América Latina
Testigos, pruebas y cargos: así sigue la causa contra Alberto Fernández por violencia de género
La pena máxima para los delitos que se le imputan al expresidente es de diez años de prisión.
El proceso judicial contra el expresidente argentino Alberto Fernández, quien es acusado de violencia de género, avanza de manera acelerada y en solo diez días se cambió la carátula de la causa para agravar los delitos que se le imputan. Ya declaró la ex primera dama, Fabiola Yáñez, y se definieron los primeros seis testigos y se solicitaron decenas de medidas de pruebas.
La crisis que sella la debacle política del exmandatario comenzó el pasado 4 de agosto, cuando el diario Clarín reveló que, en el marco de una investigación por presunta corrupción, se habían encontrado chats en los que Yáñez le contaba a la secretaria presidencial, María Cantero, que Fernández la golpeaba. Para demostrarlo, incluyó fotografías que después se filtraron y le dieron la vuelta al mundo.
El escándalo fue inmediato. Dos días después, la ex primera dama denunció penalmente a Fernández por “lesiones leves”, un cargo que tiene una pena máxima de un año de prisión.
Pero luego decidió ampliar las imputaciones y el fiscal Ramiro González acordó que se investigaría al expresidente por los delitos de “lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas”. Si Fernández es encontrado culpable, podría ser condenado hasta a diez años de cárcel.
El fiscal también citó a los primeros testigos. Se trata de Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola Yáñez, quien actualmente vive con ella en España; Daniel Rodríguez, exintendente de la residencia presidencial de Olivos, en donde sucedieron las presuntas agresiones; y Sofía Pacchi, una amiga de la ex primera dama y exempleada de la Secretaría General de la Presidencia, que supuestamente era acosada sexualmente por Fernández.
La lista se completa con la secretaria del expresidente, María Cantero, puesto que Yáñez le contó sobre la violencia que padecía; el extitular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Walter Saavedra, quien la habría atendido cuando fue golpeada; y la periodista Alicia Barros, amiga de la ex primera dama.
¿Complicidad?
Las declaraciones de los testigos serán claves para el devenir de la causa, ya que, si se demuestra que la secretaria del presidente, el médico y el intendente de Olivos sabían que Fernández golpeaba a Yáñez y no hicieron nada, podrían ser imputados por encubrimiento y/o participación.
Además, el caso tiene otra derivación que complica a la exministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, ya que la ex primera dama asegura que le contó sobre la violencia que padecía pero nunca la ayudó, lo que la exfuncionaria ha negado.
Si la Justicia demuestra que, efectivamente, Mazzina no auxilió a Yáñez, será imputada por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública.
En una velocidad inusitada para este tipo de casos, el fiscal también ya solicitó el resguardo de medidas de prueba como las grabaciones de seguridad de la residencia presidencial y las constancias de atención médica que ahí recibió Yáñez.
También pidió el historial clínico de la ex primera dama en las instituciones en las que se atendió por su adicción al alcohol, lo que ella misma ha achacado a las situaciones de violencia que padecía.
Un elemento clave para la investigación será el resultado del peritaje del teléfono personal de Fernández.
Ocaso político
El martes pasado, una semana después de haber interpuesto la denuncia, Yáñez declaró a través de una videoconferencia desde el Consulado argentino en Madrid, España, donde reside junto a su hijo Francisco, fruto de su relación con el mandatario.
Acompañada por su abogada, Mariana Gallego, la ex primera dama brindó testimonio durante cuatro horas y amplió detalles de los supuestos maltratos que recibió de parte de Fernández, que incluían golpes que le generaron lesiones, cachetadas constantes, amenazas y hostigamientos.
El expresidente, en tanto, solo ha ofrecido dos entrevistas en las que ha negado los cargos. Pero los chats entre su secretaria y la ex primera dama, que se han filtrado completos a la prensa, complican su situación judicial.
En el plano político, a sus 65 años, Fernández se quedó solo. La condena social en su contra es unánime e incluye a la gran parte de los dirigentes de su partido, entre ellos su exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, fue obligado a renunciar como presidente del Partido Justicialista.
Antes, la oposición exigió suspender la pensión de privilegio que Fernández recibe y retirarle la custodia oficial; la Universidad de Buenos Aires anunció que ya no daría clases en la Facultad de Derecho porque no se habían inscrito alumnos suficientes en su materia. Y la Universidad de La Rioja, con la que supuestamente trabajaba, negó cualquier vínculo laboral con el exmandatario.
Son las secuelas de uno de los mayores escándalos políticos en la historia de Argentina, y que puede culminar con la imagen inédita de un presidente sentado en el banquillo de los acusados en un juicio por violencia de género.
América Latina
Edmundo González Urrutia dice que firmó documento que acepta reelección del dictador Nicolás Maduro bajo amenaza
Por lo tanto, el opositor venezolano, quien se encuentra exiliado en España, señaló que el texto es nulo.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo este miércoles que firmó un documento, antes de salir de Venezuela, presentado por representantes de la dictadura de Nicolás Maduro bajo la amenaza de que, si no lo hacía, se tendría que “atener a las consecuencias”, una “coacción” que, a su juicio, anula el texto.
En un video difundido a través de sus redes sociales, González Urrutia, quien se encuentra asilado en España, respondió así a la presentación por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, de una carta firmada en la que el opositor acata la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país de validar el fraudulento triunfo de Maduro en las elecciones del 28 de julio.
