución de proyectos de agua y saneamiento. Asimismo, se propone, y sin que esto ocasione una pérdida importante de tiempo, una serie de mecanismos que aseguren que exista calidad en la elaboración de los proyectos, así como para que estos proyectos sean implementados teniendo en cuenta costos competitivos que eviten malgastar los recursos públicos. En general, el proceso global de esta propuesta se puede observar en el siguiente gráfico.

Confiar de manera descentralizada por el agua potable y el saneamiento implica deshacerse de ciertos prejuicios que han llevado a construir un sistema administrativo Estatal basado en la desconfianza y en la necesidad de controlar todo, o en el hecho que se ha otorgado más valor al procedimiento administrativo que a la mejora efectiva de la calidad de vida de las personas.

El primer prejuicio que hay que eliminar es pensar que los miembros y directivos de las comunidades rurales (o urbanas) son personas con limitaciones intelectuales, que carecen de capacidades de gestión y que no tienen capacidades de escoger lo mejor para ellos. Esto es muy importante porque seguir pensando de esta manera es lo que ha justificado tener un sistema de proyectos y de gestión del agua que no incluye a los propios pobladores o a las mujeres y los jóvenes en la toma de decisiones. Por esta razón, esta propuesta tiene su base en la confianza en cada una de estas comunidades y en los técnicos y actores financieros locales, es decir una “confianza descentralizada” para que pueda haber un flujo financiero suficiente, una capacidad técnica in situ para u buen desarrollo del proyecto, y con el seguimiento adecuado del proyecto para asegurar su eficiente implantación.

El segundo prejuicio que hay que eliminar es que el único que puede realizar un pago por ejecución de infraestructura pública es el Estado. En un mundo globalizado donde ya es común hacer transferencias de dinero a un numero telefónico o a un correo electrónico, pensar que solo el Estado puede hacerlo es subestimar la evolución de los mecanismos de transferencia de dinero. Igualmente, pensar que solo el Estado puede seleccionar un contratista o que verificar el cumplimiento de la ejecución de una obra es también desconocer el amplio y eficiente rol que el sector privado o el sector de las ONG’s puede proveer.

El tercer prejuicio que hay que eliminar es que los proyectos de agua potable y saneamiento son demasiado complejos y que solamente una gran empresa con muchísimos años de experiencia puede hacerlo. Este tipo de proyectos no son nada nuevos y todas las tecnologías apropiadas para países en desarrollo son conocidas. Cualquier ingeniero con mas de cinco años de experiencia puede con seguridad diseñar y ejecutar un proyecto de esta naturaleza, y para tener aun mayor seguridad se podrían solicitar profesionales con al menos diez años de experiencia. Más aún, el Estado podría incluso publicar en un portal de libre acceso, todos los expedientes técnicos de agua potable y saneamiento aprobados de los últimos 30 años, facilitando así, el acceso a soluciones técnicas ya validadas.

Con la eliminación de estos prejuicios será mas fácil avanzar en la aceleración del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. Para ello se requerirá implementar los siguientes mecanismos (o grupos de mecanismos):

El primer mecanismo es el flujo del financiamiento. Para esto se va a requerir alimentar el pool funding, el cual puede provenir de bancos multilaterales, agencias de cooperación, fondos de pensiones o recursos fiscales propios. Una vez que los recursos financieros estén disponibles para las IFL’s, sean estas organizaciones de microcrédito, edpymes, cajas rurales, cajas de ahorro o bancos locales, estas IFL’s podrán comenzar a aceptar solicitudes de comunidades urbanas o rurales que no cuenten con estos servicios o que estos se encuentren en muy mala calidad. Para ello, el Estado debería ya contar con una lista de comunidades identificando cual es la situación de la infraestructura de agua potable y saneamiento en cada una de ellas, y si no la tienen, no debería tomarles mucho tiempo elaborarla. En caso los recursos financieros no estén disponibles, las IFL’s podrian facilitar los recursos con cargo a recuperarlos posteriormente del fondo compartido o con cargo a que sean devueltos por el Estado en un plazo razonable y a una tasa de interés competitiva. En otras palabras, las IFL’s podrían también estarle prestando dinero al gobierno. Estas instituciones financieras deberán contar, en cada región donde trabajen, con una lista de proyectistas y ejecutores de proyectos de agua potable y saneamiento con más de diez años de experiencia, quienes además deberán estar limpios en el sistema financiero. Estos proyectistas puede ser profesionales independientes, empresas, ONG’s, o cualquier actor que cumpla con los requisitos. El gobierno firmaría un convenio con cada IFL para proveer las garantías legales, términos y los plazos que correspondan, sin afectar los intereses del Estado. De esta manera se podría asegurar el flujo de los recursos financieros.

