Adelantan posible investigación en el Congreso por presunto favorecimiento a la “gran banca”.
Liquidación en controversia: para la SBS no hay nada irregular.
La intervención y liquidación de la Financiera TFC por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la posterior devolución de los depósitos a los clientes por el Banco de Crédito (BCP) tras ganar el concurso del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), ha cargado de suspicacias un proceso que para la SBS es impoluto, pero que para la financiera es un intento de favorecer a la “gran banca”, lo que podría ameritar, afirma, una comisión investigadora del Congreso.
TFC ha admitido que atravesaba una situación inestable que solucionaría con un aporte de capital de 60 millones de soles. No llegó a hacerse efectivo. En el camino se decidió la liquidación. El 25 de enero último la financiera denunció a ocho funcionarios de la SBS afirmando que en la intervención y liquidación la entidad hubo excesos que configuran el delito de abuso de autoridad y pánico financiero.
Señalan el notorio contraste con el tratamiento del caso Agrobanco.
De acuerdo a la denuncia, la SBS realizó una visita de campo a la Financiera TFC el 15 de julio de 2019 en el marco de una revisión iniciada el año anterior agregando una lista de 29 deudores a una actualización a setiembre de 2019. El 11 de diciembre, la SBS comunica que al día siguiente debía llevarse a cabo una reunión que no ocurrió. Según la defensa técnica de la financiera, en esa cita TFC haría entrega del levantamiento de las observaciones, pero no pudo hacerlo. Para la SBS este no es un argumento válido.
El Régimen de Intervención tiene como consecuencia la suspensión de las operaciones de la empresa e impedir el inicio de acciones judiciales y la ejecución de resoluciones en contra de la misma. La financiera -según la versión de sus abogados- contaba con un plazo de 5 días hábiles para absolver los cuestionamientos, pero la cita de entrega de las observaciones sirvió solamente para que la SBS entregara la notificación de la resolución de intervención.
La situación, siempre en versión de la defensa, se agrava cuando en la misma fecha y con apenas minutos de diferencia, la SBS notifica la disolución y liquidación, pasando por alto que la Ley de Bancos establece un plazo de 45 días para ejecutar una intervención. Este hecho constituye para TFC un caso de abuso de autoridad. TFC cuestiona la celeridad con que habría actuado la SBS.
Es notorio el contraste con el caso de Agrobanco, que comprometiera su equilibrio financiero con préstamos a 50 grandes empresas durante la administración de Ollanta Humala. El caso llegó hasta el disuelto Congreso y el 4 de julio de 2018, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para convertir Agrobanco en Mi Agro S.A., iniciativa que generó rechazo en el Parlamento. La propuesta no prosperó. Una fuente de la SBS explicó lacónicamente, sin embargo, que “se trata de dos casos distintos: TFC trabaja con capitales privados, Agrobanco no”.
¿Por qué a una se le interviene y liquida con prisa mientras a la otra, con una deuda gigantesca, se le da prerrogativas y el Estado acude al rescate con dinero de todos los peruanos?
La versión de la SBS asegura que existía en TFC “un déficit patrimonial producto de la inadecuada gestión crediticia de la cartera minorista”, que el patrimonio efectivo de la financiera cayó de S/ 113 millones a S/ 37, es decir, una reducción superior al 70 por ciento, lo que sustentaba los causales de intervención. La SBS desmiente cualquier favorecimiento a la gran banca. Considera que se trata de una “audaz teoría de la conspiración que carece de sustento”.
Los argumentos de una y otra parte han llegado al Congreso, donde el representante José Vega (UPP) propone la creación de una comisión para ahondar en detalles. “Debemos llegar al fondo para saber si existe alguna pretensión de favorecimiento a ciertas financieras o bancos. Seguramente de eso se va a encargar la comisión de Economía, en la que nosotros (UPP) participaremos”, expresó el flamante parlamentario.
LA DENUNCIA DE TFC
La denuncia incluye a la Superintendente Socorro Heysen Zegarra, a Jorge Mogrovejo Gonzales, Superintendente Adjunto; a Patricia Salas Cortes, Intendente General de Banca, y el Superintendente Adjunto José Alberto Kanashiro. También han sido denunciados Sara Milagros Guerrero Che, del área de Gestión de Negocios; Milagros Rivadeneyra Baca, Intendente del Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales; el jefe de Visita Liquidadora, Carlos Quiroz Montalvo y, por último, la liquidadora María de los Ángeles Martin Cueva.
(Fuente: Expreso)
