En segunda votación, el Pleno del Congreso aprobó con 87 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones el dictamen que unifica los proyectos de ley 2707, 3981, 3992 y otros, renovando después de 16 años el marco normativo integral para la actividad turística con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país.
El dictamen establece que esta ley busca ser una herramienta clave para la protección del patrimonio natural y cultural, así como para promover la inclusión social, la equidad, la competitividad y la sostenibilidad en el sector turismo.
La congresista Noelia Herrera Medina (RP), presidenta de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, destacó que esta nueva Ley General de Turismo representa un avance significativo tras 16 años sin actualización.
“Esta ley es fundamental porque marca el despegue del turismo en nuestro país, fomenta la inversión que genera empleo y permite obtener recursos para cerrar brechas sociales y reducir la pobreza”, afirmó.
Por su parte, la congresista Ruth Luque Ibarra (BDP) señaló que los beneficios tributarios contemplados en la propuesta no compensan adecuadamente las ventajas del turismo, por lo que planteó una cuestión previa para que el dictamen fuera devuelto a comisión, la cual fue desestimada por mayoría.
El legislador Alejandro Muñante Barrios (RP) consideró que esta ley ofrece una alternativa para resolver problemas estructurales del sector turístico en beneficio de las comunidades que dependen de esta actividad.
Asimismo, Héctor Ventura Ángel (FP) solicitó que, en caso de aprobarse la norma, no se excluya a los guías turísticos en el proceso de certificación laboral. “La certificación debe incluir también a los guías oficiales y licenciados en turismo”, puntualizó.
Entre los aspectos más destacados de la nueva normativa está la creación de Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), que generarán un entorno favorable para la inversión y aumentarán la competitividad en los departamentos, cuidando el medio ambiente y las áreas protegidas.
Además, se autoriza que hasta un 5% del Fondo de Compensación Regional (Foncor) pueda destinarse a proyectos de inversión en infraestructura básica para el sector. Para garantizar la formalización, se prohíbe la comercialización y promoción de servicios turísticos en espacios públicos como plazas y parques, buscando proteger a los turistas.