El segundo mecanismo es el rol de las comunidades vulnerables. Las comunidades, como primeras interesadas en resolver las dificultades que afrontan, tomarán la iniciativa. Primero, seleccionando al profesional que va a elaborar el expediente técnico y segundo, seleccionado al profesional o entidad que se encargará de ejecutar las obras. En el caso de la selección del profesional que elaborará el expediente técnico, este podrá ser cualquiera que figure en la lista de las IFL’s (la cual es pública) y que sea escogido por la directiva de la comunidad. El Estado a través del Ministerio correspondiente deberá establecer los valores para la elaboración de estos expedientes técnicos en función de las dimensiones y usuarios del proyecto, la distancia a ciudades principales y las condiciones geográficas y climáticas. El profesional seleccionado tendrá un tiempo máximo para responder a la designación de la comunidad, y en caso no responda, la comunidad podrá escoger cualquier otro profesional. Si existe un déficit de profesionales, el gobierno podría autorizar la participación de profesionales de otros países bajo ciertas condiciones o evaluaciones que considere pertinente. En el caso de la selección del profesional, empresa u ONG para la ejecución de las obras, la comunidad a través de su Junta Directiva escoge a la persona jurídica que mejor le parezca para realizar este trabajo. Una vez escogida y en un plazo máximo, esta empresa deberá presentar una oferta de tiempo y precio, es decir, del tiempo máximo que esta empresa tomaría para ejecutar las obras, así como del estimado de recursos financieros que esta empresa necesitaría para implementarlas. Esta propuesta se hace pública por un periodo de 30 días, dentro del cual cualquier otra empresa puede presentar una contraoferta. Luego de este período de 30 días, los representantes de la comunidad y la IFL validan la oferta más conveniente, confirman su selección y pasan a la firma del contrato correspondiente. Aquí, las ONG’s podrían tener una ventaja especial si consiguen financiamiento adicional, dado que podrían presentar una oferta (o contraoferta si corresponde) que incluya el financiamiento que han obtenido de donantes (locales o externos), lo cual reduciría el costo de ejecución del proyecto. Igualmente, para este caso, si no existen suficientes profesionales, empresas u ONG’s que puedan ejecutar proyectos, entonces el gobierno podría -bajo ciertas condiciones o evaluaciones que considere pertinente- autorizar a ejecutores de proyectos de otros países.

El tercer mecanismo es la dinamización del mercado. Una oferta limitada y una demanda contraída pueden ocasionar distorsiones o incentivos perversos en el mecanismo de implementación de los proyectos. Por ello, esta propuesta enfatiza una abierta participación de profesionales, empresas y organismos sin fin lucrativo tanto en la elaboración de expedientes técnicos como en la ejecución de las obras, así como un acceso abierto de las comunidades vulnerables para seleccionar a los proveedores de sus servicios. Con esta propuesta se estarían eliminado muchas barreras para la elaboración y ejecución de los proyectos de infraestructura. Se estaría eliminando en primer lugar la elaboración del perfil de proyecto, para pasar de manera directa a la elaboración del expediente técnico. No tiene sentido elaborar un perfil de proyecto de agua potable y saneamiento para justificar que este es efectivamente necesario para la población. El agua potable y el saneamiento no son solamente esenciales para vivir, estos son además un derecho humano fundamental. Por ello, el proceso empieza contratando al profesional responsable para elaborar directamente el expediente técnico con su correspondiente memoria descriptiva. Tampoco, se pide que los profesionales estén registrados en el Registro de proveedores del Estado. El hecho que no estén bloqueados en el sistema financiero es más que suficiente. No hay razón por la cual haya que dudar de la capacidad de profesionales con experiencia que no contratan con el gobierno. Igualmente, los procesos de selección son también más ejecutivos y están orientados a profesionales del mercado local lo cual permite una descentralización mas efectiva de los recursos y se evita que el circulante se dirija a zonas donde ya existe una importante concentración de capital, evitando así la inflación y consecuentemente la distorsión de precios.

