Política

PJ ratifica en segunda instancia condena contra José Luis Gil por peculado

De acuerdo con la acusación, Gil, en su cargo de exdirector de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, dispuso de manera irregular los servicios de dos efectivos de la Policía, asignados como choferes de su dirección, para fines particulares.

La Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, representada por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo, informó que se logró que se confirme en segunda instancia la sentencia para José Luis Gil Becerra, exdirector de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, por el delito de peculado por utilización.

De acuerdo con la acusación, Gil Becerra, valiéndose de su cargo en el Mininter, dispuso de manera irregular los servicios de dos suboficiales de la Policía Nacional, asignados como choferes de su dirección, para fines particulares.

Con la decisión en segunda instancia del Poder Judicial, quedó consentida la condena para que José Luis cumpla cuatro años de prisión efectiva, convertida a 206 días de prestación de servicios a la comunidad, así como seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y el pago de una reparación civil de S/5000 a favor del Estado y 180 días multa.

La investigación fiscal demostró que, en lugar de cumplir funciones propias de la Digimin, los agentes policiales asignados fueron destinados a tareas particulares en beneficio de la esposa, el hijo menor y la empleada del hogar del sentenciado Gil, bajo una falsa justificación de seguridad.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima desestimó la posición de la defensa, confirmando que no existía justificación válida para la asignación de personal policial a los familiares del condenado para labores privadas y cotidianas. Con ello, ratificó la tesis fiscal de que esta conducta constituyó un uso indebido de recursos públicos, ocasionando un perjuicio económico al Estado.