El 20-ago-2025, el gobierno de EEUU, elevó a USD 50 millones la recompensa por capturar a Maduro. En paralelo, la escuadra del Comando Sur se encuentra desplegada frente a las costas venezolanas. Estos despliegues implican costos sumamente elevados, lo que cuestiona su carácter meramente disuasivo. En este contexto, la caída del régimen de Maduro se percibe como un hecho inminente, marcando para él, un punto de no retorno: alea iacta est.
Durante las administraciones de Chávez y Maduro se originó una de las migraciones masivas más significativas de la historia mundial contemporánea. Perú constituye uno de los principales destinos, alberga aproximadamente 2 millones de venezolanos. Este número supera incluso a poblaciones étnicas como los aymaras y excede la población total del departamento de Arequipa.
A lo largo de este proceso, el gobierno venezolano aprovechó para expulsar bandas criminales y otros indeseables, quienes se insertaron en diferentes países receptores, entre ellos, Perú. Diversas cifras y reportes periodísticos respaldan esta afirmación. El impacto negativo ha sido perceptible: el aumento de homicidios y la creciente percepción de inseguridad están vinculados, en parte, a la llegada de estos grupos. No obstante, conviene subrayar que la mayoría de ciudadanos venezolanos en Perú son trabajadores insertados en la Población Económicamente Activa (PEA), quienes sostienen su vida en el país de manera honesta y mediante esfuerzo cotidiano.
Frente a la inminente caída o fuga de Maduro y su cúpula, se proyectan diversos escenarios. En primer lugar, se contempla que el mandatario y sus allegados busquen asilo político en distintos países, lo cual retrasaría su eventual captura. En segundo lugar, existe la posibilidad de que Maduro decida enfrentar militarmente a las fuerzas EEUU, que lo acusan de graves delitos, entre los cuales destacan narcoterrorismo (vinculado al denominado Cártel de los Soles), lavado de activos y terrorismo. En cualquiera de estas alternativas, la resolución será compleja, pues numerosos miembros del régimen se encuentran en la disyuntiva de luchar hasta las últimas consecuencias —con el riesgo de prisión o muerte— o emprender una migración masiva inmediata. Quedarse en un país ocupado, habiendo sido cara visible del régimen derrocado no es alternativa para ningún funcionario de alto nivel. El escenario de migración tiene alta probabilidad en Perú, que alberga una población venezolana significativa y bien conectada en términos de redes migratorias.
Un sector de especial atención lo constituyen los militares y policías venezolanos vinculados al régimen, especialmente en los altos mandos. Resulta improbable que conserven su posición de poder tras la caída de Maduro, lo que los llevaría a abandonar el país. La posibilidad de que su experiencia sea utilizada de manera negativa en los países receptores constituye un riesgo adicional a considerar.
Es previsible que la cantidad de venezolanos en el Perú aumente hasta que se produzca una eventual estabilización política en Venezuela, proceso que, dada su complejidad, no podrá resolverse en el corto plazo. Por ello, las autoridades migratorias y policiales peruanas se encuentran advertidas sobre esta nueva ola migratoria, caracterizada por una mayor claridad respecto a quiénes son los potenciales migrantes.
* General del Ejército del Perú, ex Comandante General del Ejército y ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
