América Latina
Nicaragua despoja de nacionalidad a 135 presos políticos
Nicaragua retiró la nacionalidad y confiscó sus bienes a 135 expresos políticos enviados a Guatemala la semana pasada tras una mediación de Estados Unidos, a los que acusó de atentar contra la soberanía nacional.
Las autoridades judiciales de Nicaragua despojaron este martes (10.09.2024) de la nacionalidad nicaragüense a los 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala el pasado jueves 5 de septiembre, y ordenaron además el decomiso de sus bienes, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por los sandinistas, informó en una nota de prensa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución judicial “ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Los 135 desnacionalizados también incitaron y promovieron “la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional”, según la sentencia.
La resolución señala que tomaron esa decisión con base en la Constitución Política, Código Penal, La Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y la Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.
Decomisan bienes
En ese orden, la resolución de mérito dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, “a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la población y al país; con lo cual, se hace justicia efectiva a las víctimas de estos delitos”, indicó el Poder Judicial.
“De esta manera, la Sala Penal confirma el compromiso y deber jurídico constitucional de exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos contra nuestra población, y en ese sentido, la decisión de mérito constituye un paso más en dirección al legado de paz, solidaridad, dignidad, justicia, verdad y convivencia pacífica que demanda nuestro pueblo”, concluye la nota.
Estados Unidos anunció el jueves pasado la liberación de 135 “prisioneros políticos injustamente detenidos” en Nicaragua, que fueron acogidos en Guatemala. Ni EE.UU., ni Guatemala, ni Nicaragua han oficializado la lista de los beneficiados.
Entre los excarcelados, enviados a Guatemala y ahora declarados apátridas se encuentran el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.
También 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, por los que abogó Washington.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
América Latina
Autoridad electoral de Colombia abre investigación contra Gustavo Petro por violar topes de gastos en su campaña del 2022
El mandatario izquierdista tildó a esta pesquisa de un intento de “golpe de Estado”.
El Consejo Electoral Nacional (CNE) de Colombia inició este martes una investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro por violar los topes de gastos en su campaña de 2022, pesquisas a las que el mandatario izquierdista tilda de intento “golpe de Estado”.
A Petro “se le endilga la presunta vulneración al límite de gastos” por el equivalente a unos 925.000 dólares, dijo en una conferencia de prensa el presidente del CNE, César Lorduy.
El exguerrillero se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que el CNE puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) para que el presidente sea sometido a un juicio político.
Entre los investigados está Ricardo Roa, gerente de la campaña de Gustavo Petro, y actual jefe de la petrolera estatal Ecopetrol, y su tesorera.
También figuran dirigentes de Colombia Humana y Unión Patriótica, los principales movimientos políticos de izquierda en el país.
Desde que iniciaron las averiguaciones sobre estas presuntas irregularidades, Petro insiste en que la autoridad electoral está siendo utilizada para derrocarlo. “Ha comenzado el golpe de Estado”, escribió inmediatamente en la red social X.
Las sospechas por las presuntas violaciones a los topes establecidos por la ley crecieron en julio del año pasado, cuando el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, reconoció ante la Fiscalía que recibió dinero de un capo narcotraficante y lo utilizó en algunos eventos de campaña en la costa Caribe.
En específico, el hijo del gobernante colombiano dijo que dinero de un capo narcotraficante conocido como “el hombre Marlboro” entró a la campaña de su padre.
La confesión fue hecha en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, por la que el hijo del presidente cafetero fue detenido en julio de 2023. No obstante, Nicolás Petro aseveró que su progenitor no conocía de estos movimientos de dinero.
Sumado a ello, en junio de 2023, se filtraron una serie de audios de conversaciones telefónicas de su embajador ante la FAO y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, con su mano derecha, Laura Sarabia, en los cuales este amenazaba con “contar la verdad” de supuestas anomalías realizadas para conseguir votos en la región Caribe.
América Latina
México: Asesinan y decapitan al alcalde de una ciudad en Guerrero
El fallecimiento del jefe municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, se produjo días después de que tomara posesión de su cargo
El alcalde de la ciudad mexicana de Chilpancingo, del estado de Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado este domingo, a seis días de haber tomado posesión de su cargo, informó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.
“Han asesinado a nuestro alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y hace apenas tres días al secretario de este mismo Ayuntamiento, Francisco Tapia”, escribió el dirigente de la organización política en sus redes sociales. “Nuestro pésame y solidaridad para sus familias. Dada la situación de ingobernabilidad en Guerrero, estaremos pidiendo a la Fiscalía General de México que atraiga las investigaciones de ambos asesinatos”, agregó.
En 2024, Alejandro Arcos Catalán decidió postularse para la presidencia municipal de Chilpancingo con el respaldo de la alianza del Partido Acción Nacional, (PAN), el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), elección que ganó el 2 de junio.
Así, el 1 de octubre, asumió su cargo como sucesor de Norma Otilia Hernández Martínez. Sin embargo, seis días después, el alcalde fue asesinado en la colonia Villa Roble, donde, según reportes, fue encontrado su cadáver en una camioneta abandonada.
Algunos medios e imágenes del lugar de los hechos también indican que el cuerpo de Arcos fue decapitado.
Alejandro Arcos Catalán nació el 12 de febrero de 1981 en Chilpancingo, Guerrero. En 1994 trabajó al frente de grupos vulnerables y, cinco años más tarde, fungió como coordinador de eventos juveniles en el Gobierno estatal de Guerrero. A lo largo de su trayectoria política, se encargó de promover iniciativas de ley para apoyar a mujeres jefas de familia y madres solteras.
América Latina
Edmundo González Urrutia dice que viajará el 10 enero a Venezuela para tomar posesión como presidente
González Urrutia expresó esa intención en una conferencia de prensa, donde subrayó que su estancia en España es temporal.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia aseguró este viernes que el próximo 10 de enero estará de regreso en su país para tomar posesión como presidente.
González Urrutia manifestó esa intención en una conferencia de prensa, donde subrayó que su estancia en España es temporal.
“Yo voy a ir el 10 de enero a tomar posesión de mi cargo como presidente electo de Venezuela”, remarcó el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en el país caribeño.
Edmundo González Urrutia, quien llegó a Madrid a principios de septiembre para pedir asilo tras denunciar el fraude electoral en Venezuela, explicó que tuvo que abandonar su nación ante una persecución política con “presiones inenarrables y amenazas extremas” a él y a su familia.
Recordemos que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, sostiene que el dictador Nicolás Maduro ganó los comicios, a pesar de que no ha publicado las actas electorales.
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