El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, confirmó que el embargo de bienes estatales promovido en Luxemburgo por el conglomerado español ACS, presidido por Florentino Pérez, no generará retrasos en la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima. La medida, resultado de un laudo arbitral del CIADI parcialmente favorable a ACS, afecta un monto superior a 315 millones de dólares, aunque su ejecución permanece suspendida mientras avanza la defensa legal del Estado peruano.
Sandoval explicó que la ejecución del laudo arbitral está suspendida, tras la presentación de objeciones formales ante el tribunal ad hoc del CIADI. El Gobierno ha solicitado la anulación parcial del fallo y la paralización de cualquier acción judicial hasta que el proceso concluyera. Según el ministro, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra en coordinación con la Procuraduría del sector y un estudio jurídico internacional para proteger los recursos públicos.
Origen del caso
El conflicto legal con ACS surgió en 2017 por una demanda que alegaba retrasos y sobrecostos contractuales en la obra. El CIADI fijó inicialmente una indemnización de USD 456 millones, de los cuales el Estado ya pagó USD 106 millones. El resto queda en revisión, mientras ACS inició acciones en Luxemburgo para ejecutar parte del laudo, apoyándose en la legislación de esa jurisdicción.
El ministro Sandoval afirmó que el laudo todavía no tiene impacto efectivo sobre bienes del Estado peruano, ya que las sumas reclamadas y adjudicadas permanecen en cuestión hasta que termine el proceso de revisión. Remarcó que el avance de las obras no se detendrá y que la defensa judicial se realiza bajo estricto cumplimiento del Convenio CIADI y las normas internacionales.
La decisión final sobre la anulación del laudo está prevista para octubre de 2025. Hasta entonces, la suspensión de la ejecución permanece en vigor y el desarrollo del Metro de Lima sigue según lo programado.
