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Crisis migratoria en frontera con México trastoca al gobierno de Biden

En las últimas semanas, la policía fronteriza dio cuenta de unos 10.000 cruces por día, un ritmo más intenso que en los meses anteriores

La llegada de miles de migrantes procedentes de México cada día coloca bajo presión a los estados y la policía federal de fronteras de Estados Unidos, una crisis que exponen a la administración del demócrata Joe Biden a fuertes ataques de sus adversarios republicanos. 
 
En las últimas semanas, la policía fronteriza dio cuenta de unos 10.000 cruces por día, un ritmo más intenso que en los meses anteriores. Más de 2,4 millones de migrantes fueron interceptados por vía terrestre entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, un flujo también superior respecto a años anteriores. 
 
Desde el martes último las vías del ferrocarril en los puentes Eagle Pass y El Paso, en Texas, están cerradas debido a un “resurgimiento” de ingresos ilegales de migrantes en trenes de carga. En Eagle Pass, los cruces de vehículos han sido nuevamente suspendidos desde principios de mes, igual que en un punto de cruce en Arizona y otro en California. 
 
La policía fronteriza asegura que está teniendo que redistribuir su personal para concentrarlo en la interceptación y el registro de migrantes. Tras acusar al presidente Biden de “inacción deliberada” frente a la situación, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó el lunes una controvertida ley que penaliza los ingresos clandestinos en su estado. 
 
Este declarado partidario de Donald Trump firmó simbólicamente esta ley en Brownsville, frente a un tramo del muro fronterizo, un proyecto emblemático del expresidente republicano. La ley crea un “delito penal de ingreso ilegal a Texas desde un país extranjero”, punible con entre seis meses y 20 años de prisión en caso de reincidencia. 
 
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott (I), pronuncia un discurso junto al expresidente Donald Trump, en Edinburg, EEUU, el 19 de noviembre de 2023 Michael Gonzalez El texto, que podría entrar en vigor en marzo, otorga a las autoridades estatales el poder de arrestar a inmigrantes y deportarlos a México, prerrogativas que en principio recaen en las autoridades federales. 
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Al día siguiente, varias organizaciones de derechos humanos, incluida la influyente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda para impugnarlo por inconstitucional.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, a pesar de ser demócrata, también acusó a la administración Biden de “negarse a hacer su trabajo”, responsabilizándola en particular del cierre de un paso fronterizo en su estado. Hobbs anunció el 15 de diciembre el envío de fuerzas de la Guardia Nacional a la frontera.

Las razones de esta reciente afluencia no son tan claras. La policía fronteriza culpa a la “desinformación destilada por los traficantes de personas hacia gente vulnerable”.

Varios inmigrantes entrevistados por la AFP el jueves en Texas hablaron de rumores sobre un cierre inminente de la frontera. “Corrían rumores de que a partir del día 20 ya no dejarían entrar a nadie”, explicó Yurianlis Alexmar Camacho, de 32 años, quien llegó desde Venezuela junto a su marido y sus cuatro hijos.