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Medicamentos genéricos: Ley pone en riesgo a miles de pequeñas farmacias del país

Especialistas consultados por Altavoz cuestionan que ambos poderes del Estado hayan recurrido a una ley “populista”, que obliga a expender 434 medicamentos genéricos y contar con un stock de 30% de los mismos en las farmacias y boticas, lo que evidencia que el Estado le está transfiriendo al sector privado y a los propios pacientes su responsabilidad respecto al suministro de medicinas.

El Gobierno promulgó el pasado domingo 19 de mayo la autógrafa de ley que “garantiza y promueve el acceso y uso de medicamentos genéricos en el país”, y aunque para los legisladores y el Ejecutivo se trata de una norma que beneficiará a los pacientes, los agentes económicos vinculados a este sector lo cuestionan duramente.

La norma fue debatida en la Comisión de Salud y en la de Defensa del Consumidor, esta última presidida por el congresista Wilson Soto. Fue aprobada en la sesión plenaria del Congreso el pasado 9 de mayo con 97 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

La Ley 32033 establece la obligatoriedad de las farmacias y boticas de contar en sus establecimientos un listado de 434 medicamentos genéricos aprobados por el Ministerio de Salud. Además, deberán mantener un stock mínimo del 30% de los mismos para la venta al público. También aplica sanciones de S/ 10.000 para quienes incumplan con la norma.

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La promulgación fue el pasado 19 de mayo, en el salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, con presencia de la presidenta Dina Boluarte, quien dijo: “Esta ley reafirma nuestro compromiso con la salud y el bienestar de los peruanos, sobre todo con la población más vulnerable”.

Dina Boluarte: “Esta ley reafirma nuestro compromiso con la salud y el bienestar de los peruanos, sobre todo con la población más vulnerable”.

Tras la publicación de la Ley 32033, el ministro de Salud, César Vásquez, le echó flores al Congreso y sostuvo que la aprobación por mayoría es un ejemplo del trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo en favor de la población.

“Hoy podemos decirle al país que está garantizado el acceso de medicamentos genéricos bajo la denominación común internacional. No puede haber democracia sin salud. Lo tenemos claro en este gobierno. La mejor muestra de poder defender la democracia es buscando el acceso a servicios dignos, mejorando la calidad de servicio y también el acceso a medicamentos”, afirmó.

Sin embargo, expertos consultados por Altavoz, difieren de lo señalado por la mandataria y el ministro respecto a los beneficios esgrimidos en la norma, cuyo proyecto y dictamen fue debatido y aprobado con celeridad.

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Es responsabilidad del Estado

Para la exministra de Salud, Silvia Pessah, no parece ser que la norma mejore el acceso a medicamentos para los pacientes; y por otro lado, dijo que “queda claro que se está transfiriendo al sector privado las funciones de acceso a medicamentos que son netamente responsabilidad del Estado”.

Con ello se demuestra, sostuvo, que no son capaces de gestionar la compra, distribución y entrega de medicamentos que requieren los pacientes, con lo cual se diluye la responsabilidad del Estado.

Lo aprobado no soluciona en nada el problema de medicamentos en el país señaló, por su parte Omar Neyra, doctor en Salud Pública, quien añadió que por el contrario podría crear barreras y mayores problemas como el de generar evasión y un mercado negro de medicamentos.

Incidió que con la norma se distorsiona el mercado farmacéutico y que la lista que obliga expender a las boticas y farmacias (434 medicinas genéricas) es inaplicable.

Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), dijo que la ley es insuficiente para cumplir con el propósito de promover el acceso equitativo a la salud, y por ende, a medicamentos genéricos de calidad.

Advirtió que en la norma no se tomó en cuenta la intercambiabilidad en su elaboración. “Nos sorprende que, de los 434 medicamentos genéricos disponibles, una gran parte no cumple con ser intercambiable; es decir, no pasaron por el proceso que mide su seguridad, calidad y eficacia. “Es preocupante que la intercambiabilidad esté estancada, pues es una deuda pendiente del país con los pacientes peruanos”, afirmó la titular de Alafarpe.