A través de esta propuesta también se evita que sea el Estado el que genera la asignación presupuestaria o el que paga. Quien paga seria la IFL, luego de un informe de conformidad técnico externo. Este informe puede ser elaborado por un profesional independiente, especialista en seguimiento y evaluación de proyectos del sector saneamiento, que puede ser contratado por el Estado para salvaguardar sus intereses, y quien seria el que haría un seguimiento a la ejecución de los proyectos. Asimismo, se estaría evitando el engorroso proceso de convocatoria y selección de proyectos, que en muchos casos se ha convertido en la madre del cordero llamado corrupción. La propuesta aquí descrita permitiría no solamente eliminar la corrupción, sino también reducir el proceso de proyecto de alrededor de 660 días a aproximadamente 180 días, con la facilidad de poder implementar centenares de proyectos al mismo tiempo.

Imagen: Comparación del proceso de proyecto actual (verde) con el propuesto (azul)

El cuarto mecanismo es el rol más específico del Estado. En el contexto de esta propuesta el Estado tendría un rol menos protagónico en lo que a la ejecución de obras se refiere y su rol se reforzaría en el desarrollo de políticas y en asegurar el cumplimiento de estas, que es probablemente el rol principal que los Ministerios y las Municipalidades deberían asumir, así como minimizar los trade-offs, las externalidades, los costos de transacción y las distorsiones que pudieran aparecer en el mercado. Para que este rol propuesto del Estado funcione, deben establecerse cambios de orden legislativo que permitan los nuevos roles de actores comunitarios, privados, de la sociedad civil y del mismo Estado.

Los riesgos

En toda propuesta existen riesgos, lo importante es que estos sean identificados a tiempo para que se implementen las medidas de mitigación que correspondan. Entre estos tenemos:

  1. Los recursos financieros pueden acabarse antes de tiempo: Para ello es importante que el Estado trabaje permanentemente en alimentar este pool funding, para ello podría incluso constituir una mesa de donantes que aporte y monitoree la disponibilidad y uso de estos recursos.
  2. Las IFL pueden favorecer solo a sus amigos o conocidos: El Estado debe establecer sanciones en caso las IFL cometan irregularidades, incluyendo multas o anulación de autorizaciones para ejercer como organismo financiero.
  3. Puede haber pocos proveedores de ejecución de proyectos: Para ello es importante liberalizar el mercado de la oferta y eliminar las barreras que impidan su desempeño.
  4. La comunidad puede estar localizada en una zona arqueológica, en una zona ecológica frágil, en la cabecera de una cuenca o una fuente de agua, o puede tener una singularidad muy compleja. En el caso que una comunidad esté asentada en una zona arqueológica, lo mejor sería relocalizar a la comunidad, o esperar a que los estudios y excavaciones arqueológicas se hayan realizado, lo que podría demorar mucho tiempo. El Estado deberá establecer los mecanismos y condiciones de relocalización de asentamientos humanos, (urbanos o rurales) ubicados en zonas arqueológicas. En el caso de comunidades ubicadas en zonas ecológicas frágiles, en una cabecera de cuenca o sobre una fuente de agua importante, la comunidad deberá adoptar un mecanismo de gestión que permita el desarrollo del proyecto de agua potable y el saneamiento, y al mismo tiempo la protección y conservación de esta zona ambientalmente sensible, tal y como el enfoque de Gobernanza y Saneamiento Sostenible (GOSSA, por sus siglas en inglés), desarrollado por el Secretariado Internacional del Agua, con sede en Montreal (www.sie-see.org) y que combina el ordenamiento territorial con la gestión del agua y el ambiente, así como de la infraestructura de agua potable y saneamiento, asegurando la coherencia en la gestión de estos aspectos.
  5. Consolidación de la desigualdad de género o intergeneracional: El flujo de recursos y la consolidación de la autoridad comunitaria podría empoderar más a los lideres tradicionales que mantienen el desbalance social dentro de la comunidad. Por ello, se recomienda que debe establecerse como requisito que las Juntas directivas de las comunidades deban estar formadas al menos en un 50% por mujeres y al menos un 30% de jóvenes de menos de 30 años.
  6. Contratar al contratista más caro: Para evitar esto se sugiere que las ofertas de los potenciales contratistas designados por las comunidades sean publicadas por un periodo de 30 días, para que permitan contraofertas que promuevan la optimización de los costos.
  7. Inflación: Se sugiere que los proyectistas y ejecutores de obra sean locales y de esta manera se evite acumular el circulante en zonas que ya lo concentran. De esta manera se puede paliar el incremento de precios (debido al aumento de personas con mayor nivel adquisitivo) y mitigar la inflación. 
  8. Aumento del precio de materiales: El incremento de la demanda de materiales podría generar el incremento del precio de materiales de construcción. Por ello, es importante que el Estado establezca los mecanismos que permitan que empresas productoras de materiales de construcción de otros países puedan establecerse o vender en el país.
  9. El Estado amenazado: Algunos funcionarios de organismos gubernamentales o de las municipalidades que tradicionalmente ejecutan obras de infraestructura podrían sentirse amenazados y podrían oponerse a esta propuesta. Estas personas podrían ser trabajadores públicos que tendrían temor de perder su empleo o funcionarios públicos que verían amenazados sus ingresos provenientes de la corrupción. Es importante por ello, que se determinen los nuevos roles y funciones tanto a nivel del gobierno central como de los gobiernos subnacionales, para reacomodar a los esforzados y honestos trabajadores públicos.

