Durante semanas, un expediente judicial que pocos imaginaban podía tocar directamente a la jefa del Estado ha estado moviéndose en silencio por los pasillos del Poder Judicial, se trata de una demanda laboral que Dina Boluarte interpuso contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), institución donde trabajó desde 2007. En 2021 pidió licencia sin goce de haber para lanzarse al ruedo político, y en abril de 2022 firmó su renuncia.
Nada fuera de lo común… salvo que, tiempo después, reclamó un pago cercano al cuarto de millón de soles por conceptos tan variados como refrigerio, transporte, aguinaldos, uniformes, bonos de cierre e incluso canastas navideñas, así como beneficios sindicales que, paradójicamente, solicitó sin haber formado parte de ningún sindicato.
El Reniec aceptó algunas partidas y rechazó otras, sobre todo aquellas que pretendían cobrar días en los que la entonces funcionaria estuvo con licencia sin sueldo; un fallo judicial le dio la razón parcialmente y el caso comenzó a escalar.
Allí entra en escena el Ministerio de Economía y Finanzas, al que diversas fuentes atribuyeron el interés por acelerar el desembolso, recurriendo a la figura de “ejecución anticipada de sentencia”, mecanismo reservado para situaciones que, al parecer, este litigio no cumplía; el propio MEF admitió en abril del año pasado que fue un error incluir ese pago en la lista priorizada de desembolsos y lo retiró. Un lapsus administrativo que, en cualquier democracia madura, debería levantar preguntas incómodas.
Finalmente, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima dictó que la suma —exactamente S/239,000— no podrá entregarse hasta que se resuelva la casación. En otras palabras, el cheque queda guardado en el cajón, al menos por ahora.
El MEF, por su parte, emitió un comunicado defendiendo su proceder como “estrictamente técnico y legal”, negando presiones externas y proclamando su apego a la transparencia. Todo un ejercicio de retórica institucional que, leído entre líneas, busca borrar la sombra de la duda.
¿Es extraño que una presidenta en ejercicio litigue contra el Estado que dirige para obtener beneficios económicos? No necesariamente, dirán algunos, pues los derechos laborales no prescriben con la banda presidencial, aunque resulta difícil ignorar la tensión simbólica que genera el hecho de que la misma administración que firma sus decretos sea la que, en paralelo, deba pagarle una suma generosa, producto de una batalla judicial que ella misma inició como ciudadana.
La justicia, dicen, es ciega. Sería deseable que, además, sea sorda a los ecos del poder y ajena a la tentación de priorizar lo que por ley debe esperar. Porque, en el fondo, no se trata solo de una cifra o de un expediente: se trata de la confianza en que las reglas son iguales para todos, incluso para quien ocupa el más alto despacho del país.
