El juez Alexandre de Moraes ordenó transferir al Estado la suma bloqueada en cuentas de X y de Starlink para el pago de multas.

Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó la transferencia al Estado de unos 3,3 millones de dólares de empresas del magnate Elon Musk para el pago de multas incurridas por su red social X, suspendida del país, se informó el viernes (13.09.2024).

El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, “determinó la transferencia para las arcas de la Unión de 18,35 millones de reales (3,3 millones de dólares) bloqueados en cuentas” de X y de la firma de internet satelital Starlink, ambas de Musk, informó la corte en una breve nota. La decisión fue firmada el miércoles, agregó.

Moraes ordenó el bloqueo de la antigua Twitter el 30 de agosto, al acusarla de desestimar las medidas de las cortes brasileñas de suspender cuentas acusadas de desinformación y negarse a nombrar a un representante legal en Brasil.

Bloqueos tras incumplimiento judicial

El juez congeló recursos de X y de Starlink, que opera en Brasil desde 2022, en especial en comunidades alejadas de la Amazonía, para garantizar el pago de multas impuestas a X por sus incumplimientos judiciales.

Los brasileños ya no pueden acceder a la red X, que tenía 22 millones de usuarios en el mayor país de América Latina, y quienes intenten burlar el bloqueo usando “subterfugios tecnológicos”, como redes privadas virtuales (VPN), se exponen a multas equivalentes a unos 9.000 dólares.

La decisión ha atizado el debate sobre libertad de expresión y los límites de las redes sociales dentro y fuera del país suramericano.

La suspensión de la plataforma fue aplaudida por la izquierda liderada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y criticada por la oposición derechista. El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro llamó a Moraes “dictador”.

El canciller colombiano recibió de Bolivia la presidencia del mecanismo subregional durante el LVI Consejo Andino de Ministros

Este martes, Colombia asumió la presidencia “pro tempore” 2024-2025 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) durante una reunión en Perú de cancilleres y otros altos funcionarios de los países que conforman ese bloque.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, recibió de Bolivia la presidencia del mecanismo subregional durante el LVI Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunido de forma ampliada. Durante su intervención, se refirió a la necesidad de cerrar las brechas de la desigualdad, impulsar una agenda social, abordar temas de migración, mitigación de efectos del cambio climático y garantizar la paz en la subregión.

Los países miembros de este bloque son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; mientras que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay son asociados; y España, Marruecos, Turquía, Grecia y Panamá, observadores.

Nicaragua retiró la nacionalidad y confiscó sus bienes a 135 expresos políticos enviados a Guatemala la semana pasada tras una mediación de Estados Unidos, a los que acusó de atentar contra la soberanía nacional.

Las autoridades judiciales de Nicaragua despojaron este martes (10.09.2024) de la nacionalidad nicaragüense a los 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala el pasado jueves 5 de septiembre, y ordenaron además el decomiso de sus bienes, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por los sandinistas, informó en una nota de prensa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución judicial “ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”.

Los 135 desnacionalizados también incitaron y promovieron “la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional”, según la sentencia.

La resolución señala que tomaron esa decisión con base en la Constitución Política, Código Penal, La Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y la Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.

Decomisan bienes

En ese orden, la resolución de mérito dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, “a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la población y al país; con lo cual, se hace justicia efectiva a las víctimas de estos delitos”, indicó el Poder Judicial.

“De esta manera, la Sala Penal confirma el compromiso y deber jurídico constitucional de exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos contra nuestra población, y en ese sentido, la decisión de mérito constituye un paso más en dirección al legado de paz, solidaridad, dignidad, justicia, verdad y convivencia pacífica que demanda nuestro pueblo”, concluye la nota.

Estados Unidos anunció el jueves pasado la liberación de 135 “prisioneros políticos injustamente detenidos” en Nicaragua, que fueron acogidos en Guatemala. Ni EE.UU., ni Guatemala, ni Nicaragua han oficializado la lista de los beneficiados.

Entre los excarcelados, enviados a Guatemala y ahora declarados apátridas se encuentran el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.

También 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, por los que abogó Washington.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.