Conclusiones

Esta propuesta generará numerosos impactos positivos, tanto a nivel del bienestar y salud de las familias, como en la gestión pública y la dinamización del mercado. Sin embargo, es importante mencionar que no habrá agua potable si no hay agua de las fuentes y si las empresas de agua potable y saneamiento no mejoran su calidad, capacidad y reducción de perdidas. Esto implicaría adicionalmente que se implementen de manera generalizada proyectos de siembra y cosecha de agua, recarga del acuífero, gestión del agua no contabilizada, y conservación de las fuentes. Entre los principales cambios positivos de esta propuesta se pueden mencionar los siguientes:

i) Cero corrupción: La eliminación de mecanismos engorrosos e innecesarios permitirá la eliminación de la corrupción, que en un 99% se origina en los procesos de convocatoria y selección de proyectos gerenciados por el Estado. ii) Reducción de la generación y ejecución de proyectos a casi la cuarta parte del tiempo: Al eliminar las barreras que demoran el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento, y sin sacrificar la calidad de la ejecución de estos, y sin promover costos excesivos, estos proyectos pueden ser entregados a las comunidades en casi la cuarta parte del tiempo que toman actualmente. Esto representaría un gran alivio a toda esta población necesitada, y los beneficios económicos y a la salud de las poblaciones vulnerables ser verían mas rápido. iii) Implementación de más proyectos al mismo tiempo: Al abrirse el mercado del agua y el saneamiento, tanto de la oferta como de la demanda, el potencial de elaborar e implementar más proyectos se incrementa. Por lo que se aceleraría también no solo la velocidad, sino también el volumen de ejecución de proyectos. iv) Fortalecimiento de las capacidades reguladoras del Estado: Al liberarse el Estado de tareas de ejecución de obras, este tendrá mayor personal para dedicarse a tareas reguladoras, así como de seguimiento de la elaboración y la ejecución de los proyectos. v) Dinamización del mercado: La dinamización del mercado permitirá una apertura a otros sectores, dinamizando así la economía en general. vi) Eliminación de enfermedades hídricas: La plena implementación de esta propuesta podría eliminar todas las enfermedades hídricas del país en menos de cinco años, quizás mucho menos. Esto significará mayores capacidades productivas de pobladores pobres, reducción de la violencia contra la mujer y una reducción sustancial del gasto Estatal en atención médica. vii) Finalmente, la reducción de las tres cuartas partes del tiempo que actualmente se dedican a la elaboración y ejecución de proyectos de agua y saneamiento tendrá un impacto favorable en la reducción del consumo energético, lo cual tendrá un efecto positivo en la reducción de las emisiones que generan el cambio climático.

Igualmente, el enfoque de esta propuesta puede ser adaptado a otros sectores como el sector Justicia, Ambiente, Transportes, Industrias, etc., lo que podría generar una mayor dinamización de la economía y desarrollo en épocas de incertidumbre sobre el futuro.

Referencias:

CAF. 2019.  Investor presentation, September 2019. https://www.caf.com/media/2244128/investor-presentation-september-2019-vf.pdf

Revisado el 7 junio de 2020

Cosin, Carlos. 2019. The evolution of rates in desalination (Part I). Available at: https://smartwatermagazine.com/blogs/carlos-cosin/evolution-rates-desalination-part-i Revisado el 7 junio de 2020

EIB. 2020. EIB confirms €3 billion of new investment across Africa in 2019. Available on https://www.eib.org/en/press/all/2020-066-eib-confirms-eur-3-billion-of-new-investment-across-africa-in-2019 Revisado el 7 junio de 2020

World Bank. 2019. World Bank Group Financing to Address Development Challenges Reached Nearly $60 billion in Fiscal Year 2019. Available on https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/07/11/world-bank-group-financing-development-challenges-60-billion-fiscal-year-2019 Revisado el 7 junio de 2020

(*) Coordinador de Programas del International Secretariat for Water, Montréal, Canada