Premier Eduardo Arana asegura que denuncias contra Dina Boluarte «no tienen asidero ni futuro procesal»

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, cuestionó los argumentos de las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación contra la mandataria Dina Boluarte. No solo mencionó que carecen de sustento legal y no tienen viabilidad procesal, sino que son parte de un «uso indebido de los mecanismos de justicia» por parte del Ministerio Público.

«Queremos expresar nuestro rechazo total al uso indebido de los mecanismos de la justicia, a la politización de la justicia y de hecho a un indebido tratamiento de los mecanismos procesales en contra de la señora Dina Boluarte. Consideramos que vulneran el debido proceso y representan, sin duda alguna que, desde la más alta esfera de una institución, como es el Ministerio Público, se está utilizando estos mecanismos con el propósito de presentar denuncias que no van a tener y no tienen ni asidero ni tienen un futuro procesal ni constitucional”, mencionó.

Agregó que las demandas formuladas por la fiscal Delia Espinoza ante el Congreso de la República no se ajustan a los parámetros establecidos en la Constitución. Subrayó que la mandataria solo puede ser denunciada por las causales contempladas en el artículo 117 de la Carta Magna, hecho que limita las acusaciones a delitos específicos como traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Parlamento fuera de los supuestos permitidos. «Evidentemente, ninguno de estos casos en los que la Fiscalía de la Nación ha presentado se ajusta, sostuvo.

¿A qué denuncias contra Dina Boluarte se refiere?

Aunque la mandataria cuenta con una larga lista de investigaciones, el origen de las declaraciones del premier se refieren a cinco denuncias presentadas en solo dos días, 15 y 16 de mayo, contra la jefa de Estado. Los hechos que se le imputan son lesiones leves y graves a las víctimas de las protestas que se dieron entre los años 2022 y 2023; colusión agravada al presuntamente favorecer a Víctor Hugo Torres Merino, amigo de su hermano Nicanor Boluarte; presunta comisión de delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos en caso Rolexgate; presunto encubrimiento en favor del prófugo fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón; y omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, en relación con sus intervenciones quirúrgicas.