La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, consideró como un «error» que el Congreso haya archivado, en última instancia en la Comisión Permanente, el caso ‘Rolex’, donde se le imputó a la presidenta Dina Boluarte la supuesta comisión del delito cohecho pasivo.
«Es un error (que se haya archivado el caso Rolex) porque se está adelantando algo que no corresponde según el procedimiento constitucional. La presidenta todavía está en funciones y no puede ser acusada, pero tampoco se puede archivar», manifestó la titular del Ministerio Público a un medio local.
«Es decir, este trámite para definir si se le acusa o no tiene que hacerse una vez que culmine su mandato, no en este momento. Ha habido un adelanto de opinión, de criterio, que es un error y eso podría ser hasta una falta contra la Constitución», agregó Espinoza.
Consultada sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda las investigaciones contra Boluarte hasta el final de su mandato, la fiscal de la Nación mencionó que las últimas denuncias constitucionales presentadas contra la jefa de Estado tendrían que verse recién en julio del 2026.
«Si ocurre eso, se tendrán que detener las investigaciones que están todavía, porque hay varias carpetas que están abiertas respecto de la señora presidenta. Lo que ya se presentó tiene que, en su momento, definirse cuando culmine su mandato presidencial. A partir de allí se tienen que analizar las denuncias constitucionales», remarcó.
«En este momento es un error que el Congreso esté analizando, decidiendo sobre algunas denuncias constitucionales que fueron presentadas meses anteriores. Eso es un error, no se puede archivar nada en este momento, ni calificar porque eso recién se tiene que hacer cuando culmine su mandato, que es el próximo año», añadió.
Además, Delia Espinoza dijo no sentirse amedrentada ante la posibilidad de ser denunciada por el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En ese sentido, la titular del MP reiteró que su competencia es investigar a los más altos funcionarios, desde la presidenta de la república, congresistas y ministros, y que, según subrayó, lo único que hace es «cumplir con la ley».
