El Congreso ha puesto nuevamente al frente de la Comisión de Energía y Minas a Víctor Cutipa, congresista por Moquegua con un historial marcado por su respaldo a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo); este mecanismo diseñado para facilitar la transición de la minería informal a la formalidad ha sido cuestionado por expertos y autoridades ambientales pues en la práctica, se ha convertido en el refugio legal de miles de operaciones ilegales.
El problema es más que evidente y la pregunta salta por asi sola, ¿cómo alguien que ha defendido leyes que prolongan la permanencia de mineros ilegales en el Reinfo tiene el poder de legislar y fiscalizar sobre el mismo sector?.
Ambientalistas y gremios de la minería formal temen que esto signifique más tiempo, más vacíos legales y más oportunidades para que las mafias de la minería ilegal sigan operando bajo un manto de aparente legalidad.
El que Víctor Cutipa esté en la presidencia de la Comisión de Energía y Minas no es solo un movimiento político; es un síntoma preocupante de cómo los intereses de la minería ilegal parecen haber encontrado asiento en el propio Congreso.
Este no es un simple error de cálculo del legislativo sino la evidencia de que las mafias mineras ya no solo operan en los ríos y selvas del país sino también en las curules que deberían combatirlas.
