Desde el penal de Barbadillo, el expresidente Ollanta Humala denunció ser víctima de secuestro, pese a que fue condenado a 15 años de cárcel por lavado de activos, y acusó una “violación flagrante al debido proceso” por parte de los jueces responsables de su caso.
Si bien su detención durante la lectura del adelanto del fallo fue declarada inconstitucional, esto no significa que se le libere, pues el hecho fue subsanado al entregarse la sentencia íntegra, tal como informó su propio abogado Wilfredo Pedraza. Sin embargo, ello parecer ser ignorado por el fundador del Partido Nacionalista.
El exmandatario señaló directamente a los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias, a quienes responsabilizó de haber ordenado su detención de forma irregular. Relató que su esposa, Nadine Heredia, tuvo que solicitar asilo debido a lo que calificó como una persecución prolongada por parte de las autoridades judiciales y fiscales. Aseguró que ambos han sido víctimas de procesos que carecen de imparcialidad, impulsados, según indicó, por el objetivo de eliminar adversarios políticos.
«La prisión es solo el corolario de una serie de afectaciones a los derechos y garantías fundamentales de un sistema judicial que NO es ni aparenta ser imparcial. Por ese motivo, afirmo con claridad que me encuentro secuestrado por decisión de poderes que, de facto, manejan el sistema de justicia y que el Estado de derecho y la democracia han muerto en el Perú«, expresó en su columna publicada en La República.
Vale recordar que el golpista Pedro Castillo, vacado exmandatario que afronta prisión preventiva, también se considera víctima. Incluso, en distintas audiencias se ha considerado como «presidente secuestrado».
