El congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, ha propuesto reducir la mayoría de edad en el Perú a 16 años mediante una reforma constitucional. Según su proyecto, el artículo 30 de la Constitución se modificaría para establecer que “son ciudadanos los peruanos mayores de dieciséis años”, otorgándoles así derechos como el sufragio obligatorio a partir de las elecciones generales de 2026. Adicionalmente, se plantea cambiar el Código Civil para que los adolescentes de esta edad sean considerados con plena capacidad de ejercicio, incluyendo a las personas con discapacidad.
Aunque la propuesta parece sustentarse en el supuesto desarrollo cognitivo de los jóvenes de 16 y 17 años, respaldado según Cerrón por experiencias internacionales en países como Austria y Argentina, surgen serias dudas sobre su viabilidad y pertinencia. En países como Perú, donde la educación cívica enfrenta graves deficiencias y los adolescentes lidian con un sistema educativo en crisis, ¿es prudente delegarles la responsabilidad de elegir a nuestras autoridades?
El argumento de que los jóvenes ya tienen responsabilidades laborales es frágil si se compara con el contexto político, que exige una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y económicas. Si bien es cierto que democratizar la participación es un objetivo noble, resulta cuestionable si se está priorizando realmente el interés nacional o si esta medida responde a intereses políticos de sectores específicos, interesados en captar votos de una población aún vulnerable.
Además, incluir una reforma de esta magnitud mientras el Congreso debate temas urgentes y necesarios para la estabilidad del país parece más una estrategia para desviar la atención que una solución real a los problemas de la juventud peruana. En lugar de reducir la mayoría de edad, sería más sensato fortalecer la educación cívica, incentivar el pensamiento crítico en las escuelas y garantizar que los derechos y responsabilidades de los jóvenes estén acompañados de un respaldo formativo adecuado.
La propuesta de Cerrón no solo abre un debate sobre la madurez de los jóvenes, sino también sobre la responsabilidad de nuestros legisladores al plantear reformas constitucionales. ¿Es esta realmente una medida pensada para mejorar el sistema democrático o un intento más de politizar a un sector poblacional aún en formación?
