José Luna Gálvez, congresista y fundador de Podemos Perú, vuelve al centro de la noticia luego de que la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada lo acusara de liderar una organización criminal dedicada a capturar puestos clave en el sistema electoral y judicial del país. El Ministerio Público solicitó una pena de 22 años y ocho meses de cárcel, bajo las figuras de organización criminal y cohecho activo específico, en el llamado caso ‘Los Gángsters de la Política’.
La acusación va más allá de Luna: abarca a otras 18 personas, incluyendo a su hijo y excongresista José Luna Morales, asesores electorales y exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hay además dos entidades con nombre propio en el expediente: la universidad privada Telesup y el partido Podemos Perú, ambos señalados como piezas en la presunta red.
¿Cómo operaba la red, según la Fiscalía?
La historia empieza en 2014. Luna y sus allegados habrían entregado beneficios económicos, usando fondos de Telesup, para influir en la elección del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El objetivo era claro: reemplazar a Mariano Cucho por Adolfo Castillo, quien —según la acusación— estaría alineado a los intereses del grupo.
Con Castillo en el cargo, el siguiente paso fue copar la ONPE. Varios funcionarios cercanos al grupo, algunos con historial en Telesup, habrían sido designados en posiciones clave para asegurar el control institucional. Esta maniobra habría permitido, finalmente, acelerar y facilitar la inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú, pasando por alto procesos y prácticas fundamentales de transparencia.
El pedido fiscal no se queda solo en prisión para los protagonistas. Luna Morales y el exasesor José Cavassa enfrentan solicitudes de 16 años y cuatro meses de cárcel, mientras Guido Águila y Sergio Noguera, otrora miembros del CNM, podrían recibir hasta 26 años detrás de las rejas. La Fiscalía reclama también multas de entre 200 y 850 días-multa para los involucrados, además de fuertes sanciones económicas: se puso sobre la mesa 500 UIT (S/2,775,000) para Telesup y 250 UIT (S/1,337,500) para el partido.
