El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre la posibilidad de investigar a un presidente en funciones por supuestos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
De esta forma, el TC ordenó que se suspendan las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte en tanto dure su mandato.
En su fallo, los miembros del tribunal aprobaron el informe que elaboró el magistrado Pedro Hernández, donde se resuelve declarar como fundada la mencionada demanda competencial.
Dicha demanda cuestionaba que tanto la Fiscalía y el PJ no estaban respetando el artículo 117 de la Constitución, dado que se le estaba indagando a la mandataria por presuntos delitos no contemplados en este artículo, como en la «desactivación» del EFICCOP, el caso Rolex y las muertes en las protestas sociales tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.
Al darle la razón al Ejecutivo, el máximo intérprete de la Carta Magna ordenó suspender las investigaciones iniciadas en el Ministerio Público contra Boluarte al tratarse de una presidenta «en ejercicio». Asimismo, afirmó que estas pesquisas están «viciadas de incompetencia».
«Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial», indicó el TC.
Por último, anotó que, a partir de esta sentencia, las investigaciones que se realicen a cualquier presidente en funciones deberán de tomar en cuenta las pautas de competencia institucional establecidas; es decir, un mandatario en ejercicio del cargo no puede ser indagado por supuestos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
