El Congreso vuelve a ser el centro de atención por motivos poco honorables. Esta vez, se ha destapado la supuesta existencia de una red de prostitución que involucraría a legisladores y trabajadores de la institución, dejando en entredicho, una vez más, la transparencia de su funcionamiento.
Chats filtrados y declaraciones señalan directamente a Jorge Torres Saravia como una de las figuras clave en esta presunta red. La oficina de Recursos Humanos también ha sido cuestionada por las polémicas contrataciones realizadas bajo su gestión, como la de Torres Saravia, quien arrastra denuncias previas, o la de Isabel Cajo, contratada sin cumplir con los requisitos necesarios, pero con un salario superior a los 7 mil soles mensuales.
Por si fuera poco, un reciente informe de la Contraloría General de la República ha detectado irregularidades que habrían generado un perjuicio de más de un millón de soles al Estado. En el centro de esta denuncia se encuentran 18 trabajadores parlamentarios acusados de inscribir ilegalmente a falsas parejas como cónyuges para acceder a beneficios del Seguro EPS.
Estos trabajadores, vinculados a oficinas de comisiones y despachos congresales, habrían registrado a sus «parejas» sin cumplir con los requisitos legales. Según la Contraloría, muchas de las personas inscritas están, en realidad, casadas con terceros. Este fraude habría ocasionado un daño económico al Estado calculado en S/ 1,713,029.03, una cifra que recae directamente sobre los contribuyentes.
Reacciones y rechazo
El exoficial mayor del Congreso, José Eliche, calificó estos hallazgos como graves y urgió una investigación exhaustiva. “Es imprescindible determinar cómo se permitió esta irregularidad, convocar a los responsables y, si corresponde, sancionarlos con severidad”, señaló.
Este nuevo escándalo no solo evidencia el mal manejo de los recursos públicos, sino que alimenta el creciente rechazo ciudadano hacia el Congreso, una institución que ya enfrenta un alto nivel de desaprobación.
En paralelo, el Congreso ha sido cuestionado por incrementar considerablemente su presupuesto para 2025, sumando S/ 600 millones adicionales a los S/ 846.2 millones proyectados inicialmente por el Ejecutivo. Este aumento contrasta con los millonarios beneficios otorgados a congresistas y trabajadores, incluyendo bonos y tarjetas de consumo de alto valor, que no hacen más que indignar a una población que sufre de servicios públicos deficientes.
Impacto social
El descontento hacia el Congreso no se limita a los escándalos financieros. En los últimos meses, legisladores como Alejandro Cavero y Patricia Chirinos han sido blanco de agresiones verbales y físicas en espacios públicos, reflejo del malestar que sus acciones generan en la ciudadanía.
La lista de polémicas parece no tener fin, mientras los peruanos ven cómo las instituciones que deberían representar sus intereses se convierten, una y otra vez, en sinónimo de abuso y desidia.
