El partido Fuerza Popular acusó a la Fiscalía de la Nación de pretender anular a dicha agrupación política de las elecciones generales del 2026, que se llevarán a cabo el 12 de abril del próximo año.
A través de un comunicado, FP expresó su preocupación y rechazo ante la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias que conducen a la «desaparición» de dicha agrupación política.
Además, consideró que es evidente el uso «desproporcionado y político» del Ministerio Público, «abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia».
«Apenas un día después de convocadas las elecciones generales del 2026, se anuncia esta medida que amenaza el pluralismo político y la democracia. No es la primera vez que intentan sacarnos de carrera, pero no deja de ser alarmante que se continúe con este libreto del pasado», expresó el partido naranja.
«Defenderemos nuestra existencia con firmeza, dentro del marco constitucional, en resguardo de la democracia y del derecho ciudadano a elegir libremente, con la convicción de que las elecciones se deben ganar en la cancha, a través del voto y no utilizando herramientas para manipular la voluntad popular», agregó.
Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso iniciar diligencias por la denuncia presentada por una ciudadana que pide declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular por una supuesta «conducta antidemocrática» entre los años 2011 y 2021.
A través de una disposición, Espinoza dictaminó que el Área Especializada de la Fiscalía de la Nación en Denuncias contra Magistrados recabe la información pertinente, en atención a la solicitud presentada por Beatriz Adelo Cano Bernales.
Dicha ciudadana justificó su pedido en que FP recibió supuestamente aportes irregulares en la campaña electoral del 2011 y que la lideresa de dicho partido, Keiko Fujimori, calificó los resultados de la segunda vuelta de las elecciones del 2021 como «ilegítimos».
Asimismo, menciona la sentencia sobre el caso de los ‘Mamanivideos’, que implica a Kenji Fujimori, donde se determinó que el exparlamentario «ofreció aprobar obras públicas a cambio de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, buscando un indulto para su padre».
El objetivo de las diligencias es evaluar si corresponde ejercer o no la facultad prevista en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.
