La fiscal de la nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que modifica la figura de la extinción de dominio y especifica que solo se puede aplicar en casos con sentencia firme por delitos como corrupción y crimen organizado.
El Ministerio Público informó, el último sábado 24 de mayo, de la presentación de esta demanda ante el Tribunal Constitucional (TC), con el objetivo que se declare la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.
Como se recuerda, el pasado 9 de mayo, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que había sido aprobada en el Congreso para delimitar la herramienta de extinción de dominio, a pesar de críticas desde el Ministerio de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público.
Tres días después de su promulgación, la Junta de Fiscales Supremos expresó su «rotundo rechazo», porque, según alertó, «afecta gravemente» la lucha contra los delitos antes mencionados.
En su pronunciamiento, Espinoza manifestó que el Gobierno de Boluarte no había tomado en cuenta las opiniones ni recomendaciones técnicas del MP y otras instituciones.
“Lamentablemente, se ha llegado a establecer con esta nueva ley que la acción de extinción de dominio prescribirá en cinco años, cuando antes era indefinido y aseguraba que patrimonios ilícitos no sigan en manos de personas al margen de la ley», dijo aquella vez.
