El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) enfrenta un nuevo revés judicial tras un intento fallido de abandonar el país rumbo a Estados Unidos en la noche del sábado 7 de junio.
El Poder Judicial decidió adelantar para el mediodía de hoy una audiencia clave para determinar si se le impone un impedimento de salida del país, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos relacionado con aportes irregulares durante la campaña presidencial de 2016.
El cambio en el cronograma judicial se produjo luego de que el fiscal provincial Carlos Puma Quispe solicitara con urgencia la reprogramación de la audiencia, originalmente prevista para el lunes 9 de junio. La jueza de investigación preparatoria nacional, Margarita Salcedo, accedió a la solicitud del Ministerio Público, dejando sin efecto su decisión inicial y adelantando la sesión para hoy.
Luego de escuchar ambas partes, la jueza suspendió la sesión e indicó que la decisión se dará a conocer este domingo a las 19:00 horas.
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La investigación en curso señala que Kuczynski habría recibido un aporte no declarado de 100.000 dólares estadounidenses por parte de la empresa CASA, vinculada al denominado “Club de la Construcción”. Este grupo empresarial ha sido señalado en múltiples casos de corrupción en Perú. Según la Fiscalía, el expresidente habría diseñado un esquema para ocultar el origen de estos fondos, recurriendo a prácticas como el “pitufeo”, que consiste en fraccionar depósitos en efectivo para dificultar su rastreo. Además, se acusa a Kuczynski de no haber reportado este ingreso a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que constituye una violación de las normas de financiamiento de campañas políticas.
El caso se enmarca en una serie de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción durante el mandato de Kuczynski, quien asumió la presidencia en 2016 como líder del partido Peruanos por el Kambio. La Fiscalía sostiene que los aportes irregulares habrían sido utilizados para financiar actividades de campaña, lo que podría configurar delitos de lavado de activos y falsedad en la información presentada a las autoridades electorales.
