Pedro Castillo reaparece en el escenario político con una nueva carta desde prisión, acusando a Dina Boluarte de «traición» y justificando el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 como una respuesta al «clamor del pueblo». A dos años de aquel episodio, su mensaje reabre heridas en una sociedad profundamente dividida sobre su legado y la legitimidad de la actual gestión presidencial.
Castillo, recluido en la Base Naval del Callao, cargó contra las instituciones que lo destituyeron y acusó al Congreso, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial de confabularse para apartarlo del poder. Calificó a Boluarte de «usurpadora» y «asesina», señalando las muertes en las protestas posteriores a su destitución, y aseguró que su encarcelamiento responde a una persecución política.
El expresidente reivindicó su decisión de disolver el Congreso en 2022 como un acto legítimo y no como rebelión. Según él, buscaba cerrar un Parlamento «dictatorial» y convocar a una nueva Constitución, un reclamo que, según sus palabras, sigue vigente en el sur del país, donde las manifestaciones se mantienen activas.
El paso de Castillo por la política peruana dejó huellas profundas. Para algunos, encarna la esperanza de los sectores populares excluidos por décadas; para otros, simboliza la incompetencia y el peligroso populismo. Su narrativa de resistencia apela a sus seguidores, quienes lo ven como un líder que no pudo enfrentar a los “poderes fácticos”.
En contraste, Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de Castillo, enfrenta desafíos importantes, como el rechazo de una parte considerable del país y una aprobación que ronda cifras críticas. Si bien ha buscado distanciarse de su excompañero de fórmula, su gestión no ha logrado sofocar las demandas de cambio constitucional ni restaurar la estabilidad política.
La carta de Castillo no solo es un intento de mantenerse relevante en el debate político, sino también un reflejo del clima de polarización que persiste en Perú. Su apelación al «pueblo» y a la comunidad internacional indica que planea seguir siendo una figura en la lucha por las reformas sociales, aunque lo haga desde prisión.
Mientras tanto, Boluarte enfrenta presiones por nuevas investigaciones y la sombra de una vacancia presidencial, lo que pone en evidencia que, a dos años del fallido golpe, el panorama político peruano sigue marcado por la incertidumbre y el conflicto.
