El flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, reportó 12 investigaciones fiscales activas en su declaración jurada. Todas las pesquisas, que involucran delitos como abuso de autoridad, negociación incompatible, lavado de activos, encubrimiento personal y tráfico de influencias, están asociadas a su paso por el Ministerio del Interior y sus funciones en el Poder Ejecutivo.
Las primeras cuatro investigaciones datan de 2024 y se centran en presuntas irregularidades administrativas. Entre ellas figura la denuncia por abuso de autoridad en agravio del capitán PNP Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, conocido como el “agente Culebra”, quien señaló que Santiváñez habría impulsado medidas disciplinarias en su contra tras la difusión de audios en los que se sugería protección policial al prófugo Vladimir Cerrón.
Las otras ocho carpetas fiscales se abrieron en los primeros meses de este año. Los cargos en estas investigaciones comprenden presunto lavado de activos, interceptación de comunicaciones, tráfico de influencias, omisión de información y malversación de fondos.
¿Cuáles son los casos?
Una acusación relevante se relaciona con la designación de Anatoly Renán Bedriñana Córdova, excliente del estudio jurídico de Santiváñez, como secretario general del Ministerio del Interior. El titular de Justicia defendió primero al funcionario en procesos judiciales y luego lo incorporó en cargos clave dentro del sector.
El denominado “Caso Cofre”, abierto por la Fiscalía de la Nación, vincula tanto a Boluarte como a Santiváñez por la presunta omisión de denuncia y encubrimiento personal ante la fuga de Vladimir Cerrón. Si bien la investigación a la presidenta quedó suspendida por orden del Tribunal Constitucional, el procedimiento contra el ministro avanza y requiere la intervención del Congreso de la República para cualquier acción sancionatoria, según lo dispuesto por la actual ley orgánica del Ejecutivo.
Otro expediente aborda el presunto tráfico de influencias de Santiváñez en procesos de interés ante el Tribunal Constitucional (TC), donde testigos protegidos y documentos aportados por la fiscalía apuntan a la entrega de 20.000 dólares para influir en la decisión sobre una sentencia.
Procedimientos adicionales en trámite incluyen una acusación de interceptación contra periodistas de un dominical y una presunta negociación indebida respecto a designaciones en agregadurías policiales en el extranjero. La defensa legal de Santiváñez sostiene su inocencia y prepara recursos judiciales para intentar archivar varias causas.
