La selección y gestión de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) en el Perú debe alinearse con una visión de país que priorice sectores críticos como agua, educación y salud, según el economista, José Luis Guasch.
Entrevistado por Altavoz en Vital, dijo que estos sectores, esenciales para el desarrollo sostenible, no pueden paralizarse y deben responder a los objetivos del gobierno, con un consenso claro en la cartera de proyectos para garantizar su continuidad y legitimidad.
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Guasch, profesor de Economía en la Universidad de California y exJefe del equipo global de expertos del Banco Mundial en APP e infraestructura, recordó que a inicios de 2025, el gobierno anunció una ambiciosa meta de adjudicar 80 APPs entre 2025 y 2026. Sin embargo, consideró que esta cifra es inviable debido a limitaciones institucionales, técnicas y financieras. “El éxito de las APP no debe medirse por la cantidad de proyectos adjudicados, sino por aquellos que entran en operación anualmente, garantizando servicios públicos de calidad”, señaló.
Guasch dijo que para optimizar la gestión de las APP, se recomienda evitar apuestas agresivas que comprometan el equilibrio fiscal y reducir las adendas, modificaciones contractuales que pueden alterar la asignación de riesgos y generar riesgos de corrupción.
Según estudios de José Luis Guasch, un 26% de los casos de corrupción en APPs ocurre en la adjudicación y un 2% en la estructuración, pero las adendas representan un punto crítico, especialmente en la fase de ejecución, operación y mantenimiento.
Con el objetivo de minimizar la discrecionalidad y los riesgos de corrupción, propuso adoptar el método de licitación “pasa o no pasa”, basado en una lista de verificación objetiva. Este enfoque, utilizado en los proyectos IRRSA 2 y 3, permitió adjudicaciones transparentes al evaluar ofertas técnicas con un check list y seleccionar la mejor oferta económica, aunque los problemas surgieron posteriormente por adendas mal gestionadas.
Otro cambio clave, dijo, es la transición del esquema de pagos por avance de obra (PAO) a pagos “por disponibilidad del servicio”, especialmente en APPs cofinanciadas. Este modelo prioriza la calidad y continuidad de los servicios públicos sobre la mera construcción de infraestructura, diferenciándose de las obras públicas tradicionales.
Además sugierió un amplio uso del silencio administrativo para reducir trabas burocráticas y agilizar procesos.
En cuanto a la supervisión, la Contraloría General de la República (CGR) debería enfocarse en resguardar la capacidad financiera del Estado, dejando los aspectos técnicos de ingeniería a los especialistas.
simismo, la interacción transparente entre el Estado y los inversionistas privados durante la estructuración de proyectos, con avances comunicados a la opinión pública y los postores, no es irregular y puede fortalecer la confianza en el proceso.
Finalmente, dijo que la consistencia dinámica de las APP depende de estudios de preinversión sólidos que garanticen no solo infraestructura de calidad, sino también la provisión de servicios públicos eficientes. Cabe indicar que las APP no son solo cemento y acero; son herramientas para mejorar la vida de los ciudadanos.
