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Policías cobran coimas a capos de minería ilegal y contrabando en frontera Perú-Ecuador

Unos informes de inteligencia divulgados este viernes por Hildebrandt en sus trece revelan un nuevo caso de corrupción que implica a la Policía Nacional (PNP) en sobornos solicitados por los líderes de la minería ilegal y el contrabando que operan en la frontera entre Perú y Ecuador.

La revista citó inicialmente un informe enviado en enero pasado por el coronel José Alfaro, jefe de la oficina regional de inteligencia de Piura, quien identificó a oficiales y suboficiales destacados en los puestos fronterizos que actúan como parte del crimen organizado.

La carpeta fue entregada al despacho del general Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura. Según la revista, que cita fuentes de la Inspectoría de la PNP, Farías ordenó al coronel que, para futuras operaciones, informara con anticipación sobre las investigaciones y las comisiones en las que participarían los agentes. Al mes siguiente, lo trasladó a la Policía Comunitaria.

La decisión, aparentemente deliberada, estuvo relacionada con una documentación de la División de Inteligencia que data de septiembre de 2023 y expone que un importante capo del contrabando y la minería ilegal, Sergio Cayrús Silva, operaría en la frontera piurana bajo la protección de funcionarios públicos.

“Se conoce la existencia de una persona de nacionalidad uruguaya que se dedicaría a actividades de minería ilegal (Cayrús) se viene vinculando a delincuentes nacionales y extranjeros para mantener supremacía de las actividades mineras”, se lee en el documento citado por la revista.

El informe también señala que Cayrús operaría en los distritos de Las Lomas y Tambogrande, así como en las ciudades de Chulucanas, Piura y Lima. Este nombre ya es conocido, ya que en 2018, Cuarto Poder reveló un audio en el que este uruguayo afirmaba haber pagado diez mil dólares a un legislador para que lo conectara con el expresidente Alan García, un caso que fue archivado en el Congreso.

“Sergio Cayrús sería un delincuente con antecedentes bajo la protección de oficiales superiores de la PNP, oficiales subalternos de la PNP, suboficiales de la PNP, operadores de justicia y políticos”, continúa el informe. Otros tres informes de noviembre pasado vuelven a mencionarlo junto a otros capos de la minería ilegal en la región norteña.

“Agentes de la PNP estarían cobrando grandes sumas de dinero a personas que se dedican al contrabando en la ciudad de Sullana. Muchos agentes de la PNP estarían bajo el mando del capitán Giancarlo Durán Ávila”, advierten esos documentos que también indican que la Policía de Carreteras “ignora la situación, previa coordinación de cuotas”.

Según el reportaje, un agente puede llegar a cobrar hasta 1,500 soles mensuales en sobornos. La débil presencia del Estado agrava la situación. Por ejemplo, en el puesto fronterizo del centro poblado de Lancones, identificado como “una de las rutas más conocidas para el transporte de contrabando desde Ecuador”, el personal policial “no lleva a cabo operativos como controles de identidad o identificación de vehículos, permitiendo que los autos circulen libremente llenos de productos como combustibles, medicamentos, etc.”.

El equipo del coronel Alfaro también informó que encontró abandonado el puesto fronterizo ‘Las Peñitas’. Ser policía en la frontera piurana se ha vuelto tan lucrativo que hay agentes dispuestos a “comprar” su traslado: según la publicación, al menos cinco miembros del área de Recursos Humanos de la PNP en Piura realizaron “cambios de colocación” de efectivos tras el pago de “dádivas”.
La tarifa oscila entre los 1,000 y 3,000 soles. Uno de los miembros de esta presunta banda de policías sería el suboficial Jaime Cruz Plascencia, un agente que ha sido vinculado a otra mafia dedicada al robo de vehículos y al cobro de cuotas a delincuentes para evitar investigaciones.

Otro involucrado en esta trama es el suboficial Edgar Zapata Estrada, quien habría amenazado de muerte al coronel Alfaro, responsable de haber recopilado toda esta información.