El reciente nombramiento de Juan Enrique Alcántara Medrano como ministro de Justicia y Derechos Humanos no ha estado exento de polémica. A solo días de jurar en el cargo, ya se han encendido las alertas sobre su idoneidad, debido a una serie de cuestionamientos que lo rodean desde su paso por el Viceministerio de Justicia.
Investigación por negociación incompatible
Uno de los aspectos más delicados es que el propio Alcántara reconoció en su declaración jurada, presentada en mayo de este año, que se encuentra bajo una investigación fiscal por el presunto delito de negociación incompatible. Esta figura penal implica una posible colisión de intereses entre el ejercicio de funciones públicas y beneficios personales o de terceros, lo que pone en entredicho su capacidad para liderar una cartera clave en la lucha contra la corrupción.
La fallida franja informativa en medios privados
Otro punto crítico en su historial fue la controvertida propuesta de imponer una franja informativa obligatoria en los medios de comunicación privados, iniciativa impulsada desde el Ejecutivo cuando él era viceministro. La medida pretendía transmitir mensajes del gobierno en horarios específicos, lo que fue ampliamente interpretado como un intento de control sobre la prensa. La presión pública y la crítica de organismos de derechos humanos obligaron al Ejecutivo a retroceder.
Presunta cercanía con Nicanor Boluarte
A esto se suma su presunta cercanía con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, un personaje cuyo nombre también ha aparecido en investigaciones recientes sobre presunto tráfico de influencias. Aunque no se han mostrado pruebas concretas sobre una relación directa entre Alcántara y los actos investigados, la sospecha persiste y alimenta las dudas sobre su independencia y objetividad.
Un perfil bajo, pero con puntos oscuros
Antes de ocupar cargos de alto nivel en el Ministerio de Justicia, Alcántara fue asesor parlamentario y abogado del Estado, y su perfil ha sido descrito como técnico. Sin embargo, estos antecedentes no han bastado para calmar los cuestionamientos que pesan sobre él desde diversos sectores políticos y de la sociedad civil.
El Ministerio de Justicia es una institución clave para garantizar el Estado de Derecho, y su liderazgo debería estar libre de cualquier sombra de duda. En ese sentido, la presencia de un ministro investigado y cuestionado desde su ingreso al cargo no solo debilita la imagen del gabinete, sino que representa un riesgo para la legitimidad institucional del gobierno.