Explicó que mientras el Perú cuenta con solo 93 medicamentos genéricos intercambiables, Chile tiene más de 3.000 y en México es el 100%.

La titular de Alafarpe, recordó que, durante el debate en la comisión de Salud del Congreso, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, manifestaron estar preparadas para que sus laboratorios se integren a la red del Ministerio de Salud y puedan certificar la intercambiabilidad y realizar los estudios necesarios.

“Ley populista y aprobada al guerrazo”

Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), que agrupa a 24.000 establecimientos privados independientes, calificó de “populista” y aprobada al “guerrazo” la ley publicada el pasado 19 de mayo.

“Está mal estructurada y le dieron luz verde en menos de dos meses, sin sustento técnico”, dijo Jiménez, quien consideró que la norma tiene muchos errores, pero lo más sustancial es que “no resuelve el problema de fondo, el que los pacientes tengan acceso a medicamentos sin que metan la mano a su bolsillo”.

Explicó que todos en el Perú de manera directa o indirecta están asegurados, pagan un seguro y que le corresponde al Estado atender a los pacientes con medicinas. Además, hay un presupuesto bien alto para la compra de medicamentos y no sabemos por qué no los compra, anotó.

En línea con lo señalado por Ana María Jiménez, se debe indicar que el Presupuesto de Apertura de Salud de este año asciende a S/ 29 mil millones, y a la fecha solo se ejecutó el 33% del mismo, con un aproximado de S/ 10 mil millones.

Además, para la compra de medicamentos se asignó S/ 676 millones para este año, y hasta mayo solo se ejecutó el 18%, unos S/ 197 millones.

No resuelve nada

“Esta ley no resuelve el problema de acceso a medicamentos para los peruanos más vulnerables, los que no tienen plata y que ganan menos de un sueldo mínimo al mes. Y lo vemos en el día a día, cuando vienen a nuestras farmacias porque no encuentran su medicamento en los hospitales y en EsSalud y no tienen para comprar en las farmacias a pesar que una pastillita puede costar 20 o 30 céntimos”, señaló la titular de Aspefar.

Jiménez dijo que la ley promulgada es “un despropósito populista para engañar a la población”. Argumentó que, de ese listado de 434 medicamentos, 80 no tienen registro en el país; es decir, no hay fabricantes en el Perú para esas medicinas. “Son medicamentos que no los tiene ni el Estado y está en el listado para comprarlos nosotros. Además, 50 medicamentos solo lo venden al Estado y no a las farmacias”, explicó.

Anotó que en ese listado también hay medicamentos genéricos que cuestan mucho más que los de marca, por lo que van a obligar a las farmacias del sector privado a abastecerse de medicamentos con altos precios para venderlos más caros a los pacientes. “El acceso no solo es llegar al medicamento sino es que estén al alcance de la población”, sentenció.

Perjuicio a las boticas y farmacias

Para la exministra Silvia Pessah, las boticas y farmacias del sector privado se perjudicarán porque al haber una cuota de venta de medicinas genéricas, se estimula que las farmacias más pequeñas que se ubican sobre todo en las regiones del país, desaparezcan. “Las boticas familiares de distritos alejados, esas van a desaparecer, porque no podrán cumplir los nuevos requerimientos de la norma”, presagió.

“Me temo que se estimulará el mercado negro. Me da la impresión de que vamos por ese lado, no se va pagar impuestos, se va sacar la vuelta a la ley y es lamentable”, dijo la exministra.

Omar Neyra, también señaló que la norma sí afectará a las boticas y farmacias, pero principalmente los pacientes pueden salir perjudicados.

Ana María Jiménez, fue contundente al sostener que más de 24 mil farmacias privadas, familiares, todas mypes, están en riesgo de desaparecer, porque con una multa de más de S/ 10.000 por no cumplir al 100% la norma, los esfumará. “Y si finalmente desaparecemos del mercado, desaparece la oferta para los peruanos que por lo menos pueden adquirir sus medicamentos en las farmacias privadas”, indicó.

