La bancada de Renovación Popular ha enviado un oficio a la presidenta Dina Boluarte solicitando el retiro inmediato del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según el partido liderado por Rafael López Aliaga, la permanencia en este organismo representa un obstáculo para la lucha contra la delincuencia, ya que impone restricciones legales y constitucionales que limitan la acción del Estado frente al crimen organizado.
En el documento remitido a la mandataria, Renovación Popular sostiene que la crisis de seguridad y la inestabilidad económica y social del país exigen medidas drásticas sin interferencias externas. “Siendo un clamor de la ciudadanía que sufre diariamente la delincuencia, exigimos con urgencia iniciar los trámites para la denuncia formal del retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, se lee en el oficio.
Este pedido no es el primero en el Congreso. Legisladores de otras bancadas, como María Acuña de Alianza Para el Progreso y Wilson Soto de Acción Popular, también han planteado iniciativas similares. Sin embargo, la decisión de retirarse de la Corte IDH recae únicamente en el Ejecutivo y no en el Parlamento.
Pena de muerte y el Pacto de San José
La discusión sobre la salida del Perú de la Corte IDH se enlaza con otro tema recurrente en el discurso de la presidenta Boluarte: la reimplantación de la pena de muerte. La mandataria ha planteado la posibilidad de aplicar esta medida en casos de violación y asesinato de menores, lo que requeriría denunciar el Pacto de San José y abandonar la jurisdicción de la Corte Interamericana.
A pesar de estos pronunciamientos, hasta el momento el gobierno no ha iniciado formalmente los trámites para modificar el marco legal vigente. Actualmente, la pena capital solo puede aplicarse en casos de traición a la patria en tiempos de guerra.
Posibles consecuencias del retiro de la Corte IDH
El especialista en política internacional Francisco Belaúnde advirtió que un eventual retiro de la Corte IDH no tendría un efecto inmediato, pues el proceso tomaría al menos dos años. Además, cualquier caso en curso o iniciado antes de la salida seguiría su curso hasta su resolución final.
Belaúnde también señaló que esta decisión podría perjudicar la imagen del Perú a nivel internacional, especialmente tras las críticas por la represión durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. “Si el Gobierno decide retirarse, el impacto en la imagen del país será muy negativo. Es una de las peores opciones”, afirmó.
Por ahora, el debate continúa en el ámbito político, con posturas a favor y en contra de un cambio que podría redefinir la relación del Perú con el sistema interamericano de derechos humanos.