Edmundo González Urrutia explicó que, mientras estaba resguardado en la residencia del embajador español de Caracas, se le presentó un documento que tenía que firmar para conseguir el salvoconducto que le permitiría salir de Venezuela rumbo al exilio.
En su mensaje, relató que firmó el documento, en medio de “coacción, chantajes y presiones” por parte del presidente de la chavista Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez.
“En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones, en esos momentos consideré que podía ser más útil libre, que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano”, manifestó el opositor.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un viso grave en el consentimiento”, añadió.
Edmundo González Urrutia criticó que la tiranía de Nicolás Maduro “siempre recurre al juego sucio, el chantaje y la manipulación”, al tiempo que prometió que “jamás” traicionará a sus seguidores ni se va “a callar”.
“Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio, la verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló”, sentenció.
#Comunicado a los venezolanos para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela pic.twitter.com/SULvChfo9n
— Edmundo González (@EdmundoGU) September 18, 2024
América Latina
Gobierno de Brasil solicita apoyo internacional para combatir incendios forestales
Los incendios en Brasil se han incrementado debido al cambio climático, por lo que el gobierno ha solicitado apoyo internacional
El mandatario brasileño dijo que la principal causa de los incendios ocurridos en más del 50 % del territorio es la mayor sequía registrada en décadas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este martes con las autoridades del Estado para debatir medidas urgentes y definitivas contra el cambio climático, como solicitar ayuda internacional debido a los incendios que se expanden por el territorio nacional desde hace más de un mes.
Al inicio de la reunión con las autoridades del Parlamento, la Corte Suprema y otros de los principales organismos del Estado brasileño, así como científicos y académicos que estudian el cambio climático, Lula expresó que “la naturaleza resolvió mostrar sus garras y nos dice que o la cuidamos correctamente o no va a soportar tanta falta de responsabilidad”.
El mandatario dijo que la principal causa de los incendios ocurridos en más del 50 por ciento del territorio es la mayor sequía registrada en décadas. Asimismo, explicó las sospechas con respecto a las llamas provocadas con carácter “delictivo”.
“No se puede probar nada”, reconoció Lula, pero también declaró que encuentra anomalías en la situación, el hecho de la aparición de llamas en casi todos los territorios del país no es algo común.
“En Río de Janeiro 20 personas fueron arrestadas por incendiar la vegetación. Estamos aquí firmando un pacto climático con los presidentes de la Cámara, Senado y STF”, añadió el mandatario en la reunión.
América Latina
AMLO promulga polémica reforma al Poder Judicial
El decreto rubricado por el mandatario Andrés López Obrador, ante la presidenta electa Claudia Sheinbaum como testigo de honor, fue publicado de inmediato en el Diario Oficial de México.
México promulgó la polémica reforma constitucional que lo convierte en el primer país del mundo en implantar la elección popular de todos los jueces, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como testigo de honor, firmó el decreto de la reforma judicial, para elegir a los juzgadores por voto popular, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial”, expresó López Obrador en un video desde el Palacio Nacional publicado en redes sociales.
“Esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico -15 de septiembre, Día de la Independencia de México-, se tiene que publicar. Ya fue aprobada en la Cámara de diputados, en la Cámara de senadores y en la mayoría de las legislaturas locales (estatales), como la misma Constitución lo exige”, añadió el presidente horas antes del Grito de Independencia.
Recordó que la Constitución mexicana “también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre de 2024”, expuso y luego firmó el decreto con Sheinbaum como testigo.
El video del mandatario se difundió a la par de la publicación digital en el DOF, que divulgó las 14 reformas, seis adiciones y tres derogaciones realizadas a 23 artículos de la Constitución, en las que se establece, entre otras disposiciones, la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros.
Expresidente Zedillo: justicia “al servicio de la fuerza política en el poder”
El expresidente de México (1994-2000), Ernesto Zedillo, consideró este domingo que la reforma al Poder Judicial, busca la destrucción de su independencia para ponerlo al servicio de la fuerza política en el poder.
Zedillo fue el encargado de dar el discurso inaugural de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, en inglés) que se llevará a cabo del 15 al 20 de septiembre en la Ciudad de México.
El expresidente avisó al abrir su discurso y critica a la citada reforma que ponía “en pausa” su determinación de 24 años de no hablar de la política interna de México.
Zedillo señaló en su participación que “la frustración del presidente (Andrés Manuel López Obrador) al no contar con una Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”.
El pasado viernes, la reforma al Poder Judicial en México se declaró constitucional en el Congreso mexicano y solo restaba su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigencia.
Declaratoria de constitucionalidad
La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado mexicano y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y hasta este domingo cuenta con el respaldo de 25 legislaturas de 32 estados.
Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.
La acción se dio a la par de los intentos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos 1.200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma recurriendo a instancias nacionales e internacionales.
Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.
También el viernes un juez del estado de Colima, oeste de México, ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la reforma en el DOF, pese a que López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada este domingo, cuando se conmemora en el país el Día de la Independencia.
De acuerdo con el régimen transitorio, el lunes dará inicia el proceso electoral extraordinario 2024-2025, cuya elección se cumplirá el primer domingo de junio de 2025, para elegir a la totalidad de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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