“Nos afecta seriamente, nos están arrinconando, nos están quitando nuestras libertades por una ley que no resuelve el problema de fondo. Es arbitraria y abusiva, con un porcentaje que no se va poder cumplir porque nuestros stocks son dinámicos. En cuanto hoy tenga 30% de stock de medicamentos genéricos, con un poquito de venta ese 30% puede convertirse en 25% o menos y con eso ya tendría multa, ya tendría sanción punitiva”, advirtió.

En riesgo el empleo de 100 mil personas

Pero también los perjudicados serán los más de 100 mil trabajadores que dependen directa o indirectamente de las 24 mil boticas y farmacias privadas, porque se pone en riesgo sus empleos. “También tenemos trabajadores, somos emprendimientos familiares, pero en fin qué podemos hacer con este Congreso, con este Gobierno y con esta presidenta”, señaló Jiménez muy contrariada con la decisión de aprobar y promulgar la citada ley.

Jiménez dijo que, pese a que explicaron y advirtieron las consecuencias de la norma, nada les importó a los congresistas, quienes solo tenían apuro de aprobar el dictamen “con un desconocimiento total”, además donde la interpretación de la norma difería en la Comisión de Salud respecto de la que tenía la Comisión de Defensa del Consumidor.

Pero también cuestionó que la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, haya mentido a los emprendedores farmacéuticos porque la legisladora aseguró que todas las farmacias mypes que venden hasta 350 UITs al año iban a estar exoneradas. “Lo dijo en los medios de prensa, lo publicó; sin embargo, cuando aprobaron la ley, solo se exonera a un pequeño segmento de microempresarios que no son ni un 20% del total, son los que recién empiezan y a medida que van haciendo más trabajo, pasan a ser pequeños y todos los pequeños nos hemos quedado expuestos al riesgo de ser depurados por las multas”, anotó.

¿Qué hacer?

La exministra Silvia Pessah señala que, aunque el plazo para que el reglamento salga es de tres meses, muchas veces la demora es de más de 16. Ante la oportunidad de redactar el reglamento, consideró que deben llamar a todas las partes para “adecuar la norma a la nueva realidad y arreglarla en ese sentido”.

“Promover un mercado distinto con mayor competitividad”, es la propuesta de Omar Neyra, quien indicó que se debe asegurar que la industria nacional, los que fabrican los medicamentos genéricos persé en todos los países, tenga mayor fortaleza, pero que la norma aprobada va en contra de ello.

“Se puede avanzar en la solución, posiblemente promoviendo la exoneración del Impuesto a la Renta para quienes tengan exclusividad de genéricos o fabricación de genéricos nacionales, dando un apoyo a las farmacias pequeñas con compras estatales masivas para genéricos”, apuntó.

Sin embargo, consideró que la solución está en que el Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud) y EsSalud compren las medicinas que requieren los pacientes. Pero que mientras no haya gente competente en estas entidades, y con el presupuesto que manejan, todo seguirá igual.

Ana María Jiménez, sostuvo que ahora toca exigir al Ministerio de Salud y a Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas), que los convoquen a formar parte de las mesas de trabajo y que en el reglamento de la norma se busque “aclarar esta ley tan confusa” y fundamentalmente bajar la peligrosidad de desaparición de las pequeñas farmacias y boticas.

También esperan que en la mesa de trabajo se precise la interpretación de la Comisión de Defensa del Consumidor respecto a la exigencia del 30% de stock de medicamentos genéricos delante del ente rector, la Digemid.

“Dependiendo de cómo nos tratan en el reglamento, habría que ver la marcha blanca, el periodo de implementación, sabiendo que son muchos productos y que hay que hacer todo un inventario para ver cómo se cumplirá este porcentaje inaplicable que piden y dependiendo del daño que se genere y de lo que se pueda corregir en el reglamento, estamos viendo la posibilidad de apelar a una demanda de inconstitucionalidad, que es lo que procedería en este caso”, adelantó la presidenta del gremio de pequeñas farmacias y boticas del sector privado.

Ángela Flores, dijo por su parte que, “es fundamental que los pacientes confíen en los medicamentos genéricos”. Y que, si un paciente lo adquiere y no tiene el efecto esperado, acabará gastando más en su recuperación. Por ello, consideró crucial impulsar la educación sobre el consumo de genéricos intercambiables para fomentar la confianza tanto en la población como en el cuerpo médico.