El fiscal supremo adjunto William Rabanal Palacios solicitó una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva contra los congresistas Guillermo Rojas (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Guido Bellido (Podemos Perú) por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Ambos son acusados de intentar impedir la declaración de un testigo clave en una investigación por presunta afiliación terrorista.
Además de la pena privativa de libertad, el representante del Ministerio Público (MP) pidió la inhabilitación de los legisladores de izquierda para ejercer cargos públicos por el mismo período, lo que, de confirmarse, los dejaría fuera de la política hasta 2032.
Durante la audiencia de control de acusación realizada el último jueves 29 de mayo, ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, la Fiscalía expuso que Bellido y Bermejo habrían desplegado acciones para disuadir al testigo Bobby Eddy Villarroel Medina -conocido como Sacha-, con el fin de impedir su declaración en una investigación por presunta afiliación a organización terrorista.
La acusación indica que los legisladores «eran los principales interesados para que el testigo no concurra a declarar, pues su entrevista fue lo que motivó el proceso penal por el delito de terrorismo».
De acuerdo con la tesis fiscal, el 21 de septiembre de 2021, el abogado Jhon Kleber Benites Tango, presuntamente en representación de los parlamentarios y del dueño del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, citó a Villarroel en una sauna del distrito de La Victoria, en donde habría hecho el ilegal ofrecimiento.
«A nombre de Cerrón y los congresistas Bermejo y Bellido, le ofreció protección, dinero, asilo político en Venezuela, haciéndole saber de forma intimidante que estaban en el poder y cualquier cosa le podría pasar», manifestó el MP.
La Fiscalía sostiene que los hechos no constituyeron una acción aislada de Benites Tango, sino parte de un «plan conjunto y coordinado en el que intervinieron Guido Bellido y Guillermo Bermejo, entre otras personas», cuyo objetivo era evitar la declaración de Villarroel.
